PROYECTO DE LEY DE EXTINCION DE DOMINIO.
“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
(S-1961/2024)
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados ,…
EXTINCIÓN DE DOMINIO
I.- TITULO I. DE LA EXTINCION DEL DOMINIO. MODIFICACIONES
LEGISLATIVAS:
ARTÍCULO 1.- Concepto y finalidad. La extinción de dominio es una
acción civil que tiene por finalidad producir el desapoderamiento de los
bienes que fundadamente se sospechan vinculados a actividades
criminales de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción de
funcionarios, a efectos de impedir su continuidad o el entorpecimiento
del desarrollo de la política criminal implementada para combatirlas.
ARTÍCULO 2. - Sustitúyese el artículo 386 del Código Civil y Comercial
de la Nación, que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo
386: Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que
contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres o sean
una derivación directa o indirecta de hechos ilícitos previstos y
reprimidos por la legislación penal. Son de nulidad relativa los actos a
los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de
ciertas personas.”
ARTÍCULO 3. - Sustitúyese el artículo 1.775 del Código Civil y Comercial
de la Nación por el siguiente: “Artículo 1.775: Suspensión del dictado de
la sentencia civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es
intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe
suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal,
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con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción
de la acción penal; b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en
los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado; c) si
la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo
de responsabilidad; d) si se ha iniciado o puede iniciarse una acción de
extinción de dominio a favor del Estado.”
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 1907 del CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 1907. Extinción. Sin perjuicio de los medios de
extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los
derechos reales, éstos se extinguen, por la destrucción total de la cosa
si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono, por la
consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena y por sentencia
judicial que así lo disponga en un proceso de extinción de dominio.”
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como inciso 4 del artículo 21 de la Ley N°
24.522 y sus modificatorias, el siguiente: “4. Los procesos de extinción
de dominio.”
ARTÍCULO 6°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 5° de la Ley
N° 27.148 y su modificatoria, el siguiente: “La legitimación activa del
Ministerio Público Fiscal de la Nación en el régimen de extinción de
dominio a favor del Estado Nacional queda incluida entre sus funciones.”
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como inciso h), del primer párrafo del
artículo 22, de la Ley N° 27.148, el siguiente: “h) Procuraduría de
Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional.”
II.- TITULO II. RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO:
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ARTÍCULO 8°.- Naturaleza. La acción de extinción de dominio es una
acción civil que tiene por objeto extinguir el dominio principal o accesorio
ejercido sobre bienes muebles o inmuebles que, en los términos del
artículo 23 del Código Penal, sean considerados instrumento o provecho
de los delitos especificados en el Artículo 13º de la presente ley, a fin de
transmitir dicho dominio a favor del Estado. La extinción de dominio se
declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de
cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna otra
pretensión.
ARTÍCULO 9°.- Jurisdicción y competencia. Corresponde entender y
resolver las acciones previstas en el presente régimen a los Juzgados
Civiles y Comerciales con competencia federal. En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, será competente la Justicia Nacional en lo Civil y
Comercial Federal. En relación al lugar la competencia será la del juez
del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus
bienes, a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes
ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en
todas o cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 10°.- Facultades del Ministerio Público Fiscal. Procuraduría
de extinción de dominio a favor del Estado Nacional:
I.- El Ministerio Público Fiscal, a través de los agentes fiscales
competentes, es el responsable de dirigir y realizar la investigación para
establecer y fundamentar la concurrencia de una o más de las causales
de extinción de dominio, de iniciar, promover o desistir de la acción
correspondiente.
II.- La Procuración General de la Nación contará con una Procuraduría
de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades
para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la
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identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno
de los delitos enumerados en el artículo 13° del presente, en los casos
que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22, segundo párrafo, de la Ley N° 27.148 y su modificatoria,
determinará el funcionamiento de la Procuraduría de Extinción de
Dominio a favor del Estado Nacional y establecerá los criterios que
orienten el inicio y selectividad de las acciones de extinción de dominio
en función de la significación económica de los bienes, el grado de
afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
La Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional
estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado
Nacional así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán
negarla bajo ninguna circunstancia.
A requerimiento del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el juez competente
deberá levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil o el establecido en
los artículos 22 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y 87 -primer
párrafo- de la Ley N° 27.260.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría podrá conformar
equipos de investigación conjunta con organismos locales,
internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar
colaboración internacional en los términos de la normativa, los
convenios y pactos vigentes.
ARTÍCULO 11°.- Partes. Cuando se den las circunstancias previstas en
el artículo 8° del presente régimen, el Ministerio Público Fiscal podrá
demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la
tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien
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objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentre o no imputada
en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los
términos de los artículos 90 y 94 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, a la Procuración del Tesoro de la Nación y a toda otra
persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la demanda
que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.
