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Señora Presidente:
I.-
Con la presente iniciativa se propone incorporar una regulación en la Ley
de Concursos y Quiebras Nº 24.522, que contemple la situación de los
denominados “acreedores involuntarios o extracontractuales”./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Ese ordenamiento se limita a distinguir a los acreedores en
quirografarios y privilegiados, y no contiene la distinción entre lo que la
Acreedores “voluntarios” son aquellos cuyo crédito nace en razón del
incumplimiento de un contrato generado por una libre estipulación entre
acreedor y deudor.
En principio la relación que vincula al acreedor y deudor tiene por causa
el incumplimiento de la obligación contractual, por parte del concursado.
Son proveedores por insumos impagos, prestadores de servicios con o
sin relación de dependencia, cargas o tributos de orden municipal,
provincial o nacional, obligaciones previsionales, que constituyen el
grueso del pasivo convocado.
En todos los casos se trata de “acreedores voluntarios” porque, de una
u otra manera, el vínculo creditorio está originado en la conducta querida
del acreedor que con libertad ya fuere al contratar, ya fuere al adherir
(crédito laboral), optó por otorgar el crédito allí donde tuvo posibilidad de
no hacerlo.
El acreedor expresó de alguna forma, explícita o implícita, su voluntad
de concretar la relación por lo que en definitiva el eventual
incumplimiento del deudor se proyecta a su propia decisión y el riesgo
que ella involucró.
Pero al margen de estos acreedores voluntarios, existe una categoría en
la que la generación del crédito no reconoce en absoluto ninguna causa
vinculada a la voluntad del acreedor, sino que el crédito se produce con
prescindencia y aún en contra de esa voluntad. Se trata de acreedores
por causa extra contractual.
Aquellos cuyo crédito está generado por omisiones o conductas del
deudor en las que existe como causa del vínculo creditorio, la
negligencia o la culpa o el dolo de parte de aquél, o que resultan de un/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
criterio de imputación objetivo impuesto al deudor, sin que pueda
advertirse participación en la causa del crédito de parte de quien, a la
postre, resulta acreedor.
Estos acreedores no se generaron libremente y sin embargo son
tratados sin diferenciación con los contractuales, dentro de la misma
tradicional categoría concursal de comunes o quirografarios, dejando
desde luego a salvo los privilegios que nacen de la ley.
Alguna doctrina prefiere aludir a la denominación "acreedores
involuntarios", aclarando que ella exhibe el elemento distintivo de esta
clase de créditos y también permite abarcar situaciones que -aun
compartiéndolo- se originan con un vínculo de naturaleza contractual,
como el caso de un acreedor por lesiones derivadas de un contrato de
transporte o de una mala praxis ocurrida en una intervención quirúrgica.
Señalan en tal sentido Barreiro y Truffat lo siguiente: "En nuestro criterio,
la dicotomía 'responsabilidad contractual/responsabilidad aquiliana' no
basta para solventar el tema, pues existen casos de responsabilidad
formalmente contractual -vgr: la víctima de una ostensible mala praxis
médica; el transportado, etc- donde la sensibilidad social 'actual'
tampoco digiere fácilmente que merezcan el mismo tratamiento que el
acreedor que se vinculó contractualmente teniendo en miras la
celebración de un cierto negocio. Es por ello que el cartabón de análisis
pasa por predicar la existencia de dos subuniversos: los acreedores
voluntarios de un lado y los acreedores involuntarios del otro
(subuniverso este, que contiene a los acreedores extracontractuales
pero no se agota en ellos)" (BARREIRO, Marcelo G. y TRUFFAT,
Edgardo Daniel, Los acreedores involuntarios: Una cuestión que ronda
las puertas del debate concursal, L.L. 2008-A, 714)./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
II.-
La consideración de los acreedores involuntarios aparece tratada en la
Ley de Concursos y Quiebras en igualdad de trato con los voluntarios,
como consecuencia del clásico principio de la par conditio omnia
creditorum, tanto en los procedimientos preventivos en cuanto a la
participación en el pasivo del deudor para la formación de voluntad
mayoritaria que determinará la aceptación o el rechazo de la propuesta,
como en los liquidatorios en el trámite de formación y reparto de las
respectivas cuotas de liquidación.
