Fundamentos
Señor presidente:
Desde la tradición de las libertades públicas y el reconocimiento del
individuo como sujeto de derechos y responsabilidades, propongo reverar un
principio elemental: la libertad de desplazamiento es tanto un logro del
desarrollo urbano como una condición de la dignidad humana. En sus múltiples
expresiones —peatones que acceden al espacio público, ciclistas que asumen
el trayecto como acto de autonomía, conductores de automóviles que se
integran en una trama compartida—, la movilidad es una manifestación viva de
la libertad en acto. Al mismo tiempo, vivimos una era de cambio estructural: la
emergencia de la movilidad activa, la proliferación de bicicletas con asistencia
eléctrica y de dispositivos de micromovilidad nos plantea desafíos que normas
antiguas no fueron diseñadas para afrontar. Es en este contexto que damos un
paso audaz: unificar, modernizar, garantizar la seguridad y la convivencia.
I. Visión conceptual y política
La movilidad urbana ya no se reduce simplemente a trasladarse de A a
B. Se inserta en un marco de sostenibilidad, equidad, salud pública, reducción
de emisiones, densidad urbana y calidad de vida. En ese escenario, la bicicleta
y la micromovilidad se erigen no solo como alternativas al automóvil, sino como
instrumentos de emancipación: emancipación individual (reducción del costo
de transporte, mayor autonomía) y emancipación social (menos congestión,
menos contaminación, mayor accesibilidad). Al vincular movilidad y libertad,
retomamos autores que han destacado la relación entre espacio público,
libertad de tránsito y ciudadanía. Como apunta el volumen Freedom of
Movement (Springer, 2024), “la movilidad, en su dimensión cotidiana, expresa
tanto la posibilidad de opción como el ejercicio de la citoyenneté”./final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
Por ello, no se trata sólo de reglamentar bicicletas o ciclovías: se trata de
redefinir cómo concebimos el espacio vial del siglo XXI. En un mundo donde la
automatización, la emergencia climática y la urbanización transforman los
patrones de vida, corresponde legislar para que la movilidad activa, segura, sea
una opción real para todos. Como argumentan Holden, Gilpin y Banister en
Sustainable Mobility at Thirty (2019), “la movilidad sostenible ha dejado de ser un
ideal abstracto para convertirse en una condición de justicia urbana, salud
pública y eficacia económica”.
II. Diagnóstico de la situación local
En nuestra República, la movilidad activa —la bicicleta — convive con
un marco legal fragmentado, heredado de una época en que los autos eran el
centro indiscutido del diseño urbano. La normativa nacional (como la Ley
Nacional de Tránsito 24.449) no distingue claramente las nuevas tecnologías de
asistencia eléctrica, no impone estándares mínimos de infraestructura para
bicisendas, y deja amplios vacíos respecto de la convivencia entre peatones,
ciclistas y automóviles. Esa fragmentación normativa se traduce en
heterogeneidad entre jurisdicciones, incertidumbre para fabricantes, usuarios y
autoridades, e inseguridad para los usuarios vulnerables.
Las ciclovías, cuando existen, frecuentemente son carriles pintados sin
protección física; el ciclista se ve obligado a mezclarse con el tráfico motorizado
en intersecciones peligrosas o a internarse en veredas, lo que a su vez pone en
riesgo a peatones. La proliferación de bicicletas con asistencia eléctrica —y
demás dispositivos de micromovilidad— sin una clasificación técnica clara
genera tensiones: ¿pueden circular por ciclovías? ¿requieres casco o seguro?
¿con qué velocidad máxima? Estas lagunas crean zonas grises que obstaculizan
el ejercicio libre y seguro de la movilidad activa./final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
Desde la óptica de la libertad, cabe decir que la ausencia de un marco
normativo claro no sólo genera inseguridad vial, sino que restringe
implícitamente la opción de desplazamiento, elevando barreras (licencias,
inseguridad, discontinuidad de infraestructura) para quienes desean prescindir
del automóvil. Nosotros proponemos una ley que expanda la libertad de
movilizarse de modo activo, eficiente y seguro, al tiempo que salvaguarda el
derecho de todos a circular sin estar sujetos a riesgos evitables.
