Análisis
Se impulsan penas más severas por robo de vehículos
La propuesta eleva sanciones por robos de vehículos y alteración de pruebas
Diputados comenzó a tratar un conjunto de proyectos que introducen modificaciones clave en el Código Penal para enfrentar el robo de vehículos y motovehículos, así como la alteración de escenas de crimen y el incremento de penas para funcionarios públicos. La iniciativa, impulsada por la diputada Patricia María Vásquez (PRO), busca abordar el creciente número de ilícitos cometidos con vehículos.
En su presentación, Vásquez señaló el "obsceno crecimiento" en el robo de motos: “En el 2023 tuvimos 42.333 robos de autos y 50.737 de motos; en el AMBA y la Provincia de Buenos Aires, el 67% de estos robos corresponde a motos”, indicó. La diputada remarcó que el robo de vehículos aumentó un 167% en la última década. "Este año, hubo más de 8.200 episodios de violencia extrema cometidos por delincuentes en moto, resultando en 18 muertes," añadió.
El proyecto de ley propone modificar el artículo 163 del Código Penal, elevando las penas de uno a seis años para casos específicos de hurto de vehículos, como el uso de ganzúas o llaves falsas, y el robo en la vía pública. Las modificaciones al artículo 166 establecen penas de cinco a quince años para el robo de automotores, cables y otros elementos esenciales para servicios públicos, con un mínimo de siete años si el robo interrumpe un servicio.
Además, se introduce el artículo 167 sexies, que impone penas de cuatro a ocho años de prisión para el robo de vehículos motorizados, y el artículo 167 septies aumenta las penas a cinco a diez años cuando el vehículo es desarmado para la venta ilegal de repuestos.
El artículo 277 también se modifica, imponiendo de seis meses a tres años de prisión a quienes encubran delitos sin participación directa. Si el encubrimiento incluye vehículos o sus partes, la pena se eleva a un máximo de diez años. Se incorpora, además, una sanción en la ley 24449 para quienes circulen en motovehículos robados sin documentación adecuada.
“Es una emergencia que afecta la seguridad ciudadana; no es opinable, está pasando cada día, y debemos frenarlo”, concluyó Vásquez. El proyecto ahora avanza en el Poder Legislativo para su posible aprobación.
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