Cambios en el Código Penal para regular legítima defensa y orden

El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo propone modificaciones clave en el Código Penal, centradas en fortalecer la legítima defensa y establecer un marco normativo claro para el accionar de las fuerzas de seguridad. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, tras incorporar aportes de diversos sectores legislativos.  

Uno de los ejes principales es la actualización del artículo 34 del Código Penal, que amplía el derecho a la legítima defensa. Según la propuesta, este derecho incluirá situaciones de riesgo a la integridad sexual y eliminará restricciones horarias para defenderse de intrusos en el hogar. Además, se enfatiza que la evaluación de la proporcionalidad debe beneficiar a quien se defiende, reconociendo las decisiones tomadas bajo presión en escenarios de ataque.  

El texto también introduce medidas específicas para las fuerzas de seguridad. Se busca garantizar que los agentes puedan actuar en cumplimiento de su deber sin temor a represalias legales que afecten su carrera o libertad. Gabriela Brouwer de Koning (UCR) destacó que el proyecto “legaliza el accionar de las fuerzas de seguridad mientras se erradican prácticas delictivas dentro de las instituciones”.  

Otro aspecto relevante es el endurecimiento de penas en el artículo 237, que regula el delito de atentado contra la autoridad, subrayando la necesidad de respetar el orden público en un sistema democrático. También se incorpora una limitación explícita: los delincuentes que inicien acciones violentas no podrán demandar por las consecuencias de sus actos ni sus herederos podrán iniciar procesos contra quienes se hayan defendido.  

La propuesta generó posturas contrapuestas. Laura Rodríguez Machado (PRO) valoró el enfoque centrado en las víctimas y la claridad normativa para las fuerzas. En contraste, Martín Soria (UxP) y Christian Castillo (PTS-FIT) cuestionaron el proyecto, argumentando que podría fomentar el “gatillo fácil” y limitar derechos como el de protesta.  

El proyecto plantea un equilibrio entre garantizar el derecho a defenderse y proteger el ejercicio responsable de las fuerzas de seguridad, promoviendo un marco normativo alineado con el estado de derecho.

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