III. Elementos de la convivencia y la seguridad
La prioridad del peatón, la protección del ciclista y la integración del
automóvil requieren tres pilares: infraestructura, reglas claras, y gobernanza
eficaz.
Infraestructura. Decía John Pucher y Lewis Dijkstra en su clásico artículo
“Promoting Safe Walking and Cycling to Improve Public Health: Lessons from the
Netherlands and Germany” (2003) que el éxito de la movilidad activa depende
de “caminos y carriles que sean seguros, convenientes y continuos, de modo
que el usuario perciba que su opción es viable y deseable”.
En los Países Bajos y Alemania estos enfoques han permitido reducir la
siniestralidad y elevar la cuota de viajes en bici: por ejemplo, en los Países Bajos
hay más de 35.000 km de vías ciclistas dedicadas, con un ambiente de
infraestructura de largo aliento.
En nuestra legislación, ese nivel de estandarización no existe: no hay
obligación de separación física, no hay criterios nacionales de continuidad,
señalética, velocidad de diseño o intersecciones seguras para bicicletas.
Tampoco se ha creado un fondo especial para cofinanciar infraestructura
ciclista de escala nacional — lo que deja a los municipios muy desigualmente
equipados./final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
Reglas claras. Libertad no implica caos: implica que los usuarios puedan
anticipar qué está permitido, dónde y bajo qué condiciones. Si un usuario de
bicicleta asistida llega a 30 km/h y entra en una ciclovía diseñada para 15–20
km/h, el resultado es un riesgo directo para peatones o usuarios de bici
convencional. En este sentido, recientes estudios sobre “speed pedelecs” en
Europa muestran que, aunque su uso crece, la normativa reguladora varía
enormemente entre Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza.
En ausencia de definición técnica nacional clara, se produce
ambigüedad regulatoria, que mina la libertad de elección y empeora la
seguridad.
Gobernanza, datos y regulación. Sin información sobre siniestralidad, uso
modal, condiciones de infraestructura, difícilmente podrá evaluarse la política
pública. Turquín un enfoque de observatorio nacional, rendición pública de
datos y mecanismos de financiación estables. La libertad de movilidad exige
transparencia, rendición de cuentas y un diseño técnico-político que no
dependa de improvisaciones. Como señala el estudio “Improving urban bicycle
infrastructure …” (2022) sobre Múnich: el diseño de infraestructura responde a
demandas de usuarios, análisis de baches, continuidad, etc., lo que requiere
gobernanza activa y evaluación.
IV. Comparativo internacional y lecciones para nuestro caso
Los Países Bajos (Holanda) constituyen una referencia paradigmática: allí,
la bicicleta no es una medida marginal, es parte del sistema de transporte
público y urbano. La cantidad de viajes diarios en bici es tan alta que se integra
al diseño urbano, se planifica desde el Estado central y los municipios, y se
prioriza mediante políticas consistentes. Por ejemplo, el estudio “Health in All
Policies? The case of policies to promote bicycle use in the Netherlands” (2014)
concluye que ese país cuenta con 35.000 km de ciclovías, estacionamientos/final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
masivos de bicicletas en estaciones de tren y una cultura construida a lo largo
de décadas.
Además, según datos recientes, los neerlandeses realizan
aproximadamente el 23 % de sus trayectos en bicicleta, incluso en invierno, lo
que muestra una cultura de uso extendido e integrada.
Alemania, por su parte, ha desarrollado una estrategia nacional de
movilidad activa (“German National Cycling Plan 3.0”), con metas explícitas
para convertirse en un país de “commuters en bicicleta”. Este tipo de política
sistemática y de alcance federal es replicable en nuestro caso.
En cuanto a la regulación de bicicletas con asistencia eléctrica, la
mencionada comparación europea de “speed pedelecs” demuestra que la
ausencia de normas uniformes genera brechas de seguridad y
aprovechamiento. En el informe de la asociación alemana de la industria de la
bicicleta (ZIV) se señala que, aunque estos vehículos pueden sustituir autos, las
regulaciones varían enormemente, y sin un marco coherente el instrumento
pierde eficacia.
Para nuestro país, la adopción de esos principios exige traducirlos a
nuestro contexto: infraestructura protegida, estándar nacional, fondos
específicos, clasificación de vehículos con asistencia, registro, seguro,
educación, datos públicos, sanciones proporcionales, sin burocracia que
impida la libertad de uso.
