# Poder Legislativo Nacional: su presupuesto 2027

> Poder Legislativo Nacional tiene $995,2 mil millones de gasto propio en el Presupuesto 2027, +39,4 % real (+68,8 % nominal) contra el Presupuesto 2026 tal como se sancionó.

- Documento: Presupuesto 2027 · Proyecto de ley
- Datos al: 3 de noviembre de 2026
- Comparación: contra el Presupuesto 2026 tal como se sancionó (texto contra texto: no usa el crédito vigente ni las modificaciones del año).
- Variación real: descontada una inflación de 21,1 % (Oficina de Presupuesto del Congreso, «Informe sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027», nota 15: variación anual promedio del IPC 2026-2027.).
- Fuente de los datos: Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía (https://www.mecon.gob.ar/onp/presupuestos/2027).
- Página: https://dequesetrata.org/presupuesto/2027/a-donde-va/J01
- Metodología: https://dequesetrata.org/presupuesto/2027/metodologia

## Programas

| Programa | Monto | Var. real | Var. nominal |
|---|---:|---:|---:|
| Formación y Sanción de Leyes Nacionales | $345,6 mil millones | +54,7 % | +87,3 % |
| Formación y Sanción Legislativa | $302,1 mil millones | +14,4 % | +38,5 % |
| Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación | $157,5 mil millones | +104,5 % | +147,6 % |
| Asistencia Bibliográfica | $85,4 mil millones | +34,8 % | +63,3 % |
| Protección de los Derechos del Interno Penitenciario | $26,4 mil millones | +13 % | +36,9 % |
| Impresiones y Publicaciones Parlamentarias | $24,3 mil millones | +42,8 % | +72,9 % |
| Defensa de los Derechos de los Ciudadanos | $21,4 mil millones | +18,3 % | +43,2 % |
| Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | $14,2 mil millones | +27,9 % | +54,9 % |
| Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes | $10,5 mil millones | +59,1 % | +92,6 % |
| Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual | $3,3 mil millones | −35,1 % | −21,4 % |
| Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal | $2,2 mil millones | +36,1 % | +64,9 % |
| Administración del Edificio del Molino | $915 millones | −39,7 % | −27 % |
| Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo | $213 millones | −17,4 % | 0 % |
| Revisión de Cuentas Nacionales | $202 millones | −17,4 % | 0 % |
| Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes | $171 millones | −17,4 % | 0 % |
| Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social | $157 millones | −17,4 % | 0 % |
| Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia | $129 millones | −17,4 % | 0 % |
| Revisión de Cuentas Nacionales | $104 millones | −17,4 % | 0 % |
| Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación | $95 millones | −17,4 % | 0 % |
| Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación | $69 millones | −17,4 % | 0 % |
| Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación (Ley N° 24.946, 27.148 y 27.149) | $38 millones | −17,4 % | 0 % |
| Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual | $36 millones | −17,4 % | 0 % |
| Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior | $35 millones | −17,4 % | 0 % |
| Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada | $24 millones | −17,4 % | 0 % |

## Por función

| Función | Monto | % del total | Var. real | Var. nominal |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Administración gubernamental | $752,3 mil millones | 75,6 % | +31,2 % | +58,8 % |
| Servicios sociales | $242,9 mil millones | 24,4 % | +73,1 % | +109,6 % |

## Por tipo de gasto

| Tipo de gasto | Monto | % del total | Var. real | Var. nominal |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Gastos en personal | $817,4 mil millones | 82,1 % | +35,5 % | +64,1 % |
| Servicios no personales | $138,3 mil millones | 13,9 % | +50,3 % | +82,1 % |
| Bienes de consumo | $30,6 mil millones | 3,1 % | +254,1 % | +328,8 % |
| Bienes de uso | $7,4 mil millones | 0,7 % | −9 % | +10,2 % |
| Transferencias | $1,5 mil millones | 0,2 % | −20,3 % | −3,5 % |

