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Boletín Oficial de la República Argentina

El Gobierno prohíbe los cargos municipales en las facturas de servicios esenciales

11 de septiembre de 2024Boletín Oficial de la República Argentina

El Gobierno exige que las facturas de servicios reflejen solo el costo contratado, buscando que los intendentes asuman la responsabilidad de los impuestos

El Gobierno argentino ha publicado una resolución en el Boletín Oficial que prohíbe a los municipios incluir el cobro de tasas locales en las facturas de servicios de agua, gas y electricidad. Esta medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como objetivo que los intendentes asuman la responsabilidad de los impuestos que cobran.

La resolución, que ya ha generado críticas entre algunos intendentes, se enmarca en un debate más amplio sobre la distribución de recursos entre diferentes jurisdicciones. Caputo, a través de su cuenta en la red social X, enfatizó que las facturas de servicios esenciales deben reflejar únicamente el costo del servicio contratado, excluyendo cualquier cargo adicional que no esté relacionado con el mismo.

Un ejemplo ilustrativo compartido por el ministro muestra una factura de luz de un municipio bonaerense, donde se desglosan dos columnas de costos. La primera incluye el gasto de luz y otros impuestos nacionales, sumando $12.838,19. La segunda columna, que incluye tasas municipales y otros cobros no vinculados al servicio eléctrico, asciende a $11.109,14. A partir de ahora, solo se permitirá que aparezca el monto correspondiente al servicio específico, es decir, los $12.838,19.

La resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, dirigida por Pablo Lavigne, establece que los comprobantes emitidos por proveedores de bienes y servicios deben referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. Además, se exige que las empresas de servicios públicos informen a los usuarios sobre su derecho a reclamar indemnizaciones si se les facturan sumas indebidas.

La normativa refuerza los derechos de los consumidores, garantizando su acceso a información clara y veraz, así como condiciones de trato equitativo. Esta decisión, que busca mejorar la transparencia en la facturación de servicios, se anticipa como un tema de discusión en el ámbito político y social, especialmente entre los intendentes afectados.

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