Restitución del Consejo Federal de Comercio Interior: impulsando la cooperación para fortalecer el comercio interno

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía, ha decidido restituir el Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI) mediante la Resolución N° 1/2023, derogando la anterior Resolución N° 145/2021. Esta medida busca fortalecer el análisis, intercambio de información y la cooperación entre los representantes de las diferentes jurisdicciones, con el fin de desarrollar políticas públicas relacionadas con el comercio interior.

Entre los objetivos principales del COFECI se encuentran la concertación de políticas entre los niveles nacional y local en temas como lealtad comercial, competencia desleal, publicidad y metrología legal, así como la homogeneización de criterios en la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio interior. Además, se espera fomentar el intercambio de información y experiencias para favorecer la eficiencia en la producción y comercialización de bienes y servicios.

El COFECI estará integrado tanto por el titular de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores como por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes en materia de comercio interior. Cada jurisdicción se unirá al Consejo mediante el dictado de los actos administrativos correspondientes, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales.

El Consejo Federal de Comercio Interior COFECI contará con su propio reglamento de funcionamiento, que deberá ser elaborado por sus autoridades. Cabe destacar que las decisiones y tareas de este órgano no podrán interferir en asuntos de índole política o económica de cada jurisdicción.

Con la restitución del COFECI, se espera fortalecer la coordinación entre las diferentes jurisdicciones y promover una planificación más eficiente para abordar las problemáticas relacionadas con el comercio interior en Argentina. Esta iniciativa busca generar un marco de cooperación y colaboración que beneficie tanto a los consumidores como a los sectores productivos del país.

La resolución entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y no implica ninguna erogación para el Estado Nacional.

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