Análisis
Reforma a los DNU: Diputados modifica el proyecto
9 de octubre de 2025
Diputados aprobó la reforma pero con cambios. El proyecto vuelve a Senado.
🟥 Qué regula la ley 26.122
La Ley 26.122, vigente desde 2006, establece el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes. En la práctica, define cuándo el Poder Ejecutivo puede dictar normas con fuerza de ley y cuál es el rol del Congreso para revisarlas.
El marco se apoya en la reforma constitucional de 1994, que incorporó los DNU al artículo 99, inciso 3, y ordenó al Congreso crear una ley especial para controlar su uso. Aunque la norma ha sido cuestionada, la Corte Suprema nunca la declaró inconstitucional, limitándose a analizar casos específicos, como los fallos Consumidores Argentinos (2010) o los de 2021 y 2023 sobre materia previsional.
🟧 Qué propone la modificación
El proyecto busca actualizar una ley con casi dos décadas de vigencia. Entre los principales cambios se destacan:
Unidad temática: cada DNU deberá tratar una sola materia, evitando los llamados “megas decretos”.
Control continuo: la Comisión Bicameral Permanente podrá analizar los decretos incluso durante el receso parlamentario.
Plazo de revisión: el Congreso deberá pronunciarse en un máximo de 90 días corridos desde su publicación.
Derogación automática: si una sola Cámara lo rechaza o vence el plazo sin dictamen, el decreto quedará sin efecto.
Prohibición de reeditar: el Ejecutivo no podrá volver a emitir un DNU sobre el mismo tema en el mismo período parlamentario.
🟨 Qué pasó en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, pero introdujo modificaciones en la votación en particular.
El punto más discutido fue el artículo 3, que fija el plazo de 90 días para que el Congreso trate cada decreto. La oposición necesitaba 129 votos para ratificarlo, pero solo alcanzó 127. Por esa diferencia mínima, el texto fue modificado y la iniciativa deberá volver al Senado, cámara de origen del proyecto.
El artículo en debate establece que los decretos “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”.
🟩 Qué significa que vuelva al Senado
En el proceso legislativo argentino, cuando la Cámara revisora —en este caso Diputados— introduce una modificación, el texto regresa a la cámara de origen para su ratificación o rechazo.
El Senado podrá:
1️⃣ Insistir con su versión original, manteniendo el plazo de 90 días, o
2️⃣ Aceptar la modificación de Diputados, eliminando ese plazo.
En cualquiera de los dos casos, la ley quedará sancionada. No se vuelve a votar el proyecto completo, sino únicamente la parte modificada.
Por ahora, la Cámara Alta no tiene plazos para tratar el texto, por lo que la definición final quedará en manos del Senado, posiblemente después de las elecciones.
🟦 Qué implica políticamente
En la recta final de la campaña, el Gobierno celebró el resultado. Pese a que la oposición logró mayoría en general, el oficialismo consiguió frenar el artículo que imponía límites temporales al tratamiento de los DNU.
Fuentes de Casa Rosada afirmaron que “no será un problema conseguir el tercio necesario para blindar un eventual veto”, en referencia a la posibilidad de rechazar cambios futuros. La abstención de varios bloques federales resultó clave para que el Ejecutivo ganara tiempo y evitara un nuevo traspié legislativo.
🟪 Un nuevo capítulo del control institucional
Desde 2006 se emitieron 375 DNU, pero solo el 11% llegó a debatirse en ambas Cámaras. La mitad no tuvo tratamiento parlamentario. Los estudios académicos coinciden en que el Congreso, más que enfrentarse al Ejecutivo, suele tolerar el uso de estos decretos.
La reforma —si finalmente se aprueba— podría marcar un cambio estructural en esa relación, introduciendo mayores controles sin eliminar la posibilidad de acción ante emergencias. Sin embargo, el futuro de la ley dependerá ahora del Senado y de la correlación política tras las elecciones.
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