Boletín Oficial de la República Argentina
Subastas públicas: Cambios en la gestión de bienes del Estado
La norma busca agilizar subastas de inmuebles estatales, ajustando plazos de convocatoria según el valor del bien, para mejorar la eficiencia operativa
La reciente resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado introduce modificaciones significativas en el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional. El objetivo es optimizar y agilizar los procedimientos relacionados con la subasta de bienes inmuebles que ya no son necesarios para el Estado.
El cambio más destacado se encuentra en el artículo 86 del reglamento, que ahora establece nuevos plazos para la difusión de convocatorias a subastas públicas. Según la normativa, las convocatorias deben publicarse en el órgano oficial de actos de gobierno durante dos días. El plazo mínimo de antelación para la subasta dependerá del valor del precio base del inmueble. Para inmuebles con un precio base de hasta 25,000 módulos, la convocatoria debe realizarse con al menos 20 días de antelación. Si el precio base supera los 25,000 módulos, el plazo se extiende a 30 días.
Este ajuste busca "simplificar y abreviar los procedimientos de enajenación de bienes inmuebles desafectados del uso", según se detalla en la resolución. La medida responde a las necesidades planteadas por la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, que busca un funcionamiento más eficiente de la agencia.
La resolución también ha contado con la intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones y el Servicio Jurídico Permanente de la agencia, quienes han dado su visto bueno. Además, la Unidad de Auditoría Interna se ha pronunciado favorablemente sobre la medida.
El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Nicolás Alberto Pakgojze, firmó la resolución, que entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. Este cambio normativo es parte de un esfuerzo continuo por mejorar la gestión de los bienes inmuebles del Estado, asegurando que los procesos sean más transparentes y eficientes.
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