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Comisión creada para la reforma integral del Código Penal de Argentina
El Ministerio de Justicia ha creado una Comisión de Trabajo encargada de elaborar un anteproyecto de ley para la reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación. El objetivo es consolidar y sistematizar toda la normativa penal en un único cuerpo normativo, teniendo en cuenta la coherencia interna original y los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional.
El Código Penal de Argentina, sancionado en 1921, ha sufrido múltiples reformas que afectaron su coherencia interna. Además, se han promulgado leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse a dicho Código, afectando la sistematicidad del régimen punitivo. Con el fin de abordar esta problemática, se han creado comisiones y se han adoptado medidas en el pasado, pero sin lograr el objetivo final.
En este contexto, se ha conformado una Comisión de Trabajo, integrada por destacados profesionales con amplia experiencia en el ámbito académico y profesional. Su tarea será elaborar un anteproyecto de ley que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales de derechos humanos y los avances en materia de integración regional.
Los miembros de la Comisión trabajarán ad honorem y podrán contar con el apoyo técnico y administrativo necesario del Ministerio de Justicia. Esta medida busca una adecuada sistematización y ordenamiento de la normativa penal, promoviendo la protección de los derechos humanos y la persecución de delitos como el terrorismo y el narcotráfico.
La creación de esta Comisión refleja el consenso generalizado en la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal en Argentina. Se ha destacado la existencia de valiosos proyectos presentados en los últimos años, los cuales serán considerados en la elaboración del anteproyecto.
La reforma integral del Código Penal de Argentina es fundamental para garantizar un marco legal coherente, acorde a los compromisos internacionales asumidos por el país. Asimismo, busca facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas para enfrentar modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada.
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