Esto puede determinar que se presenten situaciones injustas para los
denominados acreedores involuntarios, resultantes de la falta de
prioridades para el cobro de sus créditos, especialmente cuando ellos
se vinculan con daños de índole personal.
En ese orden, cabe señalar que existen precedentes que han
establecido reglas especiales para casos de acreedores de los
denominados involuntarios, dejando de lado las previsiones de las Ley
de Concursos y Quiebras.
Uno de ellos es el caso "González, Feliciana c/ Micrómnibus General
San Martín S.A.C.", L.L.B.A.-B, 2883 (Cámara Primera de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala I; el acuerdo de la alzada fue
confirmado -en Abril de 2006- por la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires -ver L.L.B.A. 2006, 904-.
En este caso, la Sala I de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de San Isidro confirmó el fallo de primera instancia, por el
cual se ordenó una reducción considerable del plazo de pago de una
propuesta de acuerdo preventivo respecto el crédito de una mujer de 77
años de edad (Feliciana González), el cual tenía como causa una
indemnización por daños y perjuicios, cuyo cobro resultaba necesario
para afrontar un tratamiento médico que posibilitara la recuperación/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
física de una fractura en la cadera y de una operación de artroplastia
parcial con prótesis de Thompson.
La empresa concursada había logrado la homologación de una
propuesta que establecía una quita del cuarenta por ciento del crédito y
un plazo de cancelación en dieciocho cuotas anuales. El crédito de la
mencionada señora fue verificado tardíamente atento que al momento
de la presentación en concurso se estaba tramitando el recurso de
apelación de la sentencia de primera instancia que había reconocido su
pretensión en el juicio por daños (en octubre de 1998, luego de seis años
de litigio).
Una vez obtenida la sentencia confirmatoria de la alzada, procedió a
incorporarse a un proceso concursal con un acuerdo preventivo
oportunamente homologado. No obstante ello, el juez concursal declaró
la inconstitucionalidad del acuerdo en relación a dicho crédito y redujo -
oficiosamente- el plazo de pago a veinticuatro cuotas mensuales.
Otro caso es el fallado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial nro. 20, en los autos "Institutos Médicos Antártida S.A. s/
Quiebra s/ Incidente de verificación por: R.A.F. y de L. R. H. de F." (L.L.
2007-E, 552).
Como consecuencia de una mala praxis médica, un niño fue víctima de
una incapacidad cerebral total e irreversible que le impidió desde su
nacimiento la posibilidad de caminar, sentarse, pensar, etcétera.
Durante muchos años sus padres reclamaron por una debida
indemnización, pero luego de que su derecho obtuvo reconocimiento
judicial se suscitó la declaración falencial de la deudora.
En dicho escenario procesal, la Defensora Pública de Menores e
Incapaces solicitó el pago inmediato del crédito, indicando que el juez
debía reconocer al mismo con carácter de privilegiado especial y
general./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
La funcionaria argumento que el principio de igualdad de los acreedores
que rige la materia concursal no es absoluto, al tiempo que expresó que
no pueden contrariarse derechos de rango constitucional como es la
vida, la salud y la integridad física del menor, todos los cuales tienen
supremacía sobre el derecho de propiedad de los demás acreedores
concursales.
El juez concursal resolvió acoger lo solicitado por la Fiscal, decidiendo
otorgar al crédito del menor el carácter de privilegiado especial con
prioridad absoluta, desplazando a todo el elenco previsto en el artículo
241 de la Ley de Concursos y Quiebras.
A tales fines, el juez concursal determinó que el asiento del privilegio se
establecía sobre los bienes inmuebles y muebles (instrumental médico,
maquinarias, instalaciones, etc), registrables o no, del establecimiento
sanitario donde fue atendido y afectado por mala praxis médica.
Asimismo, se le otorgó conjuntamente el carácter de privilegiado
general, afectando todo el patrimonio de la fallida. Respecto la cuestión
de los intereses se determinó brindarle igual extensión que los dos
supuestos de excepción de los incisos 1 y 2 del artículo 242 la Ley de
Concursos y Quiebras.
III.-
Como puede advertirse de los precedentes reseñados en el apartado
anterior, en esos casos se dispusieron soluciones que chocan con las
disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras.
