El Gobierno argentino ha presentado un proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el objetivo de actualizar las normas sobre la legítima defensa y el respeto a las fuerzas de seguridad. Esta iniciativa busca garantizar un marco legal más claro para quienes actúan en defensa propia y para los funcionarios públicos que cumplen con su deber. El proyecto establece que la legítima defensa no será punible siempre que se cumplan ciertas condiciones, como la existencia de una agresión ilegítima y la necesidad de repelerla. Además, se amplía la definición de legítima defensa para incluir situaciones en las que una persona se defiende de un ataque en su hogar, sin importar la hora del día. Una de las novedades más relevantes es que quienes inicien un acto delictivo no podrán reclamar indemnización por las consecuencias de sus acciones. Esto significa que aquellos que provoquen un ataque no tendrán derecho a demandar a quienes intenten detener el delito. El proyecto también propone aumentar las penas para quienes agredan a funcionarios públicos. La nueva normativa establece que la prisión por atentados a la autoridad será de uno a tres años y seis meses, y de cuatro a seis años si el ataque se realiza con armas o en grupo. Con estas modificaciones, el Gobierno busca fortalecer el orden público y asegurar que las fuerzas de seguridad puedan actuar sin temor a represalias legales. La iniciativa se enmarca en un contexto donde la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos es una prioridad. La propuesta será discutida en el Congreso, donde se espera un debate sobre la necesidad de equilibrar la defensa de los derechos individuales con la protección de la sociedad en su conjunto.Este artículo fue generado automáticamente por nuestra Inteligencia Artificial. Suscribite para acceder a Trackmate, nuestro rastreador de regulaciones. Bienvenido a otro nivel: el seguimiento legislativo inteligente
