Régimen de extinción de obligaciones entre Estado, provincias y CABA

El 30 de octubre de 2024, se publicó un decreto que establece el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este régimen tiene como objetivo principal extinguir total o parcialmente las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones, facilitando así el saneamiento de las cuentas públicas en un contexto de emergencia económica.

El decreto se fundamenta en diversas leyes que permiten al Poder Ejecutivo Nacional intervenir en la situación financiera de las provincias. En este sentido, se reconoce que muchas jurisdicciones enfrentan niveles de endeudamiento que afectan su equilibrio fiscal. Por ello, se busca trabajar de manera conjunta para superar esta crisis.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir al régimen en un plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto. Para ello, deberán presentar la documentación que respalde las obligaciones que desean incluir en el régimen. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía será la autoridad encargada de aplicar esta norma y evaluar las solicitudes.

Una vez que las jurisdicciones manifiesten su voluntad de participar, se abrirá un proceso de evaluación que incluirá informes técnicos y jurídicos sobre la veracidad de las obligaciones propuestas. En caso de discrepancias, se establecerá un período de negociación de hasta 90 días para llegar a un acuerdo.

Los acuerdos resultantes permitirán la cancelación de saldos a favor del Estado Nacional mediante la afectación de un porcentaje de los recursos que corresponden a las provincias en virtud del régimen de coparticipación federal. Además, se prevé la posibilidad de suspender plazos judiciales y administrativos durante el proceso de negociación.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía a realizar conciliaciones y transacciones que contribuyan a la determinación y cancelación de deudas. La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Con esta iniciativa, el gobierno busca ofrecer una solución a las jurisdicciones que enfrentan dificultades financieras, promoviendo un enfoque colaborativo para mejorar la situación económica del país.

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