Análisis
Buscan declarar la emergencia nacional en discapacidad
El proyecto propone ampliar derechos y pensiones hasta 2027
Emergencia Nacional en Discapacidad: ¿Qué implica el proyecto que se debate en Diputados?
En un contexto de urgencia para miles de personas con discapacidad, un nuevo proyecto de ley presentado por el diputado Arroyo y otros legisladores propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El dictamen ya fue respaldado por las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto, y podría convertirse en ley en las próximas semanas. La iniciativa busca dar una respuesta estructural a los problemas de acceso a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo y protección social.
🟨 ¿Qué es la Emergencia Nacional en Discapacidad?
El proyecto declara por ley que el país se encuentra en situación de emergencia en materia de discapacidad. Esto obliga al Estado a adoptar "medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole" para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención de la ONU que tiene jerarquía constitucional desde 2014 (Ley 27.044). Según el texto, el objetivo es claro: garantizar "una vida digna, con acceso a salud, rehabilitación, educación, trabajo y protección social".
🟦 ¿A quiénes se considera personas con discapacidad?
Se adopta la definición de la Convención internacional: personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo, que al interactuar con barreras sociales ven limitada su participación plena en igualdad de condiciones.
🟩 Medidas clave que establece el proyecto
El proyecto incluye una batería de medidas concretas y de aplicación inmediata, entre las cuales se destacan:
✅ Financiamiento sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
✅ Apoyo directo a prestadores de servicios de la Ley 24.901, con alivio fiscal, condonaciones y planes de pago.
✅ Actualización urgente de los aranceles adeudados por prestaciones básicas.
✅ Refuerzo presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad y programas médicos.
✅ Incremento del estímulo mensual para trabajadores con discapacidad protegidos por la Ley 26.816.
✅ Participación activa de organizaciones de personas con discapacidad en las políticas públicas.
✅ Acuerdos con el Consejo Federal de Discapacidad para aplicar nuevas acciones.
🟧 Pensión no contributiva con nombre y derechos nuevos
Una de las novedades más importantes es la creación formal de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Esta pensión:
- Se otorga a personas con CUD y sin ingresos mayores a 2 salarios mínimos.
- Cubre el 70% del haber mínimo jubilatorio y es actualizable.
- Es compatible con trabajo formal (hasta cierto ingreso).
- Incluye un programa médico de atención garantizado por ley.
- Puede complementarse con adicionales por invalidez laboral o residencia en zonas desfavorables.
La Agencia Nacional de Discapacidad será el organismo responsable de otorgarla, supervisarla y auditarla.
🟪 Certificado Único de Discapacidad (CUD): más accesible
Se establece que el CUD será el único documento válido en todo el país para acreditar discapacidad. La ANDIS deberá agilizar su otorgamiento y renovación, en formatos accesibles y con perspectiva social, conforme a una visión "multidimensional y dinámica" de la discapacidad.
🟥 Prestadores de servicios: emergencia y compensación
El proyecto también protege a los prestadores de servicios esenciales para personas con discapacidad:
- Declara de interés público nacional sus actividades.
- Ordena una compensación de emergencia financiada por el Tesoro Nacional.
- Obliga a que se igualen los aranceles en todo el país.
- Actualiza el valor de las prestaciones según inflación.
🟦 Un paso hacia la equidad real
"Esta ley no es un privilegio: es el cumplimiento de una deuda social con millones de personas", afirmó uno de los impulsores del proyecto durante el tratamiento en comisiones. Diputados deberá definir si convierte en media sanción esta propuesta que busca garantizar no solo derechos formales, sino también los recursos necesarios para que esos derechos se ejerzan de forma plena y real.
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