Ello en razón que, como se ha señalado, los acreedores involuntarios
son tratados de la misma manera que los voluntarios, ante lo cual en los
precedentes referidos se fallaron soluciones especiales no previstas en
el ordenamiento./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
En ambos casos reseñados y otros que se puedan presentar en los que
aparezcan créditos por daños personales con causa extracontractual, no
puede dudarse de la equidad y justicia de soluciones como las
propiciadas en los precedentes en cuestión.
No obstante ello, con la regulación actual de la Ley de Concursos y
Quiebras resulta indudable también que los jueces frente a casos como
los indicados, deben emitir decisiones que resultan contrarias con las
disposiciones de ese ordenamiento.
Frente a ello se estima necesario incorporar una modificación de la ley
en cuestión, que contemple la situación especial de los denominados
acreedores involuntarios, finalidad que da fundamento a este proyecto.
IV.-
Entrando al contenido de la presente iniciativa, se debe señalar
inicialmente que la modificación propuesta involucra otorgar un
reconocimiento especial a determinados “acreedores involuntarios”,
concretamente para aquellos que tengan créditos por daños personales
de causa extracontractual o involuntaria. No se comprende a todo
acreedor de carácter extracontractual, sino sólo a los que fundan su
crédito en perjuicios a derechos personalísimos, en el entendimiento que
éstos efectivamente tienen que tener una protección especial. Se
requiere también que tales créditos no se encuentren asegurados.
Ese reconocimiento especial involucra en primer lugar el otorgamiento
de un privilegio general a favor de los referidos acreedores, el que se
incorpora en el artículo 246 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Asimismo y vinculado con ello, se consagra que esos acreedores
quedan excluidos de la suspensión de intereses que contempla el/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
artículo 19 de la Ley nº 24.522, con el alcance que se disponga para el
privilegio que se confiere.
También se les otorga el derecho al pronto pago, que en los artículos 16
y 183 se les reconoce actualmente a los acreedores laborales allí
contemplados.
Por otro lado, se incorpora en el artículo 41 relativo a la categorización
de los acreedores en el concurso preventivo, la obligatoriedad de fijar,
en caso de existir, la categoría de los acreedores por daños personales
de causa extracontractual o involuntaria.
Finalmente, se sustituye el artículo 247 de la Ley nº 24.522, a fin de
establecer la extensión de privilegio general que se otorga a los créditos
que se trata, a los cuales se los equipara con el capital emergente de
sueldos, salarios y remuneraciones mencionados en el inciso 1 del
Artículo 246.
V.-
A modo de cierre, se destaca que con la reforma propuesta se viene a
regular la especial situación de los acreedores a que se ha hecho
mención, contemplando la posibilidad de otorgar a los mismos un
tratamiento diferenciado, en tanto se presenten las circunstancias a que
se han reseñado.
Quedará en cabeza del juez del concurso resolver al respecto, del modo
que ha ocurrido en los antecedentes aludidos. Con la regulación
propuesta, esa posibilidad tendrá un específico respaldo legal,
permitiendo al juez del concurso contemplar especiales situaciones
como las referidas en términos que la equidad así lo impone, sin que ello
implique dictar resoluciones que resulten contrarias a las normas
expresas de la Ley de Concursos y Quiebras./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Asimismo, los deudores concursados y también los acreedores, sabrán
de antemano que existe la posibilidad de que se reconozca a los
acreedores de créditos por daños personales de causa extracontractual
o involuntaria, un privilegio y demás beneficios contemplados, con el
alcance previsto, lo cual otorga además previsibilidad a todos los actores
de un proceso concursal respecto de su posible evolución.
Destaco finalmente que la presente iniciativa tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría que presentara en el año 2015, el cual tramitó en
el Expediente S-1248/14.
Ese proyecto con modificaciones parciales introducidas en el marco del
tratamiento que tuvo particularmente en el marco de la Comisión de
Legislación General, resultó en definitiva aprobado por esta Cámara en
la sesión de fecha 2 noviembre de 2016, y fue girado a la Cámara de
Diputados para su consideración. Luego en esa instancia el proyecto
perdió estado parlamentario.
Ante la situación expuesta, a través del presente reitero la presentación
de la iniciativa referida, señalando que este proyecto recepta algunas de
las modificaciones que fueran introducidas respecto de su versión
original.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de ley.
Lucila Crexell./final_de_pagina/