Boletín Oficial de la República Argentina
Medidas para la gestión de obras durante la pandemia
La iniciativa busca facilitar la gestión de obras afectadas por la pandemia, garantizando plazos, pagos justos y mayor transparencia para los contratos estatales
La reciente resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado establece un marco normativo para abordar los plazos de ejecución de obras civiles afectadas por la pandemia. Esta medida busca mitigar el impacto de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria en los contratos de concesión y permisos de uso.
La resolución, que se aplica desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022, determina que no se computarán los plazos establecidos en los contratos relacionados con obras civiles que se vieron afectadas por las medidas de aislamiento. Esto incluye el diferimiento de pagos vinculados a las obras e inversiones a realizar. Según el artículo 1 de la norma, "no se computarán los plazos establecidos en los instrumentos contractuales suscriptos con la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO".
La decisión responde a un análisis de la situación extraordinaria provocada por la pandemia, que generó demoras e incumplimientos en los plazos de ejecución de obras. La Agencia, como órgano rector de la actividad inmobiliaria estatal, busca garantizar la transparencia y la igualdad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La resolución también se enmarca en un contexto más amplio de medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar las consecuencias de la pandemia. La normativa se fundamenta en la Ley N° 27541 y en varios decretos que establecieron la emergencia pública en materia sanitaria. La Agencia ha actuado en consonancia con estas disposiciones, implementando programas de beneficios para concesionarios y permisionarios durante la crisis.
La medida ha sido notificada a diversas direcciones y organismos involucrados en la gestión de bienes del Estado, y se espera que contribuya a una mejor administración de los contratos y a la reactivación de las obras afectadas por la pandemia.
Esta resolución representa un paso hacia la adaptación de las normativas a las circunstancias excepcionales que se han presentado, buscando equilibrar los intereses del Estado y de los contratistas en un contexto de crisis sanitaria.
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