Disolución de CONAMI: fin a un sistema ineficiente

La disolución del Programa de Microcréditos busca corregir ineficiencias en el gasto estatal, en medio de acusaciones de despilfarro y morosidad

El 12 de diciembre de 2024, el presidente firmó un decreto que disuelve el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, junto con la Comisión Nacional de Coordinación y el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito. Esta decisión, argumentada en términos de eficiencia estatal, apunta a corregir problemas de gestión y mal uso de recursos públicos. El programa, creado por la Ley N.º 26.117, pretendía fomentar el acceso al microcrédito y fortalecer instituciones relacionadas. Sin embargo, la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria evidenció que los gastos operativos superaban ampliamente los fondos destinados a su ejecución, con un 42% de morosidad en la cartera activa. Federico Sturzenegger, exfuncionario y economista, expresó en X (ex Twitter) su respaldo a la medida, calificando al programa como “otro de los tantos curros disfrazados de fomento de la economía social”. Según Sturzenegger, desde su creación en 2006, el programa habría costado $469.880 millones en valores actuales, mientras que su cartera activa alcanza apenas $751 millones. “El sistema no estaba hecho para ayudar sino para sostener una amplia red de militancia e intermediarios”, agregó, destacando el sobredimensionamiento del organismo, que destinaba $1.307 millones anuales en personal, 74% más que el valor total de la cartera activa. La disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos (CONAMI) refleja, según el economista, un intento de corregir abusos administrativos. “Estamos cerrando un capítulo más de abusos e ineficiencia. Seguimos trabajando para usar los recursos de manera responsable”, concluyó. El decreto establece la transferencia del personal a situación de disponibilidad y la delegación en el Ministerio de Capital Humano para dictar normas complementarias. Esta medida se enmarca en el contexto de emergencia pública y entra en vigencia inmediatamente tras su publicación.

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