## Dónde se gasta (principales provincias)

Planilla de ubicación geográfica; en un ministerio incluye a sus organismos descentralizados.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $1,1 billones
- Córdoba: $590,7 millones
- Jujuy: $506,4 millones
- Río Negro: $337,6 millones
- Exterior: $287 millones
- La Pampa: $253,2 millones
- Nacional: $80 millones
- Buenos Aires: $10 millones

## Política presupuestaria (texto oficial)

El Honorable Congreso de la Nación es un órgano legislativo y de control compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas atribuciones surgen directamente de la Constitución Nacional y cuyo cometido y misión esencial y primaria es la de legislar con el único objetivo de lograr el bien común de la sociedad que representa, tomando como base de sustento, diálogo y discusión los supremos intereses de la Nación Argentina. En ese sentido, su función consiste en establecer las normas jurídicas, sancionando y modificando leyes a fin de regular en nombre del pueblo derechos y obligaciones de sus habitantes, siempre en concordancia y subordinado a las normas constitucionales. Esta potencial proyección jurídica es amplia e indeterminable en su contenido y extensión, ya que abarca todos los aspectos factibles de ser objeto de regulación o de encuadramiento legal; por ello no resulta posible cuantificar metas o fijar políticas presupuestarias rígidas, ya que dependen de las circunstancias políticas, sociales y económicas que, en el país, en su conjunto, se planteen. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), por su parte, ejerce el rol de representación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de las normas jurídicas, sancionando y modificando leyes, regulando en nombre del pueblo de la Nación derechos y obligaciones de sus habitantes, en concordancia con las disposiciones de la Constitución Nacional. La misión primaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación es la formación y sanción legislativa, el contralor de los actos de gobierno y el rol acusatorio en caso de juicio político, potestades que ejerce por medio de la tramitación de los proyectos parlamentarios previstos en su Reglamento que, una vez dictaminados por las comisiones especializadas, quedan habilitados para ser tratados por el pleno. Para el cumplimiento del mandato constitucional, organiza su labor a través de las comisiones legislativas, órganos de asesoramiento existentes en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, cuya función es la de estudiar y dictaminar sobre los proyectos parlamentarios que le son girados, en función de la competencia técnica que involucre la iniciativa. Las comisiones se integran proporcionalmente por legisladores, por sus equipos de asesoramiento y por personal de planta del organismo. La HCDN cuenta con cuarenta y seis comisiones permanentes que intervienen en todos los proyectos parlamentarios ingresados por la Mesa de Entradas. Asimismo, se encuentran en funcionamiento treinta y cuatro comisiones no permanentes, especiales, creadas para el estudio de asuntos determinados o en los casos que la Cámara lo estime conveniente, de manera extraordinaria, pudiendo ser unicamerales (integradas solo por integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación) o bicamerales, integradas por diputados y senadores. La Secretaría Parlamentaria realiza diferentes publicaciones, entre las que se destacan el Boletín de Asuntos Entrados, el Boletín de Asuntos Tratados, Trámites Parlamentarios y Diario de Sesiones. Por su parte, la actividad de las comisiones y de las sesiones es cubierta y transmitida por Diputados TV, con alcance y difusión a nivel federal, ampliando su alcance de transmisión a través de plataformas digitales En su rol de integrante de uno de los poderes del Estado Nacional, la HCDN cuenta con una estructura con competencias específicas vinculadas a la Diplomacia Parlamentaria y a las Relaciones Internacionales. El conjunto de actividades que se desarrollan en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación es facilitado por la Secretaría Administrativa, a través de las diferentes áreas encargadas de la planificación y control de gestión, de la coordinación administrativa, de los recursos humanos, de lo administrativo contable, de la auditoría interna, de la higiene y seguridad del trabajo, de la seguridad y control, de la informática y sistemas, de obras y mantenimiento, de los servicios generales y de los sistemas electrónicos. La Honorable Cámara de Senadores de la Nación, por su parte, centrará sus políticas presupuestarias en la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la estructura edilicia, con el objetivo primordial de preservar