NOTIFICACIÓN·MINISTERIO DE ECONOMÍA
El megaproyecto de cobre Vicuña entra al RIGI: beneficios fiscales y cambiarios asegurados por 30 años
Vicuña Argentina SA, dueña de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, queda adherida al RIGI con fecha 3 de junio de 2026 y debe invertir el monto mínimo antes del 31 de diciembre de 2028.
Por Nicolás Yacoy · Director editorial
Resolución 1154/2026 · MINISTERIO DE ECONOMÍABoletín Oficial · 2026-07-30Publicado por DQST · 31 de jul de 2026
Desarrollo
El proyecto minero "Vicuña" —extracción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan— queda adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A partir de esta resolución, Vicuña Argentina SA deja de tributar bajo el régimen general y pasa a gozar de los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que la ley 27.742 garantiza por 30 años. La fecha oficial de adhesión quedó fijada en el 3 de junio de 2026.
Con esta habilitación, la empresa ya no puede recibir el mismo tratamiento impositivo que cualquier otra minera: el Estado la reconoce como Vehículo de Proyecto Único (VPU) y le otorga una CUIT especial que ARCA debe generar para aplicar los beneficios tributarios y aduaneros del capítulo IV de la ley. El Banco Central, por su parte, queda obligado a aplicarle los incentivos cambiarios del capítulo V, que flexibilizan el acceso a divisas y la liquidación de exportaciones.
Qué se le exige a cambio de los beneficios
El proyecto no obtiene los incentivos sin condiciones. La empresa debe cumplir un calendario concreto de inversión:
• Durante el primer y segundo año desde la notificación, debe acreditar al menos el 20% del monto de inversión mínima exigido.
• La fecha tope para completar el 100% de la inversión mínima en activos computables es el 31 de diciembre de 2028.
Además, quedó aprobado un listado cerrado de mercaderías y servicios que Vicuña podrá importar con la franquicia arancelaria del artículo 190 de la ley: solo esos bienes entran sin pagar derechos. La fiscalización del cumplimiento queda en manos de la Secretaría de Minería, y las disputas entre la empresa y el Estado se resolverán bajo el mecanismo de arbitraje que la propia compañía propuso y quedó aceptado.
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