NORMA·PRESUPUESTO
El Gobierno suma $78,7 billones a la deuda que puede tomar a corto plazo en 2026
Un decreto eleva en 78,7 billones de pesos el tope de endeudamiento a 90 días del Estado, destina $543.205 millones a pagar juicios previsionales de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y cambia el aval a Córdoba por USD 100 millones.
Por Nicolás Yacoy · Director editorial
Decreto 1391/2026 · PRESUPUESTOBoletín Oficial · 2026-11-19Publicado por DQST · 19 de nov de 2026
Desarrollo
El Estado nacional pasa a poder tomar deuda por $78,7 billones adicionales con plazo mínimo de amortización de 90 días. El decreto eleva ese tope autorizado para operaciones de crédito público de corto plazo, por encima del límite que fijaba la Ley de Presupuesto 2026. En la práctica, el Tesoro queda habilitado a endeudarse en el mercado por ese monto extra sin necesidad de una nueva autorización.
En paralelo, quedan garantizados $543.205.555.376 para pagar en efectivo deudas previsionales que la Justicia ya reconoció. Ese dinero cubre los retroactivos por ajustes en los haberes de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal. Es decir: quienes tengan sentencia firme por diferencias en sus prestaciones tienen fondos asignados para cobrar la parte que corresponde en efectivo.
Qué cambia en los avales a provincias
El aval nacional a la Provincia de Córdoba por un préstamo de hasta USD 100 millones, con plazo mínimo de amortización de 3 años, deja de estar destinado a "Economía Circular" y pasa a financiar "Infraestructura Hídrica y de Saneamiento". Además, la Provincia de Santa Fe se incorpora al listado de operaciones que el Estado nacional garantiza con avales, fianzas o garantías.
El decreto también redistribuye partidas entre ministerios y organismos —entre ellos Defensa, el Servicio Meteorológico Nacional, Economía y la Administración Nacional de Aviación Civil— y ajusta la dotación de cargos de cada uno. Rige desde su publicación en el Boletín Oficial, con cuenta dada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
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