Disuelven fondos fiduciarios para mejorar la transparencia en la gestión pública

El 8 de octubre de 2024, el presidente firmó el Decreto 888/24, disolviendo tres fondos fiduciarios: el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta medida, anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de un posteo en X (ex Twitter), se justifica en la necesidad de avanzar hacia una administración más racional y transparente de los recursos públicos.

Sturzenegger afirmó: “Hoy, por Decreto 888/24, en base a las atribuciones otorgadas por el Art. 5o de la Ley Bases 27.742, el presidente Milei y el ministro Caputo avanzaron en el proceso de ordenamiento de la administración pública mediante el cierre de tres fondos fiduciarios”. 

Los fondos fiduciarios, explicó, presentan características que pueden llevar a una mala administración al tener recursos preasignados y mayor agilidad para contrataciones. Si bien estos elementos pueden ser útiles en emergencias, también pueden distorsionar el uso eficiente de los recursos. "La asignación de recursos para gastos específicos garantiza un mal uso, porque no permite ponderar en cada momento el beneficio de un gasto frente a otros usos más prioritarios", agregó.

Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Fondo Nacional de Emergencias, creado en 2016 para financiar acciones ante catástrofes, nunca llegó a operar debido a la falta de presupuesto. Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar, establecido en 2022 para apoyar a estudiantes, tampoco cumplió su función por la ausencia de recursos.

El tercer fondo disuelto, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, destinado a conservar recursos forestales, mostró deficiencias de gestión y carencia de informes que evidencien el uso efectivo de los fondos, según SIGEN. 

Los objetivos de estos fondos se seguirán impulsando a través del presupuesto nacional, sujeto al control legislativo. El decreto, aprobado con el aval de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, refuerza el compromiso con la eficiencia y transparencia en la administración pública.

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