Boletín Oficial de la República Argentina
ANSES revoca beneficio vitalicio a Amado Boudou
La medida, basada en la Ley 24018, responde a su condena por delitos contra la administración pública, destacando la importancia de la ética en la función pública
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha decidido revocar la Asignación Mensual Vitalicia que percibía Amado Boudou, ex Vicepresidente de la Nación, tras su condena por delitos contra la administración pública. Esta medida se fundamenta en la Ley N° 24018, que establece que los beneficios de este tipo son incompatibles con conductas delictivas en el ejercicio de funciones públicas.
La resolución, emitida el 19 de noviembre de 2024, responde a un análisis solicitado por la Secretaría Legal y Técnica de ANSES, que consideró que la condena penal de Boudou, por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, afecta su derecho a recibir dicha asignación. "Un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno justifica la medida adoptada", se argumenta en el documento.
La Ley N° 24018 otorga beneficios a ex Presidentes y Vicepresidentes, siempre que no hayan sido removidos por mal desempeño. Sin embargo, la revocación de Boudou se basa en que su conducta delictiva durante su gestión pública contradice los principios de honor y mérito que sustentan la asignación. La normativa establece que el buen desempeño es un requisito esencial para mantener este tipo de beneficios.
El informe de la Dirección de Trámites Complejos de ANSES concluyó que la naturaleza graciable de la asignación permite su revocación si se comprueba que el beneficiario ha incurrido en delitos que perjudican al Estado. La decisión busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la ética en la función pública y la necesidad de recuperar los valores institucionales.
La revocación de la asignación de Boudou es un paso significativo hacia la restauración de la confianza en las instituciones y la promoción de una cultura de responsabilidad entre los funcionarios públicos. La ANSES ha dejado en claro que no se tolerarán conductas que atenten contra el sistema democrático y que los privilegios deben estar alineados con el comportamiento ético de quienes ocupan altos cargos en la administración pública.
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