Esta medida busca adecuar el control de las empresas a la realidad económica actual y estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, su impacto en los negocios y los posibles efectos de la inflación son temas de debate. Exploremos cómo este cambio puede cambiar el panorama empresarial y qué implicancias tiene para la economía del país.El Ministerio de Justicia, a través de una disposición en el Boletín Oficial, ha fijado en pesos dos mil millones el monto de capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente. Esta modificación busca adecuar el control de las empresas a la realidad económica actual y estimular el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº DNU-2023-70-APN-PTE. No obstante, el aumento del capital social exigido plantea interrogantes en cuanto a su impacto en los negocios. Por un lado, se espera que las empresas más grandes enfrenten un mayor control y fiscalización, lo que podría generar mayores costos y cargas burocráticas. Por otro lado, la medida podría beneficiar a las pymes, al simplificar sus obligaciones y fomentar su crecimiento.Sin embargo, uno de los factores que podrían afectar la efectividad de esta medida es la alta tasa de inflación existente en el país, la cual ha sido superior a 1800% en los últimos años. Aunque se espera que se tomen medidas correctivas para estabilizar la economía, es posible que la inflación persista en el corto plazo, lo que podría complicar el panorama para las empresas.En resumen, el aumento del capital social requerido para la fiscalización estatal busca adaptar el control de las empresas a la realidad económica actual y estimular el crecimiento de las pymes. Sin embargo, su impacto en los negocios y los posibles efectos de la inflación son temas que deben ser considerados y analizados en profundidad.Este artículo fue generado automáticamente por nuestra Inteligencia Artificial. Suscribite para acceder a Trackmate, nuestro rastreador de regulaciones. Bienvenido a otro nivel: el seguimiento legislativo inteligente.