Ley de Glaciares: el Senado define cambios clave

El Senado avanzó con el dictamen del proyecto de ley que propone modificar la Ley 26.639, que fija los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, será tratada en el recinto el 10 de febrero, tras un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. El debate dejó en evidencia una discusión de fondo: qué se protege, cómo se define un glaciar y quién toma las decisiones ambientales, en un contexto de expansión minera y transición energética.

🟥 Qué cambia concretamente el proyecto

El proyecto no elimina la Ley de Glaciares, pero modifica artículos clave vinculados a su interpretación, aplicación y control. Entre los principales puntos:

• Redefine el objeto de la ley, estableciendo que la protección se centra en los glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica relevante, es decir, como reservas estratégicas de agua.
• Introduce criterios más precisos para determinar qué áreas quedan alcanzadas por las prohibiciones y cuáles no, especialmente en el ambiente periglacial.
• Refuerza la necesidad de evaluaciones de impacto ambiental específicas, caso por caso, para autorizar actividades en zonas cercanas a glaciares.
• Establece que las autoridades competentes deberán basar sus decisiones en información técnica actualizada, sin que el inventario implique automáticamente una prohibición absoluta.

Desde el oficialismo se argumenta que estos cambios buscan evitar interpretaciones amplias que generaron judicialización y conflictos entre Nación y provincias.

🟧 El Inventario Nacional de Glaciares, en el centro del debate

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es el rol del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA. La iniciativa ratifica su existencia, pero plantea que el inventario debe ser una herramienta técnica de referencia, no un mecanismo automático de restricción de actividades. Pablo E. Villagra, del IANIGLA, recordó que el inventario fue finalizado en 2018, recibió reconocimiento internacional y que “hasta el momento no se detectaron errores significativos”, además de encontrarse en proceso de actualización. Las organizaciones ambientales temen que este cambio reduzca su peso jurídico, mientras que el sector productivo sostiene que el uso actual del inventario excede su finalidad original.

🟨 Las críticas ambientales y constitucionales

Desde FARN, Andrés Nápoli advirtió que el proyecto modifica la ley “por vía de la interpretación”, alterando el espíritu de una norma de presupuestos mínimos. Según su postura, la iniciativa debilita el principio preventivo y el enfoque precautorio. Enrique Viale fue más contundente y calificó el trámite legislativo como “un proceso exprés nunca visto”. Además, sostuvo que el proyecto es “totalmente inconstitucional” y alertó que “todos los glaciares están en peligro”. Greenpeace y otras organizaciones remarcaron que el texto reduce la protección en un contexto de crisis climática y reclamaron mayor participación ciudadana.

🟩 La mirada del sector minero

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) sostuvieron que la ley vigente presenta ambigüedades normativas que generan inseguridad jurídica. Alfredo Vitaller afirmó que acompañan la protección de glaciares “en tanto cumplan su función como reserva de agua”, pero reclamó reglas claras para planificar inversiones de largo plazo. Para el sector, el proyecto no habilita minería sin controles, sino que ordena criterios técnicos y ambientales para evitar prohibiciones generales que, sostienen, no siempre tienen sustento científico.

🟦 Provincias, desarrollo y próxima votación

Los gobernadores de San Juan y Catamarca defendieron una aplicación equilibrada de la norma. Marcelo Orrego planteó la necesidad de una ley de protección mínima que sea ejecutable, mientras que Raúl Jalil subrayó el impacto económico y laboral de la minería, con miles de empleos directos e indirectos en su provincia.  Con dictamen ya firmado, el proyecto quedó listo para su tratamiento en el recinto. La sesión del 10 de febrero definirá si el Congreso avanza hacia una reinterpretación de la Ley de Glaciares o si prosperan las objeciones ambientales y jurídicas.

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