Boletín Oficial de la República Argentina
Cambios pensiones no contributivas: un retorno a la esencia de la ley
La norma busca restablecer requisitos claros y específicos para acceder a pensiones no contributivas, priorizando a quienes realmente no pueden trabajar
El 20 de septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó un decreto que modifica el régimen de pensiones no contributivas por invalidez. Este cambio se enmarca en la Ley Nº 13478 y sus regulaciones, y tiene como objetivo restablecer criterios que aseguren que solo aquellas personas con incapacidades totales y permanentes puedan acceder a este tipo de asistencia económica.
La Ley Nº 13478 permite otorgar pensiones a quienes no cuentan con recursos suficientes y están imposibilitados para trabajar. Sin embargo, los recientes decretos 7/23 y 566/23 habían ampliado los requisitos, permitiendo que personas sin una incapacidad laboral total accedieran a estos beneficios. Esto generó preocupación sobre el uso inadecuado de fondos destinados a quienes realmente los necesitan.
El nuevo decreto deroga las modificaciones anteriores y restablece que para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez, es necesario demostrar una incapacidad total para trabajar y no tener un vínculo laboral formal. La Agencia Nacional de Discapacidad, que opera bajo el Ministerio de Salud, será la encargada de implementar y supervisar estas disposiciones.
El decreto también establece que las pensiones estarán sujetas a revisiones médicas y socioeconómicas, asegurando que se mantenga el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esta medida se aplica tanto a las pensiones ya otorgadas como a las futuras.
El presidente de la Nación, en la presentación del decreto, enfatizó que "una de las premisas del Estado Nacional es lograr la máxima eficiencia en la administración de los recursos públicos". Con este enfoque, se busca mejorar la calidad de vida de quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y se espera que su implementación contribuya a un uso más responsable y efectivo de los recursos destinados a las pensiones por invalidez.
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