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Señora Presidente:
Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior
gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre
tipificación de “compra” y “venta” de niños acordado con fecha 19/10/22
(S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caduco por renovación
bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún
sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad; además refleja la
una falta de respuesta por parte de nuestro país a la intimación que nos
fue hecha para adecuar la normativa vigente al Art. 35 de la Convención
sobre los Derechos de NNyA, al que adhirió la Argentina en su
oportunidad, por la que se expresa en el presente proyecto, los puntos
acordados oportunamente.
En el marco de una de mis mayores preocupaciones como persona y
legisladora, como es la de proteger a las infancias, encuentro prioritario
la necesidad de evitar, proteger y sancionar penalmente la sustracción,
venta y/o entrega de NNyA, una realidad que nos atraviesa a lo largo y
ancho de todo el país por la que es urgente actuar creando mecanismos
adecuados los mecanismos que permitan revertir estas circunstancias
tan dolorosas.
La sustracción y/o comercialización de menores constituye una
conducta aberrante para la sociedad y lleva consigo el riesgo de ser un
factor multiplicador, en tanto puede convertirse en medio para la/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
comisión de otros ilícitos como la venta y tráfico de niños, la prostitución
y pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los
procesos de adopción y la venta de órganos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional,
estipula un sistema de protección de los niños. Así, en su art. 35
determina que "...Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en
cualquier forma…”.
Para esto es necesario contar con un plan y las herramientas acordes,
esto incluye protocolos y procedimientos para hacer una denuncia de
desaparición de un niño y para que su búsqueda comience de inmediato,
un grupo interdisciplinario que se encargue de darle seguimiento a los
casos y fundamentalmente que se tengan las figuras penales correctas
para este tipo de casos.
Los medios de comunicación han tomado un rol protagónico a la hora
de informar y comunicar sobre estos delitos, como también en el
desarme de los entramados y redes perversas detrás de semejantes
hechos. Sin embargo, esta centralidad de los medios deja en evidencia
las falencias en cuanto a políticas de prevención y abordaje por parte
del Estado en la materia. El Estado no puede permanecer ajeno a esa
realidad y ceder su rol, y esto lo hace por omisión al no contar con
programas de prevención y acción contra la compra y venta de niños y
la consiguiente falta de celeridad, eficacia y eficiencia, puesto que es el
encargado de velar por la seguridad y protección de las personas y, en
el caso de los NNA, además atender a su mayor vulnerabilidad. El
compromiso asumido al firmar la Convención de los Derechos del Niño
así lo impone.
A mayor abundamiento, el Estado argentino fue sancionado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 27 de abril de/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
2012, al tratarse el caso “FORNERON E HIJA VS. ARGENTINA”. Allí,
se dejó expuesta la carencia del Estado argentino por no contar con la
legislación interna adecuada ni los instrumentos que permitan perseguir
correctamente este tipo de delitos. Más allá de que se observó un
avance en la materia de protección de Derechos de los NNA a través de
diferentes leyes, ello no resulta suficiente en los casos como los que allí
se debatía y que traigo a colación con el presente proyecto.
Entre otras cosas, brindar herramientas para el cumplimiento de una
obligación impostergable es nuestra labor como legisladores nacionales,
así como también de todas las autoridades estatales, sin importar el
nivel. En ese sentido, el presente proyecto de ley tiene por objeto
modificar el Código Penal Argentino, incorporando la venta de niños,
niñas y/o adolescentes como un tipo penal específico, de conformidad
con los estándares de derechos humanos que emergen del ámbito
regional e internacional tal como refleja la Convención sobre los
Derechos del Niño, en su artículo 35 donde obliga al Estado a tomar
“todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para
cualquier fin o en cualquier forma”.
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, entrado en vigor el 18 de enero de 2002 y ratificado por
nuestro país en fecha 25 de septiembre de 2003. El artículo 2 del
Protocolo consagra la obligación de prohibir la venta de personas
menores de edad, entendida como “todo acto o transacción en virtud del
cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra
a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.
El artículo 3 enumera ciertos actos que, como mínimo, deberán quedar
íntegramente comprendidos en la legislación penal de los Estados
Partes. A saber, en relación con la venta, el inciso a) contempla las/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
siguientes actividades: “i) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier
medio, un niño con fines de: a. Explotación sexual del niño; b.
Transferencia con fines de lucro de órganos del niño; c. Trabajo forzoso
del niño; ii) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien
a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación
de los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en materia de
adopción”.
Esta concepción ha sido destacada de manera positiva por el Comité de
los Derechos del Niño al emitir las observaciones finales a la Argentina,
conforme el artículo 12 del Protocolo, en fecha 18/06/ 2010 (párrafo 4.
b). No obstante, dada la falta de definición del delito de venta de niños,
recomendó al Estado amoldar la legislación penal para satisfacer sus
obligaciones internacionales en la materia. En este sentido, recordó que,
si bien el concepto de venta “es similar al de la trata de personas, no es
idéntico, y, para aplicar cabalmente las disposiciones del Protocolo
facultativo relativas a la venta de niños, el Estado parte debe asegurar
que su legislación contenga disposiciones específicas”; razón por la
cual, aconsejó revisar el Código Penal argentino.
Recomendación que fue reiterada en las últimas Observaciones Finales
del Comité, en fecha 01/10/ 2018, solicitando al Estado Argentino que
“Ajuste plenamente el Código Penal a los artículos 2 y 3 del Protocolo
Facultativo, y establezca un sólido sistema legal de protección contra la
venta y la trata de niños, así como un sistema de adopción seguro que
respete el interés superior del niño”. (párrafo 45. D).
Quisiera cerrar esta fundamentación con una frase que abre el
documento de Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la
Infancia y, considero, encierra en sí misma el sentido que mueve a este
proyecto: "no hay causa que merezca más alta prioridad que la
protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia,/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la
civilización humana".1
Es por las razones expuestas supra que deviene entonces imperioso
modificar el Código Penal en cumplimiento de las obligaciones asumidas
por la Argentina, por lo que invito a ustedes, mis pares, a acompañarme
en el presente proyecto de reforma e incorporación de articulado al
Código Penal Argentino.
Carolina Losada.- Eduardo H. Galaretto
1 Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990./final_de_pagina/