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Fundamentos
Señora Presidente:
La educación en Argentina es un derecho fundamental reconocido a través del
artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes de la
Nación gozan del derecho de enseñar y aprender, y acompañado de otros principios
previstos en los artículos 41, 42, 75, incisos 17, 18 y 19 y de las Convenciones y Tratados
Internacionales con jerarquía constitucional (Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre: artículo XII; Declaración de los Derechos Humanos: artículo 26;
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: art. 10 y 14;
Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial: art. 5; Convención por los Derechos del Niño: art. 28 y 29) y de la Ley de
Educación Nacional N°26.206.
En este marco normativo, el Estado -Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires- debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los
niveles del sistema educativo en el ejercicio del derecho a la educación para toda la
población que vive en el país. Precisamente, es en este marco que se presenta este proyecto
de ley, que pretende incentivar las iniciativas educativas a través de la herramienta del
Mecenazgo Educativo.
Esencialmente, con el objetivo de garantizar y promover el acceso y ejercicio del
derecho a la educación, este proyecto procura incentivar la formación de un vínculo de
interacción mixta tripartita de los protagonistas del Mecenazgo Educativo: la Autoridad de
Aplicación, los Patrocinadores (representados por aquellas personas humanas o jurídicas
interesadas en ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los
Beneficiarios (identificados con aquellas instituciones y organizaciones que realizan
proyectos de educación que generen o fomenten iniciativas relacionadas con la mejora de
la calidad de la educación). En este sentido, el objetivo principal del proyecto es captar y
generar recursos económicos para que a través de la Autoridad de Aplicación sean
canalizados a los Beneficiarios con el fin de garantizar la concreción de propuestas
inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor
calidad educativa en los distintos niveles y modalidades de la educación formal, no formal
y de organizaciones de la sociedad civil con participación en esta área.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los regímenes vigentes de
participación cultural y de mecenazgo deportivo constituyen antecedentes normativos
directos y operativos para la implementación de un esquema de mecenazgo educativo, en
tanto ambos instituyen mecanismos institucionalizados de articulación público-privada
basados en incentivos fiscales orientados al financiamiento de bienes públicos específicos.
En efecto, la Ley de Participación Cultural establece un régimen destinado a
estimular la inversión privada en proyectos culturales mediante la imputación de aportes
como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo supervisión estatal y con
criterios de elegibilidad, control y evaluación claramente definidos. De manera análoga, la
Ley N.º 6.515 de Mecenazgo y Patrocinio Deportivo regula la canalización de recursos
privados hacia proyectos deportivos, incluyendo aquellos con fines de inclusión social,
consolidando un esquema donde el Estado conserva funciones de rectoría, fiscalización y
aprobación de proyectos, mientras habilita la participación del sector privado en el
financiamiento de políticas públicas sectoriales.
Ambos regímenes evidencian que el diseño de incentivos fiscales no implica una
retracción del Estado, sino una reconfiguración eficiente de su rol como asignador y
regulador de recursos, validando la extensión de este modelo al campo educativo. En este
sentido, la creación de un régimen de mecenazgo educativo constituye la ampliación
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la asignación de recursos y fortalecer sectores estratégicos mediante la participación del
sector privado bajo control público.
Existen además, experiencias internacionales con regímenes de mecenazgo
educativo, particularmente el régimen de exoneraciones impositivas vigente en Uruguay,
constituye un antecedente normativo relevante en tanto demuestra la viabilidad de
mecanismos de financiamiento indirecto del sistema educativo mediante la canalización de
recursos privados con incentivo fiscal.
En efecto, la legislación uruguaya ha permitido consolidar esquemas de
participación público-privada donde el Estado no se desentiende de su rol rector, sino que
redefine su función como articulador de recursos, habilitando la intervención de actores
privados en el financiamiento educativo sin transferir la responsabilidad pedagógica. En
este marco, el caso del Liceo Impulso en Montevideo constituye un ejemplo paradigmático:
se trata de una institución educativa gratuita de gestión privada, emplazada en un contexto
de alta vulnerabilidad social, cuyo funcionamiento es posible gracias a un régimen de
exoneración impositiva que incentiva las donaciones empresariales, permitiendo financiar
integralmente su estructura operativa sin costo directo para las familias.
Este tipo de experiencias evidencia que los incentivos fiscales pueden operar como
instrumentos eficaces para ampliar la cobertura, mejorar la calidad educativa y dirigir
recursos hacia sectores críticos, configurándose así como un antecedente sólido para el
diseño de un régimen de mecenazgo educativo en la Ciudad.
Nuestro deber como legisladores es diseñar iniciativas que generen los incentivos
apropiados para abordar los desafíos del derecho a la educación con el objetivo de
promover el desarrollo humano. Justamente, la presente propuesta legislativa determina la
forma en que se implementará la herramienta del mecenazgo educativo, inaugurando un
mecanismo transparente de financiación de proyectos educativos y, en consecuencia,
profundizando la transformación educativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
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