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Boletín Oficial de la República Argentina

Definen privatización de hidroeléctricas para aumentar competitividad

10 de octubre de 2024Boletín Oficial de la República Argentina

La norma promueve la venta de activos hidroeléctricos para atraer inversión y optimizar la gestión, garantizando un servicio más eficiente

La reciente normativa establece un marco para la privatización de cuatro sociedades hidroeléctricas, buscando optimizar la gestión y operación del sector energético. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, tiene como objetivo la venta del paquete accionario mayoritario de ALICURÁ, CHOCÓN, CERROS COLORADOS y PIEDRA DEL ÁGUILA, actualmente en manos de ENARSA y NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA.

El Decreto N° 718/24, modificado por el reciente decreto, establece que la AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS y la SECRETARÍA DE ENERGÍA deberán coordinar un Concurso Público Nacional e Internacional en un plazo de 180 días. Este concurso buscará atraer inversores del sector privado para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio energético.

El artículo 8 del decreto faculta a la Secretaría de Energía a definir las pautas del concurso, que incluirán aspectos como el esquema de remuneración de los concesionarios y la normativa de manejo de aguas. Además, se autoriza a la Secretaría a gestionar la transferencia de bienes y personal necesarios para el funcionamiento de las sociedades hidroeléctricas.

La privatización se enmarca dentro de la Ley N° 27742, que permite la venta de empresas estatales con el fin de fomentar la competitividad y la inversión en el sector. La AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS jugará un papel clave en la supervisión y ejecución de este proceso, asegurando que se cumplan las normativas vigentes.

El decreto también deroga el Decreto N° 19/24, simplificando así el proceso de privatización. La medida busca no solo mejorar la gestión de las empresas hidroeléctricas, sino también garantizar un suministro energético más eficiente y sostenible.

La implementación de esta normativa se espera que impulse la inversión privada en el sector energético, contribuyendo al desarrollo económico y a la mejora de la infraestructura energética del país.

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