Argentina refuerza su lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El gobierno argentino, como miembro pleno del GAFI y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde el año 2000, ha priorizado la identificación y evaluación de sus propios riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Unidad de Información Financiera (UIF) han propuesto mejoras en el cumplimiento técnico de la Recomendación 6 del GAFI, la cual fue instrumentada en Argentina a través de la Ley 26734.

El reciente decreto emitido por el gobierno argentino busca llevar a cabo estas mejoras en el marco normativo e institucional vigente. Entre las principales modificaciones se encuentran las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, la obligación de todos los sujetos obligados ante la UIF de efectuar el congelamiento de los bienes involucrados en operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo y la reducción del plazo para la autorización judicial en casos de necesidad de gastos básicos o extraordinarios.

Estas medidas, según el gobierno, fortalecerán la efectividad del sistema nacional de prevención y combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, se establece la posibilidad de solicitar la cooperación de terceros países a través del Grupo Egmont para llevar a cabo el congelamiento administrativo de bienes de personas o entidades vinculadas al terrorismo, de acuerdo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A través de la creación de un Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), se pretende brindar acceso e intercambio de información para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

Con este nuevo decreto, Argentina demuestra su compromiso por cumplir los estándares internacionales en la lucha contra los delitos financieros y el terrorismo, fortaleciendo su marco legal y promoviendo la cooperación internacional en esta materia.

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