el valor histórico y patrimonial de los más de 80.000 metros cuadrados del edificio monumento histórico y artístico nacional. Asimismo, se prevé la actualización tecnológica integral, con el objetivo de contar con los servicios, plataformas y equipamiento acorde a los requerimientos actuales de comunicación, transferencia y almacenamiento de datos y la ciberseguridad. La biblioteca del Congreso de la Nación, por su parte, fue creada mediante la ley 212 en el año 1859, con la misión primaria de ser una biblioteca para el Congreso Nacional destinada a la asistencia bibliográfica a los legisladores. En la actualidad, asimismo, brinda a la comunidad en su conjunto servicios de información actualizados en materia legislativa, académica y general, promoviendo el acceso gratuito a los mismos, incorporando los avances tecnológicos para mejorar la calidad del servicio prestado, a través de personal altamente calificado y comprometido con una labor eficiente y eficaz y fomentando la vinculación con otras instituciones en el orden nacional, regional e internacional para el enriquecimiento recíproco. El organismo aspira a construir una institución moderna y dinámica, consolidando nuestra posición de liderazgo entre las bibliotecas parlamentarias de nuestro país y de la región, como miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA, por sus siglas en inglés), posicionándose como una organización eficiente, donde la gestión del conocimiento promovida por nuestro personal altamente calificado y en base a nuestro fondo bibliográfico y documental, e incorporando el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 que nos permite brindar el mejor servicio a los legisladores y a la comunidad en su conjunto, asumiendo los cambios tecnológicos para la mejor preservación y conservación de nuestro acervo. Para el período 2027, la Biblioteca continuará modernizándose y adecuándose a las nuevas estrategias de servicios en materia de almacenamiento, conservación, actualización y recuperación de la información. Mediante la utilización de recursos técnicos como la microfilmación y la digitalización, la Institución realiza la conservación y preservación de documentos, y la concientización acerca de su importancia para el conocimiento a través del Programa Nacional de Recuperación de Documentos Históricos. La microfilmación consiste en copiar cualquier tipo de documento en soporte de película a escala reducida. Sus principales ventajas: el microfilm posee valor documental al no ser susceptible de adulteración y tiene una durabilidad de 500 años. La digitalización convierte el documento en imagen digital codificada y permite una inmediata accesibilidad y reproducción sin pérdida de calidad en las copias sucesivas. Ambos procedimientos suelen combinarse para evitar la manipulación de documentos originales resultando más eficaz microfilmar primero y digitalizar después. De este modo, los ejemplares en papel pueden conservarse como material museológico. La Biblioteca del Congreso brinda asesoramiento a instituciones de todo el país respecto de las técnicas mencionadas. Por su parte, la Unidad de Investigación y Vinculación Científica tiene como principal objetivo articular acciones, iniciativas y programas de la Biblioteca del Congreso de la Nación con el sistema científico-tecnológico nacional, universidades e instituciones científicas del ámbito internacional, desarrollando tareas de investigación, vinculación, cooperación y transferencia, teniendo como horizonte principal la producción, circulación e impacto social del conocimiento para el desarrollo inclusivo. Habiendo dado inicio al plan de eficiencia del uso energético, se continuará instalando equipamiento de energías renovables, como paneles solares y sus periféricos, contribuyendo al racional uso de la energía, bajando gastos en servicios y optimizando su uso. Asimismo, se prevé llevar adelante medidas técnicas y tecnológicas edilicias, y de seguridad, higiene y mantenimiento, para alcanzar metas precisas dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello se trabajará en alcanzar la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). La Biblioteca Móvil Multimodal, “Bibliomóvil”, como proyección nacional de la Institución, seguirá con su estrategia cultural participando en congresos, ferias y eventos, como organizadora y/o auspiciante, acercándose a los distintos puntos del país, como embajadora cultural de la jurisdicción. Asimismo, por medio del “Programa Federal de Lectura” la Biblioteca buscará fortalecer el vínculo con instituciones educativas de todo el país a través de actividades integradas de promoción de la lectura, permitiendo coordinar con escuelas e instituciones educativas