La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, ha solicitado y recomendado la modificación del monto de capital exigido por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades para las sociedades anónimas. El gobierno argentino, en respuesta a esta solicitud, ha dispuesto mediante el Decreto Nº 10195/24 la fijación de un nuevo monto de capital social mínimo.El objetivo de esta medida es adaptar el capital mínimo exigido a la realidad económica actual, teniendo en cuenta la crítica situación económica y financiera que heredó el nuevo gobierno. La alta tasa de inflación, que supera el 3400% acumulado entre la fecha de la última actualización y diciembre de 2023, se espera que perdure en el corto plazo, hasta que se implementen las medidas necesarias para restablecer el equilibrio macroeconómico.La exigencia de un capital mínimo para la constitución de sociedades anónimas busca garantizar la contrapartida de la limitación de responsabilidad. Es por ello que este monto debe actualizarse periódicamente para reflejar la realidad económica del país. Esta modificación del capital social es una necesidad largamente postergada, expresada en diferentes ámbitos a lo largo de los años.Es importante destacar que esta medida se encuentra en línea con las regulaciones de otras jurisdicciones internacionales, donde se reconoce y se recomienda la fijación de un capital mínimo para las sociedades anónimas como una práctica adecuada.El nuevo capital social mínimo establecido es de $30 millones y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La medida ha sido comunicada y será publicada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.Con esta modificación, el gobierno argentino busca fortalecer el marco legal para las sociedades anónimas y asegurar su correcto funcionamiento en el contexto económico actual.Este artículo fue generado automáticamente por nuestra Inteligencia Artificial. Suscribite para acceder a Trackmate, nuestro rastreador de regulaciones. Bienvenido a otro nivel: el seguimiento legislativo inteligente.