REPRODUCE PROYECTO DE LEY SOBRE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN DISCAPACIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL ESTADO (REF. S. 35/2022).

Señora presidente: El objetivo del presente proyecto es establecer la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Esto es de vital importancia/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” en virtud de que Argentina tiene aún pendiente una actualización de su normativa a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional de derechos humanos y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006, en la Sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Argentina los ratificó a través de la Ley N° 26.378, en 2008. Posteriormente, en 2014, se activó el procedimiento constitucional para elevar estos instrumentos jurídicos a la jerarquía constitucional, cuestión que se concretó mediante Ley N° 27.044. El objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (art. 1°). De este modo, y en aplicación del principio de no discriminación, uno de los objetivos fundamentales de la Convención ha sido, por un lado, adaptar las normas pertinentes de los Tratados de derechos humanos existentes, al contexto específico de la discapacidad. Ello significa el establecimiento de los mecanismos para garantizar el ejercicio de dichos derechos por parte de las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades que el resto de las personas (Palacios, 2007, pág. 55). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, con las demás” (preámbulo, inc. f). Esta moderna definición de la discapacidad tiene inicialmente dos implicancias en el ámbito de las políticas públicas: i) su diseño debe ser flexible y su implementación, revisada con frecuencia para adecuarse a la evolución de la temática de la discapacidad; y ii) el eje de las acciones no está en las “personas con discapacidad” sino en el contexto social en el que ellas tienen derecho a desenvolverse./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” Ambos puntos someten a dura prueba las políticas públicas tradicionales para abordar la discapacidad, que aún conservan la concepción del modelo médico-rehabilitador. Resta decir que este tratado de derechos humanos contiene una serie de derechos sustantivos (educación, salud, empleo), pero éstos son abordados desde la perspectiva y la fórmula de la no discriminación, utilizando las herramientas del derecho antidiscriminatorio. Adopta con claridad y contundencia un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y diversos entornos socioeconómicos, y hace hincapié en que lo que provoca la situación de discapacidad es la interacción con diversas barreras. Esto implica que la remoción de esas barreras supone la superación de la limitación o el impedimento. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Argentina, el término “modelo social” se hizo de uso corriente por parte de políticos, organizaciones de personas con discapacidad, e incluso en expedientes legislativos, pero ello no fue acompañado por “demasiada información sobre su origen ni -sobre todo, su significado” (Palacios, 2008, pág. 106). Como explica Ferrante, esta mayor propagación del modelo social, en ciertos casos, trivializó su concepto, en vez de promover la transformación social. Esta autora explica que -a causa de las consecuencias del neoliberalismo-, las necesidades sociales se privatizaron y el Estado mínimo restringió su acción focalizada a la población “vulnerable” (Ferrante, 2014). En consecuencia, se siguieron sosteniendo a las políticas en el paradigma rehabilitador, como en el caso argentino, lejos de la mirada acorde al modelo social. Nuestro país, como la mayoría de los países del mundo, nunca avanzó en la actualización y rediseño de sus políticas públicas para el colectivo con discapacidad, permaneciendo aún vigente la Ley N° 22.431, de la década de 1980. Las distintas modificaciones que el Congreso Nacional realizó sobre esta norma fueron muy puntuales sobre distintos artículos, y todas fueron anteriores al año 2008./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD” Por último, hay que destacar que existen antecedentes normativos, a nivel provincial, que han avanzado en el mismo sentido de la propuesta que aquí presentamos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 15.296 y la provincia de La Rioja con la Ley N° 10.388, ambas estableciendo una capacitación obligatoria en la temática de discapacidad para funcionarios públicos. En definitiva, con el objetivo de difundir y concientizar, a todo el personal del Estado nacional, en la temática de discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos, consideramos necesario establecer una capacitación obligatoria, como se ha realizado con otras temáticas como con la Ley Micaela, N° 27.499 (género) y con la Ley Yolanda, N° 27.592 (ambiente). Por todo ello, les solicitamos a las Sras. Legisladoras y Sres. Legisladores que acompañen el presente proyecto de ley. Silvia Sapag./final_de_pagina/