ARTÍCULO 12°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen
aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con
posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que,
por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor,
poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado,
permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de
los delitos enunciados en el artículo siguiente.
Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o
inmueble, tangible o intangible , registrable o no, los documentos o
instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre
los bienes mencionados, o cualquier otro activo susceptible de
apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de
los bienes previstos en el inciso anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios
derivados de los bienes previstos en cualquiera de los incisos anteriores.
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ARTÍCULO 13°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio
procede respecto de los bienes que presuntamente provienen de los
siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de
la Ley N° 23.737 y sus modificatorias;
b) Los previstos en los artículos 866 y 867 del CÓDIGO ADUANERO,
aprobado por la Ley N° 22.415 y sus modificatorias;
c) Los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del CÓDIGO
PENAL DE LA NACIÓN;
d) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer
párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y 170 del CÓDIGO PENAL DE LA
NACIÓN;
e) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del CÓDIGO PENAL DE LA
NACIÓN, siempre y cuando la investigación impute a un funcionario
público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos;
f) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no
pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, y 277 a 279 del CÓDIGO
PENAL DE LA NACIÓN;
g) Los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del CÓDIGO
PENAL DE LA NACIÓN, siempre que el hecho ilícito penal precedente
fuera alguno de los enumerados en este artículo;
h) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del CÓDIGO PENAL
DE LA NACIÓN, siempre y cuando los delitos que se le atribuyan a la
asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.
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ARTÍCULO 14°.- Medidas cautelares. Los agentes fiscales intervinientes
deberán informar a la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del
Estado Nacional, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que
pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de
alguno de los delitos enumerados en el artículo 13° del presente.
Cuando la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado
Nacional tenga elementos que permitan considerar que un bien proviene
directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en el
artículo 11°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado
de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurarlo a los
fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran
decretado.
ARTÍCULO 15°.- Demanda. Objeto. La acción de extinción de dominio
se iniciará y ejercerá por el agente fiscal designado, cuando estime que
la investigación preliminar proporciona fundamento serio y razonable
sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en los
artículos precedentes. Asimismo, el dictado de medidas cautelares
sobre alguno de los bienes descriptos en el artículo 12° de este régimen
en la existencia de alguna investigación por los delitos enumerados en
el artículo 13°, habilita al agente fiscal a la presentación de una demanda
de extinción de dominio sobre dichos bienes, debiéndose acompañar la
documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las
reglas del procedimiento previsto en el artículo 498 del CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, con excepción del
plazo de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 16°.- Excepción previa. Sólo será admisible, como
excepción de previo y especial pronunciamiento en los términos del
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artículo 346 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACIÓN, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda
se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de
presunta comisión del delito investigado, cuando esa circunstancia fuere
manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última
circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.
ARTÍCULO 17.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga
probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la
acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con
anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado y el
origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II,
del Libro Segundo del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE
LA NACIÓN.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal propenderán a alcanzar
acuerdos de extinción de dominio, siempre y cuando los activos
involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento
patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos
acuerdos serán sometidos a la homologación judicial, y tendrán efecto
de cosa juzgada.
ARTÍCULO 18.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los
requisitos previstos en el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN, la sentencia de extinción de dominio deberá contener:
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a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse
la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o los
demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una
causa lícita a su patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa
de los bienes o derechos afectados por la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes
identificados conforme al inciso b) sin contraprestación ni compensación
alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y
productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes
afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no
pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los
hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a
favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su
valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios
previstos por el CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACIÓN, así como el plazo para la subasta de los bienes de
conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 20 del
presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles
registrables, la notificación a los registros respectivos del cambio de
titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
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h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y
la compensación prevista en el artículo 20 del presente régimen, en caso
de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la
República Argentina, deberá identificarlos de manera precisa, con el
objeto de que la Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado
Nacional proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución
de sentencia en la jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación
aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de
dominio, deberá comunicarse al juez a cargo de la investigación penal
en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos
de que adopte la determinación que estime corresponder.
ARTÍCULO 19.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada
respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del
resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede
penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho
hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a
restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar
imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.
ARTÍCULO 20.- Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción
de dominio. Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio,
la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles
sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO,
organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE
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GABINETE DE MINISTROS. En las mismas circunstancias, el dinero en
efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a
una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su
depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados
regulados nacionales o internacionales serán administrados por el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad que funciona en la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá
ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos
incurridos para su localización y secuestro, administración y
mantenimiento y demás costos procesales, su producido será destinado,
conforme a la reglamentación que se dicte, a lo siguiente: a. Financiar
programas de atención y reparación a las víctimas de las actividades
delictivas previstas en el artículo 13 precedente. b. Financiar programas
de prevención de las actividades delictivas previstas en el artículo 13
precedente. c. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas
del combate al crimen organizado, en particular de las dependencias
especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio. d.