no formales y ofreciendo experiencias enriquecedoras tanto presenciales como virtuales. A partir de estas actividades, llevadas a cabo en todo el país, los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con destacados autores, ilustradores y otros referentes del mundo literario, fomentando un aprendizaje integral y transversal. La Biblioteca del Congreso de la Nación desarrolla distintas actividades de articulación con escuelas, institutos de educación superior, universidades e instituciones, tanto nacionales como extranjeras, que permiten construir puentes con la comunidad educativa. En este marco, el Programa de Pasantías, Intercambio y Prácticas Profesionales tiene como objetivo establecer acuerdos con instituciones académicas que posibiliten la implementación de proyectos vinculados con la formación y el desarrollo profesional de estudiantes, especialmente en articulación con carreras humanísticas y técnicas afines a la gestión de bibliotecas, archivos y patrimonio documental. El programa comprende las siguientes líneas de acción: Pasantías educativas: destinadas a estudiantes de grado del sistema de educación superior, quienes pueden realizar pasantías laborales remuneradas en el marco de la Ley de Pasantías Educativas (Ley N.º 26.427). Actualmente, la Biblioteca del Congreso de la Nación mantiene convenios vigentes con el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, permitiendo que estudiantes de la Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y de las carreras de Bibliotecología, Edición y Letras desarrollen prácticas vinculadas con su formación académica y profesional Prácticas profesionales: orientadas a estudiantes de universidades nacionales, institutos de educación superior y escuelas de quinto año de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes pueden realizar en la Biblioteca del Congreso de la Nación las prácticas previstas en sus respectivos planes de estudio, favoreciendo la aplicación de los conocimientos adquiridos, el desarrollo de competencias profesionales y la vinculación entre la formación académica y el ámbito laboral. La Biblioteca del Congreso de la Nación impulsa iniciativas de cooperación nacional e internacional orientadas a la preservación del patrimonio documental, la promoción del conocimiento y el fortalecimiento del desarrollo bibliotecario. En este marco, a partir del acuerdo suscripto con el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el CEDODAL donó a la OEI una importante colección bibliográfica y hemerográfica, junto con un amplio fondo documental integrado por archivos vinculados con la historia, las artes, la arquitectura y el urbanismo latinoamericanos. La Biblioteca del Congreso de la Nación fue designada depositaria de este valioso acervo, asumiendo las tareas de clasificación, conservación, restauración y puesta en valor de las piezas recibidas, con el propósito de garantizar su preservación, catalogación y acceso para la comunidad. El archivo documental comprende más de 400 cajas con documentos de alto valor histórico, entre los que se encuentran dibujos, croquis, informes, manuscritos, correspondencia, publicaciones, artículos, recortes periodísticos, folletos, fotografías y un importante conjunto de planos de obras y proyectos. Asimismo, conserva documentación vinculada con la trayectoria profesional, académica y personal de destacados arquitectos latinoamericanos. Entre los fondos documentales más relevantes se encuentran los pertenecientes a Alberto Prebisch, Alberto y Luis Miguel Morea, Eugenio Baroffio, Paul Pater, Martín Noel, Mario Cooke, Ernesto Vautier, Jorge Enrique Hardoy, Armesto y Casado Sastre, Jorge y Andrés Kálnay, Diego Angulo Íñiguez y César Loustau, entre otros. La colección también reúne materiales que documentan distintas etapas de la arquitectura y del desarrollo urbano de diversas provincias argentinas y de países de América Latina, entre ellos Uruguay, México, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y Perú, así como de Centroamérica, el Caribe y España, constituyéndose en una fuente documental de referencia para la investigación sobre el patrimonio arquitectónico y urbano iberoamericano. Por otra parte, desde marzo de 2017, la Biblioteca del Congreso de la Nación es sede de la Oficina Regional de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe. En ese carácter, promueve la comunicación y el fortalecimiento de la presencia de la Federación en la comunidad bibliotecaria de la región, impulsa la incorporación de nuevos miembros, colabora en la organización de eventos regionales y participa activamente en la defensa y promoción de la profesión bibliotecaria, así como en la difusión de temas estratégicos. Asimismo, la