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Fundamentos
Señora Presidente:/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
En esta oportunidad presento este proyecto de ley fundado en que la
legislación comparada en materia de Derechos Humanos ha realizado
un avance importante que considero debemos contener en la legislación
argentina.
Si bien reconocemos, junto a muchos juristas y doctrinarios, que no por
tipificar nuevos delitos o aumentar las penas se garantiza una sociedad
más segura, el presente proyecto pretende castigar, con pena privativa
de la libertad e inhabilitación, a los funcionarios públicos que se declaren
a favor del terrorismo de Estado, o que nieguen, pongan en duda,
relativicen dichos crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se establece
un sistema de capacitación para funcionarios públicos en derechos
humanos a fin de poder acceder a la información necesaria con un
programa de contenido específico para el caso.
En principio como antecedente relevante traemos a consideración que
la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 13, inciso
2, permite a los Estados establecer sanciones para discursos que
difundan odio. En base a ello, por ejemplo, en la República Oriental del
Uruguay en el año 2003, se sancionó la Ley de Incitación al Odio,
Desprecio o Violencia o Comisión de estos Actos contra determinadas
Personas (Ley N.° 17.677).
Por otra parte, en las legislaciones europeas, la negación del Holocausto
se encuentra penada en diversos países, entre ellos Alemania, España,
Suiza, Bélgica, Austria y Francia. Agregándose que en Suiza está
penada la reivindicación o la negación de cualquier genocidio, partiendo
de una configuración genérica de este concepto. En función de ello, la
Corte Europea de Derechos Humanos pretende homogeneizar la
situación basándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
que ratificaron 47 países. Sin embargo, no tiene poder para condenar a
ningún ciudadano cuyo país no reconozca el negacionismo como delito./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Dentro de Europa, negar el Holocausto sólo se considera delito en
Francia, Alemania, Bélgica y Suiza.
En Reino Unido, Dinamarca o Suecia, la libertad de expresión no tiene
límites penales más que, en el caso de las publicaciones, el llamado
delito de difamación. Al contrario, Francia, Alemania y Bélgica sancionan
el delito de negacionismo del genocidio nazi. En España y en Suiza es
delito la negación de cualquier crimen contra la humanidad. Los otros
países europeos no sancionan el negacionismo como tal, pero tienen
mecanismos como el delito de racismo o incitación al odio racial para
condenar a los más radicales.
Por su parte, Francia es el país europeo donde el debate sobre la
conveniencia de legislar sobre el negacionismo está más vivo. Una ley
votada en 1990 prevé una multa de 45.000 euros y un año de cárcel
contra "la expresión pública que controvierta la existencia de crímenes
contra la humanidad" -definidos por el Tribunal de Núremberg en 1946-
Los recientes comentarios públicos que ponen en duda la existencia del
plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés
por parte de la última dictadura cívico militar argentina entre los años
1976-1983, no son novedosos, pero -por respeto a las víctimas y a la
imagen de la República Argentina ante la comunidad internacional-
consideramos que es fundamental adaptar la legislación nacional al
estándar internacional en esta materia.
Muchos de los debates producidos en torno a la sanción de los llamados
delitos de negacionismo se alimentan de las libertades de expresión y
de prensa. En este sentido, no hay colisión alguna entre las libertades
En efecto, los discursos negacionistas se escudan en la libertad de
expresión y en la participación ciudadana en el debate público,
entendiendo una igualdad formal entre los negacionistas y las víctimas./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Con estas modificaciones, se busca la preservación la memoria histórica
y sensibilidad hacia las víctimas de la dictadura militar y sus familiares,
y el pueblo argentino en general; así como prevenir la propagación de
discursos que promuevan la negación, la justificación o la relativización.
Se trataría de un fenómeno cultural político y jurídico que en lo medular
niega la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte
de la ciudadanía, como hechos de máxima injusticia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de Ley.
Sergio N. Leavy.- Cándida C. López.- Lucía B. Corpacci.- María I. Pilatti
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