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Señora Presidente:
La Provincia de Santa Fe, el Departamento Rosario y en especial la
ciudad cabecera del mismo, está sumergida en una profunda crisis de
violencia extrema provocada por el narcotráfico. En el año 2022
presente el Expte. S-1856/22, solicitando declarar la Emergencia en
materia de Seguridad en la provincia que represento. Este Expte. Perdió/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
estado parlamentario porque murió en un cajón, aun habiéndose
solicitado en tiempo y forma, su tratamiento en la comisión
correspondiente.
Los santafesinos vivimos durante varios años, un estado anárquico, con
la ausencia total de los tres estamentos del estado, en especial el del
Estado Nacional, responsable por Ley de combatir al narcotráfico y el
crimen organizado.
Estamos viviendo un estado de emergencia agravado por los cuatro
años de abandono del anterior gobierno que poco y nada hizo tanto a
nivel federal como provincial para estar a la altura de la lucha que
semejante problemática necesita.
Esta inacción nos llevó a lamentar el triste número de 1543 (mil
quinientos cuarenta y tres) homicidios durante el período 2019-2023 en
todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
Estos números venían bajando durante los primeros meses de 2024 con
el accionar directo del gobierno nacional y provincial mediante la
Ejecución del Plan Bandera. Sólo en Rosario, los homicidios dolosos
cayeron un 47,3%.
Al accionar conjunto entre nación y provincia deben sumarse una serie
de decisiones llevadas adelante relativas a la restricción de las
libertades y privilegios de los detenidos: restitución de los pabellones de
alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de
Piñero; suspensión del ingreso de alimentos a las cárceles por parte de
familiares; instalación de inhibidores de señal de celular.
Todas estas medidas que alteraron el esquema de privilegios
consolidado para ciertos jefes del narcoterrorismo fueron respondidas
con una terrible represalia desde inicios de marzo del 2024 que terminó
con el asesinato de Héctor Figueroa, Diego Celentano, Marcos Daiola y/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
el último Bruno Bussanich y con el asedio a la ciudad de Rosario tras las
amenazas a la población dejadas por estas bandas quienes advirtieron
una continuidad en su accionar si no se “respetan sus derechos” (cita
textual de la nota dejada en una de las escenas del crimen).
Esta situación en la que un trabajador no puede salir tranquilo a la calle
y se ve obligado a recluirse en su casa sin poder circular libremente por
el miedo es no sólo moralmente inhumano, sino también violatorio de los
derechos a la vida (art. 4), derecho a la integridad personal (art.5),
derecho a la libertad y a la seguridad personal (art. 7) consagrados en
la Convención Americana de Derechos Humanos con rango
constitucional desde 1984 (23.054); también consagrados en el Artículo
3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75, inc. 22 de
la Constitución Nacional), y el derecho a la libre circulación garantizado
en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
A esto tenemos que sumarle que, según un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Rosario, se determinó que “en términos
anuales, los consumos de marihuana y cocaína, trepa a los 111.569.669
millones de dólares en Santa Fe” (esta última de acuerdo a la
prevalencia estimada); a esto hay que sumarle que económica y
geográficamente, la zona portuaria del Gran Rosario y por consiguiente,
desde el Rio Paraná, sale gran cantidad de cargamentos de
estupefacientes a diferentes destinos del mundo. La vida de los
santafesinos y la integridad del territorio provincial y nacional está
comprometida ante la amenaza de un problema de escala internacional
que puede agravarse cada vez más.
Es nuestro deber, entonces, tomar celeridad en la consecución de
respuestas y no repetir el lamentable escenario de inacción vivido
durante los años del kirchnerismo. Esto no puede volver a repetirse, la
vida de los santafesinos demanda respuestas urgentes./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
La ciudadanía reclama la inminente intervención del Estado, tanto en la
esfera nacional como provincial. No pueden llevar una vida normal, sin
temer por sus vidas o la de sus familias.
No podemos mostrarnos insensibles e indiferentes a esta gravísima
situación que se perdura en el tiempo y se aumenta día tras día.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Carolina Losada/final_de_pagina/