El gobierno argentino, a través de distintos decretos y decisiones administrativas, ha reorganizado los Ministerios de Seguridad y Justicia. Estos cambios implican la transferencia de la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados desde la órbita de la Secretaría de Justicia al ámbito de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.Además, se ha aprobado una nueva estructura organizativa para ambos ministerios, estableciendo responsabilidades y acciones específicas en cada nivel operativo. Asimismo, se han realizado modificaciones en el nomenclador de funciones ejecutivas del personal del Sistema Nacional de Empleo Público.Estas medidas buscan optimizar la gestión de los ministerios y fortalecer la seguridad ciudadana, garantizando el cumplimiento de compromisos y obligaciones asumidos. Cabe destacar que estos cambios no implican un aumento en la cantidad de unidades organizativas de la Administración Pública Nacional.El titular del Ministerio de Seguridad queda facultado para realizar modificaciones adicionales en la estructura aprobada, siempre y cuando no se incremente el número de unidades organizativas ni las partidas presupuestarias correspondientes.Con estas acciones, el gobierno argentino busca seguir trabajando en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la protección de testigos e imputados en el marco de un sistema judicial justo y efectivo.Este artículo fue generado automáticamente por nuestra Inteligencia Artificial. Suscribite para acceder a Trackmate, nuestro rastreador de regulaciones. Bienvenido a otro nivel: el seguimiento legislativo inteligente.