Eliminan contrataciones discrecionales y privilegios

El Ministerio de Justicia ha emitido una resolución que pone fin a la contratación de personal a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y a los incentivos económicos otorgados a ciertos agentes. Esta medida busca corregir distorsiones salariales y garantizar la igualdad de remuneración entre los empleados del ministerio. En un posteo en X (ex Twitter), Federico Sturzenegger explicó:

"Hoy quiero elaborar sobre la resolución 376/24 del Ministerio de Justicia con firma de @m_cuneolibarona, que es el primer paso para terminar con una de las principales cajas de la política que arrastramos desde el retorno de la democracia. Treinta años después, ACARA tiene más de 2.400 empleados a los que les paga el sueldo en los Ministerios de Justicia y Seguridad, además de premios que en algunos casos superaban el 140% del salario bruto. Esta resolución elimina ese mecanismo absurdo, que costaba a los argentinos más de $15.600 millones por año. ¡Un hurrah para el valiente equipo del Ministerio!"

La medida, que entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2024, instruye el cese de contrataciones de ACARA en el Ministerio de Justicia y sus organismos dependientes, además de eliminar los incentivos salariales. Estas prácticas, vigentes desde la década de 1980, se consideraban un "sistema anormal" que permitió diferencias salariales injustificadas y generó privilegios indebidos, contraviniendo el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea".

El convenio con ACARA, creado en 1987 bajo las Leyes 23.283 y 23.412, permitió a esta entidad privada manejar recursos destinados al pago de salarios y beneficios de empleados públicos, sin una supervisión adecuada. Esta estructura opaca dificultó el monitoreo del uso de fondos y fomentó desigualdades.  La resolución también responde a un fallo de la Corte Suprema que establece que los incentivos otorgados por entes cooperadores tienen carácter remunerativo, lo que ha llevado a numerosos reclamos judiciales. Con esta acción, el Ministerio busca corregir desigualdades históricas, mejorar la transparencia en la gestión pública y ahorrar millones en recursos que serán redirigidos a prioridades del Estado. El ministro Martín Cúneo Libarona, junto con su equipo, recibió elogios por su valentía al abordar una problemática que había perdurado durante décadas. Desde el Ministerio de Desregulación, el subsecretario de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, junto con otras áreas clave, también contribuyó significativamente a esta medida histórica, que pone fin a uno de los mecanismos más polémicos del sector público.

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