Invertir en el sistema de administración de bienes.
ARTÍCULO 21.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del
Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad a cargo de la
administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes
sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer,
deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere
erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes
cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento.
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Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos
reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los
interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con
sus intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de
dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar
la compra simulada o fraudulenta del bien que frustre los fines de
desapoderamiento perseguidos por el presente régimen. Asimismo, el
juez podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad
pública;
c. Amenacen su ruina.
ARTÍCULO 22.- Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Nacional deberá
establecer un fondo de garantía, conformado por un porcentaje del
producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los
efectos previstos en el último párrafo del artículo 19.
ARTÍCULO 23.- Prescripción. La acción de extinción de dominio es
imprescriptible.
ARTÍCULO 24.- Programas de colaboración. El Ministerio Público Fiscal
podrá desarrollar programas de colaboración de personas que aporten
información relevante para las investigaciones que lleve adelante la
Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional,
fijando como compensación un porcentaje que no podrá exceder del
SEIS POR CIENTO (6%) de los bienes cuyo dominio se declare
extinguido como consecuencia de la información aportada por el
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colaborador. A tal efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo
del proceso, la existencia de uno o más colaboradores, cuya identidad
será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha
compensación. La retribución a la que se refiere el presente artículo no
será aplicable a empleados, servidores o funcionarios públicos en el
ejercicio o en ocasión de sus funciones, ni a aquellas personas sobre
las que se haya otorgado el criterio de oportunidad.
ARTÍCULO 25.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio
procede aún en los casos en que los bienes se encuentren cautelados
o vinculados de cualquier modo a otro proceso.
ARTÍCULO 26.- Inoponibilidad. Ningún acto jurídico realizado sobre los
bienes objeto de la demanda es oponible a la acción de extinción de
dominio prevista en el presente régimen, con excepción de los
realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo
caso deberá procederse conforme a lo establecido en el inciso e) del
artículo 18 del presente.
III.- TITULO III.- COOPERACION INTERNACIONAL
ARTÍCULO 27.- Deber de cooperación internacional: El Estado
cooperará con otros Estados en lo relativo a las investigaciones y
procedimientos cuyo objeto sea la extinción de dominio, cualquiera que
sea su denominación.
ARTÍCULO 28.- Trámite de la solicitud. Se dará respuesta a las
solicitudes de extinción de dominio y de asistencia en la investigación y
medidas cautelares que tengan el mismo fin. La asistencia se prestará
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Una vez recibida
una solicitud de otro Estado que tenga jurisdicción para decretar la
extinción de dominio, se adoptarán de inmediato las medidas
encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo
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o la incautación de los bienes, así como para la ejecución de la sentencia
de extinción de dominio. Se ejecutará la respectiva solicitud de
asistencia aún cuando se especifiquen procedimientos y acciones no
previstas en la legislación del Estado requerido, siempre que no
contradiga principios fundamentales de su ordenamiento jurídico
interno. Las solicitudes procedentes de otros Estados a efectos de
identificación, localización, embargo preventivo o incautación,
aprehensión material o ejecución de la sentencia de extinción de
dominio, han de recibir la misma prioridad que las realizadas en el marco
de los procedimientos internos.
ARTÍCULO 29.- Aplicación de convenios internacionales. Los convenios
internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así como
cualquier otro convenio internacional que regule la colaboración
internacional en materia de decomiso y de localización, identificación,
recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, suscritos,
aprobados y ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los
casos previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 30.- De la cooperación internacional para la administración
de bienes. El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales
de cooperación para facilitar la administración de bienes. Tales acuerdos
contendrán disposiciones relativas a los gastos de administración y a la
forma de compartir bienes.
IV.- DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 31.- Deber de información de los funcionarios públicos. El
funcionario público que conozca acerca de la existencia de bienes que
puedan ser objeto de extinción de dominio estará obligado a informar
inmediatamente a la autoridad competente. El incumplimiento de esta
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obligación dará lugar a las sanciones administrativas y penales que
correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
ARTICULO 32.- Comunicación a la Comisión Bicameral Permanente. El
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL deberá dar cuenta de la aplicación del
presente régimen a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN prevista en el artículo 6° de
la Ley N° 27.148 y su modificatoria.
ARTICULO 33.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a dictar las normas de procedimiento que sean necesarias
a los fines de la aplicación local de la extinción de dominio prevista en la
presente ley.-
Artículo 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mariana Juri.- Victor Zimmermann.- Stella M. Olalla.- Flavio F. Fama.-
Daniel R. Kroneberger
- Expediente
- 1961/24
- Cámara
- Senado de la Nación Argentina
- Presentado
- 7 de octubre de 2024
