Boletín Oficial de la República Argentina
Extienden la emergencia energética hasta julio de 2025
El Gobierno busca estabilizar el sector energético, garantizar servicios básicos y promover una gestión más eficiente mediante un nuevo ente regulador
El Gobierno Nacional ha decidido prorrogar la emergencia del sector energético hasta el 9 de julio de 2025. Esta medida, formalizada a través del Decreto N° 465/24, responde a la necesidad de asegurar la continuidad en la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
La emergencia fue inicialmente declarada en diciembre de 2023 y se ha extendido debido a la crítica situación económica y social que enfrenta el país. Según el decreto, "resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia" para permitir que los organismos competentes continúen adoptando las medidas necesarias.
El decreto establece que la Secretaría de Energía debe implementar acciones para establecer mecanismos de precios en condiciones de competencia y libre acceso, así como mantener los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión. La entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios, resultado de la revisión tarifaria, no podrá exceder la fecha de prórroga.
Además, se prorroga la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas hasta que se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este nuevo organismo asumirá las funciones de los actuales entes reguladores, buscando una mayor eficiencia en la gestión del sector.
El decreto también contempla la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria, asegurando que se respeten las normativas vigentes sobre audiencias públicas. Asimismo, se invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para garantizar la prestación de servicios en sus jurisdicciones.
Con estas medidas, el Gobierno busca no solo estabilizar el sector energético, sino también promover un uso más eficiente de los recursos y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan. La situación actual exige un enfoque que contemple tanto la sostenibilidad económica como el acceso equitativo a los servicios esenciales.
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