🟥 Beneficios y medidas centrales

La ley de emergencia en discapacidad, sancionada en julio de 2025, introduce cambios de fuerte impacto:

• Actualización mensual de aranceles para prestadores de servicios de discapacidad, atados al IPC.

• Creación de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

• Transformación automática de las pensiones por invalidez laboral ya vigentes en esta nueva pensión, con acceso garantizado al Programa Incluir Salud.

• Regularización de las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.

🟧 Impacto esperado

El alcance es masivo: la pensión abarcaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir, alrededor de 1,5 millones de potenciales beneficiarios. Además, se ampliaría el financiamiento a prestadores y se reforzaría la cobertura sanitaria mediante Incluir Salud.

🟨 Cálculo del costo fiscal

El impacto económico es el punto más controvertido.

Según el Gobierno, que justificó el veto presidencial:

• 2025: más de $3 billones (0,36% del PBI).
• 2026: casi $6 billones (0,59% del PBI).
• Solo las nuevas pensiones demandarían $2,1 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026.
• El Programa Incluir Salud sumaría $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026.
• La compensación a prestadores por actualización de aranceles implicaría $278.323 millones en 2025.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC):

• Impacto menor: entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI).
• Si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, el costo caería al rango de 0,26% a 0,46% del PBI.

🟩 Estado parlamentario y político

• La ley fue sancionada en julio de 2025 por unanimidad en el Senado (56 votos).
• En agosto, el presidente Javier Milei la vetó, al advertir que comprometía el equilibrio fiscal y que el Congreso buscaba imponer un “gasto explosivo”.
• En Diputados, la votación para insistir con la ley obtuvo 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones.
• Finalmente, el Senado rechazó el veto con 63 votos positivos, 7 negativos y sin abstenciones, obligando a la promulgación de la norma.

🟦 Próxima batalla: judicialización

El oficialismo ya anticipó que llevará la ley a los tribunales. “Si aún se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, había advertido Milei en la Bolsa de Comercio. El argumento central del Gobierno es que la norma viola la Ley de Administración Financiera, cuyo artículo 38 establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Según la Casa Rosada, el proyecto opositor no lo hace.  En la sesión del Senado, La Libertad Avanza quedó prácticamente sola: solo recibió el apoyo de la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro). Incluso una legisladora oficialista, la jujeña Vilma Bedia, se negó a votar contra la iniciativa. Con Milei en Estados Unidos y Victoria Villarruel a cargo de la presidencia, la sesión fue conducida por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Tras la caída del veto, el oficialismo instruyó a sus equipos legales a preparar la estrategia judicial.

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