V. Por qué ahora y por qué con esta ley
Hoy contamos con una convergencia de factores: la transición
energética exige reducir el uso de combustibles fósiles, la urbanización
creciente hace que los espacios públicos se saturen y disminuya la calidad de
vida, la ciudadanía demanda alternativas de movilidad más saludables y/final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
eficaces. Desde la óptica liberal, el Estado debe intervenir no para
restringir posibilidades, sino para ampliar libertades reales, permitiendo que el
ciudadano elija medios de transporte más ligeros, más sostenibles y menos
costosos, siempre que esa elección respete el derecho de los demás a transitar
sin peligro.
Esta ley propone intervenir en tres frentes:
• Primeramente, crear el marco jurídico que clarifique derechos,
obligaciones, categorías técnicas y responsabilidades compartidas. Esto
asegura que la libertad de desplazamiento sea segura, predecible y
ampliamente accesible.
• En segundo lugar, dotar de infraestructura y financiamiento estable para
que la opción de movilidad activa no sea una elección de pocos
privilegiados, sino una alternativa real para muchos.
• Finalmente, institucionalizar la gobernanza, la educación, la disciplina vial
y el monitoreo para transformar la movilidad urbana de modo sostenible,
equitativo y moderno.
La libertad no consiste únicamente en permitir que cada uno use su medio
de transporte como quiera; consiste en crear las condiciones para que todas las
opciones relevantes sean accesibles, seguras y respetadas. En este sentido,
hemos visto que cuando los Países Bajos o Alemania invierten sistemáticamente
en bicicletas, no solo mejoran la movilidad, sino que fortalecen la cohesión
urbana, reducen desigualdades de acceso, bajan la siniestralidad y promueven
salud pública. Luego, esta ley no es un capricho técnico: es una política de
libertad, de justicia urbana, de futuro./final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
VI. Crítica a la inacción y llamada al compromiso
Permitir que continúe el modelo actual —infraestructura fragmentada,
normativa obsoleta, dispositivos sin clasificación clara, y usuarios inseguros—
equivale a permitir que la libertad de desplazamiento se degrade. Peatones que
esquivan ciclistas en veredas, ciclistas que se exponen en calzadas sin
protección, automovilistas que no respetan distancias ni prioridad: todo ello
atenta contra la convivencia, la calidad de vida urbana y el derecho a moverse
sin temor. Es una miopía intelectual creer que basta con pintar un carril para
resolver el problema; como advierten los estudios, sin separación física,
continuidad, diseño seguro y educación, las ciclovías se vuelven teatro de
riesgo, no de libertad.
La libertad exige responsabilidad, y la responsabilidad exige reglas claras.
No podemos seguir relegando la cuestión a ordenanzas locales sin un mínimo
nacional que garantice equidad entre provincias y municipios. Tampoco
podemos permitir que los avances tecnológicos —bicicletas eléctricas,
micromovilidad— queden al margen o a merced de interpretación local,
generando inseguridad jurídica, desigualdad de acceso y riesgos evitables.
VII. Conclusión
En conclusión, esta iniciativa representa un paso fundamental hacia una
movilidad urbana que sea realmente libre, segura, eficiente y moderna.
Proponemos un marco legal que reconozca la bicicleta y la micromovilidad
como vectores de libertad y de desarrollo, que contemple infraestructura de
calidad, clara clasificación técnica de vehículos, educación vial,
financiamiento, datos y sanciones proporcionales./final_de_pagina/“2025 - Año de la Reconstrucción
de la Nación Argentina”
Tomemos la visión de la libertad como motor de transformación urbana:
que ninguna persona tenga que depender de un automóvil porque no existe
alternativa segura, que escuchen el clamor de los peatones, que los ciclistas se
desplacen sin temer por su vida, que las
ciudades respiren, que la sostenibilidad deje de ser un mero eslogan. Como dijo
el filósofo Isaiah Berlin, “la libertad para el hombre moderno no es simplemente
ausencia de coerción; es la posibilidad real de elegir entre modos de vida
distintos”. Aquí fomentamos esa elección.
Solicito a esta Honorable Cámara la sanción de la presente ley, para que
deje de ser una visión y pase a ser acción concreta.
Firmante: Gerardo Milman/final_de_pagina/