Boletín Oficial de la República Argentina
Prohibición de tratamientos hormonales en menores
El Gobierno estableció que solo los mayores de 18 años podrán acceder a tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género
El Ejecutivo emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Identidad de Género y prohíbe los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de género en personas menores de 18 años. La medida, argumentada en la protección del "interés superior del niño", entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
¿Qué establece el decreto?
El DNU sustituye el artículo 11 de la Ley 26.743, que hasta ahora permitía que menores de edad accedieran a tratamientos hormonales y cirugías de reasignación con autorización judicial y el consentimiento de sus representantes legales. Desde ahora, solo podrán acceder a estos procedimientos quienes tengan 18 años o más, sin necesidad de autorización judicial o administrativa, pero con consentimiento informado.
Los argumentos del Gobierno
La norma se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Según el Ejecutivo, la restricción busca resguardar la integridad física y psíquica de los menores ante posibles efectos irreversibles de los tratamientos. Un informe de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental sostiene que no existen certezas sobre los efectos a largo plazo de las terapias hormonales y advierte que los menores de 18 años no han desarrollado completamente su madurez neurobiológica y psíquica para tomar decisiones de este tipo.
El impacto y las reacciones
La medida generó reacciones inmediatas en distintos sectores. Mientras algunos sectores políticos y organizaciones civiles apoyan la decisión bajo el argumento de que protege a los menores de procedimientos irreversibles, otros la consideran un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo LGBT+. El debate ya se trasladó al Congreso, donde la Comisión Bicameral Permanente deberá evaluar la validez del decreto. Entretanto, las organizaciones y actores involucrados analizan los pasos a seguir en un escenario que promete una fuerte disputa política y judicial.
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