ANÁLISIS·LA LEY POSIBLE
Propiedad privada: el Gobierno consiguió el núcleo de su ley, con más plazo para los inquilinos y sin tocar los barrios populares
De los seis ejes que el Ejecutivo mandó en marzo, la ley conserva expropiaciones, desalojos y registros, alarga algunos plazos y deja afuera barrios populares y manejo del fuego. En tierras rurales, el Congreso fue para el otro lado.
Por Nicolás Yacoy · Director editorial
Publicado por DQST · 21 de nov de 2026
El Poder Ejecutivo mandó al Congreso, el 26 de marzo, un proyecto con seis ejes para «eliminar restricciones ilegítimas» al derecho de propiedad: expropiaciones, desalojos, barrios populares, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios. Ocho meses y tres votaciones después, el Senado sancionó la ley el 19 de noviembre, por 42 votos contra 26. Cuatro de esos seis ejes llegaron al texto final; dos no.
La ley es la versión que consiguió mayoría en un Congreso en el que La Libertad Avanza tiene 21 de las 72 bancas del Senado y 94 en Diputados. Comparar el proyecto PE-13/26 con el texto sancionado muestra qué partes reunieron acuerdo tal como estaban escritas, cuáles necesitaron ajustes y cuáles quedaron en el camino.
El corazón del proyecto pasó sin cambios: valor previo, pago previo y juicio corto
El eje de la ley llegó intacto. Cuando el Estado expropia, el bien se valúa a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio vinculado con la expropiación, para que la propia noticia no baje el precio. El dueño no pierde la propiedad hasta cobrar la indemnización completa, por adelantado y en pesos, y el monto se actualiza por inflación más intereses hasta el pago. La utilidad pública, que es lo que justifica expropiar, pasa a interpretarse de manera restrictiva.
También pasó el cambio en los desalojos: los inmuebles ocupados, urbanos o rurales, se recuperan por juicio sumarísimo, el más breve que prevé el Código Procesal, y el juez puede ordenar que se devuelvan antes de la sentencia. Y la modernización de los Registros de la Propiedad, que pasan al soporte digital con firma digital.
Lo que se acordó en el camino: más plazo para el inquilino y para la ocupación del Estado
Los cambios fueron, sobre todo, de plazos. En los alquileres de vivienda, el dueño tiene que intimar al inquilino con al menos diez días corridos antes de demandar el desalojo por falta de pago. El Ejecutivo proponía tres.
La ocupación temporánea anormal, la figura que permite al Estado usar un bien privado ante una emergencia, puede durar hasta 90 días prorrogables una sola vez por otros 90, en lugar de los 60 más 30 del proyecto original. A cambio, la ley la acota: solo la puede disponer el Poder Ejecutivo nacional, y solo ante una necesidad pública grave y verificable.
La devolución anticipada del inmueble ocupado se mantuvo, pero sin el plazo de cinco días que traía el proyecto. El juez la ordena si el derecho de quien reclama es verosímil y este da caución juratoria, es decir, se compromete a responder por los daños si después pierde el juicio.
Barrios populares y zonas incendiadas quedaron afuera
El tercer eje del proyecto apuntaba a la Ley 27.453 de barrios populares. El mensaje del Ejecutivo daba un dato para justificarlo: después de más de siete años de vigencia, solo el 0,08 % del suelo de esos barrios tenía título de propiedad privada. Proponía reemplazar el esquema centralizado de expropiaciones por uno en el que provincias y municipios eligieran sus herramientas de regularización. Ese cambio no figura en la ley.
Tampoco el quinto eje, que modificaba la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Desde 2020, esa ley prohíbe por largos plazos cambiar el uso del suelo en campos incendiados; el proyecto acotaba la prohibición a los bosques nativos y a los bosques no productivos, con el argumento de que el dueño sufre dos veces, por el fuego y por no poder usar su tierra. La ley sancionada no toca el régimen del fuego.
En tierras rurales, el resultado fue el inverso
El cuarto eje terminaba en un punto distinto del propuesto. El Ejecutivo quería que las restricciones a la compra de campos alcanzaran solo a los Estados extranjeros y sus entidades, y recordó en el mensaje que la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023, estaba suspendida por una medida cautelar. Pedía que fuera el Congreso el que resolviera la cuestión.
El Congreso la resolvió, pero al revés: la ley deja sin efecto aquel artículo 154 y le devuelve plena vigencia a la Ley 26.737, con sus límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
La mitad de los votos de la sanción final vino de fuera del oficialismo
En las tres votaciones, La Libertad Avanza votó completa y necesitó a otros bloques para llegar. En la sanción final, sus 21 senadores fueron la mitad de los 42 votos afirmativos; la otra mitad la pusieron la UCR, Convicción Federal, el PRO, el Movimiento por Misiones, Provincias Unidas y Despierta Chubut. En Diputados, a sus 94 votos se sumaron 30 de otros siete bloques para un resultado de 124 a 119.
Frente a la media sanción de agosto, que había salido 37 a 33, la versión final sumó cinco votos: los tres de Convicción Federal, que pasaron del no al sí, uno de Provincias Unidas y uno de la UCR. El detalle de quién cambió está en nuestra nota sobre la votación.
Votación del 19 de noviembre de 2026, por bloque
- Afirmativo
- Negativo
- Abstención
- Ausente
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