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Fundamentos
Señora Presidente:
La educación es el bien más preciado por una importante porción de la
sociedad argentina. Nuestra sociedad se ha desarrollado alrededor de
este derecho. Y ha sido la pieza angular del desarrollo social y
económico de nuestro país. La movilidad social ascendente ha tenido
entre otros pilares a la educación como un peldaño importante para el
crecimiento.
En Argentina, la educación aún no está considerada un servicio público
esencial sino que en su artículo 14 de la Constitución Nacional se
asegura el derecho a la educación. El artículo 2 de la Ley 26.206
sostiene que, la educación es un bien público y un derecho personal y
social y que debe estar garantizado por el Estado./final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Por lo tanto, el derecho a la educación tiene rango constitucional,
conforme surge del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que impone a las
provincias la obligación de asegurar "la educación primaria"; el artículo
75, inciso 19, que incorpora los principios de "gratuidad y equidad de la
educación pública estatal" y los diversos tratados internacionales de
derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22 del texto
constitucional (artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales, 28 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre). Como se observa, la educación como actividad fue
adquiriendo a lo largo de la historia argentina una creciente centralidad
social y luego legal.
La UNESCO expresa que: La educación es un derecho humano
fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la
pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo
sostenible.
El Consejo Económico y Social de la ONU observa que “la educación es
un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar
otros derechos humanos. En tanto derecho del ámbito de la autonomía
de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos
y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y
participar plenamente en sus comunidades.” (ONU, Consejo Económico
y Social, observación Nº 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1999: 1). Como resume la primera
relatora del derecho a la educación de la ONU, Katarina Tomaševski, la
efectiva garantía del derecho a la educación aumenta el goce de todos
los derechos y libertades individuales y su negación o violación priva a
ciertas poblaciones el disfrute de muchos de ellos.
Hoy, el crecimiento económico, el desarrollo social y la comprensión del
mundo se basan en la educación. La principal riqueza que puede tener/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
un ser humano es su capacidad, su educación para lograr su pleno
desarrollo e integración en una sociedad cada vez más compleja,
interrelacionada y demandante de capacidades cognitivas crecientes.
En esta actualidad, declarar la esencialidad de la educación es el paso
siguiente para seguir afirmando la importancia de la misma, continuar
brindando un servicio educativo de calidad, universal y a la altura de una
demanda social cada vez más sofisticada.
Las familias argentinas observan un deterioro de las condiciones
materiales, edilicias y de recursos humanos en el ámbito de la educación
y si a esto se le suma la pérdida de horas y de días de clases de forma
sostenida en el tiempo, la esencialidad parece insoslayable.
Este proyecto de ley sostiene al concepto de educación como un
derecho humano fundamental del niño, inherente a toda persona.
También entiende a los niños como sujetos de derecho. La falta de
acceso a la educación afecta a la integridad de las personas y en
consecuencia a sus vidas, por estos motivos a la construcción de su
futuro. La Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes reconoce también a la educación como
derecho de niños, niñas y adolescentes, sustentado en el principio del
interés superior del niño, y asegura su máxima exigibilidad. En su
artículo 3, establece que cuando exista conflicto entre los derechos e
intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
En virtud de lo expuesto, y sin desconocer que en nuestro país tenemos
un Estado federal y que las Constituciones Provinciales y cada
jurisdicción deben garantizar el acceso al derecho a la educación, es
fundamental reconocer que nada de ello es óbice para que el Estado
Nacional promueva, proteja y garantice el derecho a la educación.
En consecuencia, en el presente proyecto de ley se requiere que el
Poder Ejecutivo y el Ministerio de Capital Humano, a través de la/final_de_pagina/“2024 – AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD”
Secretaría de Educación, cumplan con sus responsabilidades, y en
puntual de conformidad con el inciso 7 del artículo 23º bis del Decreto
8/2023, entienda en el funcionamiento del sistema educativo con
enfoque federal, contribuyendo con asistencia técnica y financiera a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reconocer el rol fundamental de la educación para el desarrollo y la
integridad de las personas, reconocer a la educación como derecho
necesario y transversal a todo otro derecho fundamental y garantizar su
efectivo ejercicio; implica necesariamente que el Estado nacional
reconozca la esencialidad de este derecho.
Por los motivos expuestos y por la importancia de la temática le solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Martín Lousteau.- Guadalupe Tagliaferri/final_de_pagina/