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Proponen flexibilizar el régimen de contratación para consorcios de propiedad horizontal

2 de octubre de 2024

La iniciativa busca reducir costos y aliviar las cargas económicas de los propietarios, fomentando estabilidad y desarrollo económico

El reciente proyecto de ley presentado por el diputado Alejandro Bongiovanni tiene como objetivo reformar el régimen de propiedad horizontal, que afecta a cerca de 9 millones de personas que viven en edificios. La normativa actual, que data de 1947, ha sido criticada por su carácter obsoleto y por imponer cargas económicas excesivas a los habitantes de estos consorcios.

El proyecto propone consagrar la naturaleza no comercial y sin fines de lucro del acto de habitar en viviendas de propiedad horizontal. Esto implica que los consorcios no deben ser considerados como entidades comerciales, lo que cambiaría la forma en que se gestionan las expensas y los salarios de los empleados del consorcio. Según el texto, “los hogares no son ‘casas de renta’, habitar en un edificio de propiedad horizontal no genera rentabilidad a sus moradores”.

Una de las principales modificaciones que se plantea es la posibilidad de que los consorcios opten por un régimen de contratación más acorde a su capacidad de pago. Esto permitiría a los consorcios elegir entre adherir a la Ley Nacional Nº 12.981 o al régimen de locación de servicios del Código Civil y Comercial. De esta manera, se busca reducir la carga económica que enfrentan los habitantes, quienes a menudo deben destinar una parte significativa de sus ingresos a cubrir expensas.

El proyecto también busca disminuir la litigiosidad entre los consorcios, que ha aumentado debido a la aplicación de normativas desactualizadas. La propuesta incluye cambios en la forma en que se toman decisiones dentro de los consorcios, permitiendo una mayor participación de los propietarios en la gestión.

En resumen, el proyecto de ley presentado por Bongiovanni busca corregir las distorsiones generadas por un régimen que ha quedado atrás en el tiempo, protegiendo así los derechos de los ciudadanos que habitan en edificios de propiedad horizontal. La iniciativa responde a un reclamo que se ha mantenido durante décadas y busca mejorar la calidad de vida de millones de argentinos.

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