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Hasta 20 años de prisión y multas en barriles de petróleo: las sanciones de la ley Malvinas que vota Diputados

El dictamen castiga a quien explote recursos en Malvinas sin permiso argentino y a quien le provea servicios clave, y suma un capítulo sobre injerencia extranjera en las elecciones que necesita 129 votos.

Por · Director editorial

Publicado por DQST · 17 de nov de 2026

Hasta 20 años de prisión y multas en barriles de petróleo: las sanciones de la ley Malvinas que vota Diputados

Diputados vota este miércoles la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Poder Ejecutivo envió el 17 de septiembre. Llega con el dictamen de mayoría que firmaron el 27 de octubre las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores (Orden del Día 514). El texto deroga la Ley 26.659, que desde 2011 sanciona la exploración de hidrocarburos en Malvinas sin permiso argentino, y la reemplaza por un régimen más amplio y con penas más altas.

Ya no solo petróleo: cualquier recurso natural

La ley actual apunta a los hidrocarburos. El dictamen prohíbe cualquier actividad de aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus aguas y la Plataforma Continental, si no tiene habilitación de una autoridad argentina.

La prohibición alcanza también a quien provea un bien o servicio «esencial e indispensable» para esas actividades, cuando conociera o «no hubiera podido razonablemente desconocer» su destino; a los socios y accionistas directos, y a quien controle la empresa. Quedan afuera las personas con hasta el 2% del capital y los fondos de inversión que no deciden qué acciones compran, siempre que no designen directores.

Multas en barriles e inhabilitación de hasta 20 años

Las multas se calculan en barriles de petróleo crudo WTI, al precio del día de la sanción. Van de 4.000 a 500.000 barriles y pueden sumar la cancelación de los permisos que la empresa tenga en el país y una inhabilitación de cinco a veinte años, que implica no poder hacer negocios en la Argentina, perder las exenciones impositivas y rescindir los contratos que tenga en el país.

Los sancionados van a un registro público, y nadie en la Argentina puede firmar contratos nuevos con ellos. Quien lo haga paga de dos a cuatro veces el beneficio obtenido o, si no se puede calcular, de 2.000 a 40.000 barriles.

Prisión de hasta 20 años para quien explore o extraiga

El dictamen agrava las penas de la ley vigente. La prospección o exploración de recursos no renovables sin permiso se castiga con ocho a doce años de prisión, y con doce a quince si se trata de hidrocarburos. La explotación de recursos no renovables tiene penas de doce a veinte años, y la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, de quince a veinte. Las penas suben un tercio si hay daño grave al ambiente.

Los proveedores de bienes o servicios esenciales enfrentan de dos a siete años. Las empresas pueden ser suspendidas para contratar con el Estado por hasta treinta años, y la pena de prisión alcanza a sus directores y gerentes.

Una salida para quien deje de operar

Un Régimen de Desistimiento y Regularización permite a los infractores dejar la actividad y pagar una suma fija, de 10.000 a 400.000 barriles según el caso, o invertir ese monto en actividades habilitadas en el país. Si cumplen, se archivan las actuaciones y se extingue la acción penal. Se puede usar una sola vez.

El capítulo que necesita 129 votos

El Título VII, «Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales», prohíbe a extranjeros sin residencia permanente y a empresas extranjeras financiar, organizar o dirigir campañas electorales, con multas de hasta diez veces el monto aportado. Como modifica la ley de financiamiento de los partidos, necesita mayoría absoluta: 129 votos.

Además, incorpora al Código Penal una pena de cinco a doce años para quien, sabiendo que actúa para un Estado o agente extranjero, organice o financie una «campaña de injerencia extranjera». El dictamen la define como acciones planificadas y sostenidas, hechas de forma clandestina, engañosa o coercitiva, que ocultan su vínculo con el extranjero y buscan alterar una elección o condicionar a las autoridades. Excluye expresamente la diplomacia, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.

Un Consejo de Seguridad Nacional con control del Congreso

El resto del texto crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, cinco ministros, el secretario Legal y Técnico y el jefe de la SIDE. Los gobernadores pueden ser convocados como miembros no permanentes. Una Comisión Bicameral de Seguimiento, de cuatro diputados y cuatro senadores, debe recibir en 48 horas información de cada sanción o medida urgente que adopte el Consejo.

El dictamen también regula la protección de infraestructuras críticas, crea un registro de personas vinculadas al terrorismo y modifica la Ley de Defensa Nacional. Si Diputados lo aprueba, pasa al Senado.

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