Financiamiento universitario: Senado ratifica la ley

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria había sido aprobada en 2025 por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, con apoyo de casi todos los bloques opositores e incluso sectores dialoguistas. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei decidió vetarla por completo, argumentando que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal y violaría normas presupuestarias vigentes. Pese al veto, tanto el Senado como Diputados insistieron con el proyecto y dejaron sin efecto la decisión presidencial. En la Cámara Alta, la iniciativa obtuvo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. Las tres abstenciones previas del PRO se mantuvieron y se sumó la radical Carolina Losada, que decidió no acompañar ni rechazar la norma.

🟥 ¿Qué busca garantizar la ley?

El artículo 1° declara que su objetivo es “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública” en todo el país. Entre los puntos centrales:

• “Garantizar las condiciones laborales y salariales” de todo el personal universitario.

• Actualizar el presupuesto cada dos meses según el IPC.

• Recomponer salarios por inflación acumulada desde diciembre de 2023.

• Aumentar automáticamente los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano.

• Fortalecer la infraestructura, la investigación y la extensión universitaria.

En la práctica, la ley convierte en obligación legal lo que hoy depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

🟧 ¿Por qué Milei la vetó? Los argumentos oficiales

El decreto presidencial sostuvo que la norma era inviable por razones fiscales, legales y administrativas. Entre los fundamentos principales:

• “Falta de previsión presupuestaria”: no se indicaba cómo financiar el gasto adicional, estimado en más de 811.000 millones de pesos.

• “Riesgo para el equilibrio fiscal”: afectaría el objetivo de déficit cero.

• “Violación de la Ley de Administración Financiera”: incumplía el artículo 38 de la Ley 24.156 al no identificar fuentes de financiamiento.

• “Privilegios salariales”: aumentos automáticos no previstos para el resto del sector público.

• “Problemas técnicos de implementación”.

• “Distribución rígida del presupuesto”, al imponer que el 85% fuese a salarios y el 15% a gastos generales.

🟨 Una ley que sobrevivió al veto: el Congreso marcó posición

Con la insistencia ya confirmada en ambas cámaras, la Ley de Financiamiento Universitario quedó firme pese al rechazo del Poder Ejecutivo. El resultado representa una de las pocas derrotas legislativas directas del Gobierno de Javier Milei, que no logró sostener su veto frente a una mayoría transversal de fuerzas opositoras y dialoguistas. Más allá de su aplicación práctica —que dependerá ahora de cómo responda el Ejecutivo en materia presupuestaria—, la aprobación final dejó un mensaje político claro: el financiamiento de la universidad pública se volvió una bandera que ni el ajuste fiscal pudo doblegar.

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