Inician tratamiento de proyecto que endurece penas a funcionarios

La Cámara de Diputados discute en comisión un proyecto de ley que propone incorporar el artículo 41 sexies al Código Penal, con el fin de aumentar las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su mandato. Esta iniciativa, impulsada por varios diputados, tiene como objetivo "reforzar la efectividad del sistema judicial" y promover una gestión pública más responsable.

La propuesta establece un incremento de un tercio en el mínimo y máximo de la escala penal para delitos cometidos por altos funcionarios, tales como el Presidente, Vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados. Esta medida también aplica a los intentos de delito, asegurando sanciones para acciones delictivas en grado de tentativa.

Para evitar interpretaciones restrictivas, el agravante se aplicará exclusivamente durante el periodo en que el funcionario esté en funciones, sin importar si está activo o inactivo. Esto garantiza que la medida cubra todos los casos posibles y busca prevenir conductas ilegales desde el servicio público.

La iniciativa subraya que los delitos cometidos por funcionarios no solo afectan a la administración pública, sino que también erosionan la confianza ciudadana en el sistema de gobierno. Por ello, el proyecto extiende el incremento de penas a todos los delitos previstos en el Código Penal, no solo a aquellos relacionados con la administración pública.

Inspirado en reformas internacionales que han logrado reducir la corrupción y promover una mayor transparencia gubernamental, el proyecto tiene como propósito mejorar la confianza pública en las instituciones. 

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados inició recientemente el tratamiento de diversos proyectos de reforma del Código Penal. Entre ellos, la diputada Yamila Ruiz (Innovación Federal) destacó que su propuesta busca generar "un gran impacto social y devolver al pueblo la confianza en sus instituciones". El proyecto permitiría a los jueces dictar penas de entre 10 y 33 años para funcionarios que incurran en delitos.

“El objetivo es que los funcionarios enfrenten penas más severas, desalentando cualquier acción delictiva mientras están en funciones”, concluyó la legisladora de Innovación Federal.

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