Oficina Regional coordina las traducciones al español de documentos y comunicaciones oficiales de la IFLA, tarea que lleva adelante la Subdirección de Traducciones de la Biblioteca del Congreso de la Nación en su carácter de Cuerpo Oficial de Traductores al español de la Federación. Esta designación fue formalizada en 2014 mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre la IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Imprenta del Congreso de la Nación, por su parte, tiene como misión principal la impresión de todas las publicaciones vinculadas a la labor Parlamentaria, entre ellas, los diarios de sesiones (volantes y tomos), órdenes del día, boletines de asuntos entrados y publicaciones oficiales de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Cumpliendo este objetivo estratégico, permite asistir eficazmente la tarea legislativa y garantizar el acceso a la información relativa a la actividad desarrollada en el ámbito parlamentario, de toda la ciudadanía. La Imprenta del Congreso de la Nación brinda servicios de impresión, digitalización y encuadernación de alta calidad, con un alto nivel artesanal. Satisfaciendo las demandas del propio Congreso y también de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales. En ese sentido, inició un proyecto destinado a la comercialización de publicaciones propias de la Imprenta del Congreso de la Nación. Estas publicaciones comprenden tanto aquellas que han sido editadas, impresas y publicadas por la institución, como también aquellas respecto de las cuales se cuente con la debida autorización para su impresión y venta, en virtud de una cesión de derechos. La comercialización está orientada tanto a organismos, instituciones como al público en general. La administración continúa impulsando políticas orientadas a la construcción de un edificio sustentable destinado a las áreas administrativas y productivas, en consonancia con el proceso de reordenamiento físico del organismo, favoreciendo el proceso de modernización del Estado y mejorando las condiciones laborales y el desempeño del personal, mediante la implementación de políticas de capacitación y gestión de calidad. En este sentido, la Imprenta del Congreso de la Nación ha obtenido la certificación basada en la Norma ISO 9001:2015 para la prestación de servicios de preimpresión, impresión y encuadernación de publicaciones parlamentarias para la orden del día (Senado y Diputados), como así también en los procesos administrativos. La política presupuestaria del organismo, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, promueve la generación de economías en las jurisdicciones del Estado Nacional proporcionando servicios de impresión, digitalización y encuadernación, así como tareas de asistencia y asesoramiento técnico, ofreciendo productos y servicios de calidad a costos competitivos. En tal sentido, continúa vigente el convenio suscripto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como así también los trabajos realizados para el entonces Ministerio del Interior, para el ex Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa. Se prevé, asimismo, continuar con el proceso de adecuación y actualización tecnológica a fin de mejorar la calidad, reducir costos y optimizar los tiempos de producción de los bienes y servicios como así también que organismo siga financiando durante el periodo que se presupuesta parte de esa actualización tecnológica mediante los ingresos que genera. Tanto la actualización tecnológica como la construcción del nuevo edificio donde los trabajadores desempeñarán sus tareas en un entorno amigable y seguro, se financia parcialmente con los recursos del organismo producto de los trabajos que realiza. La Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso de la Nación (DAS), fue creada mediante Ley N° 13.265 del año 1948, con la misión principal de brindar asistencia integral de la salud y previsión social a los señores legisladores y al personal del Honorable Congreso de la Nación. Los servicios y beneficios que deberán prestarse a los afiliados y sin exclusión de otros, se encuentran explícitos en el artículo 5 de la citada ley. La visión del organismo consiste en lograr un mejoramiento integral de la calidad de vida de nuestros afiliados en materia de salud. En la actualidad brinda los servicios de asistencia médica integral a cuyos fines fue creado; superando, por política de la Institución, las prestaciones del Plan Médico Obligatorio. Con este propósito, se incorporan sistemáticamente los avances tecnológicos para brindar un servicio de excelencia comparable a las mejores coberturas de salud del país. Esto se logra, en gran medida, a través de personal altamente calificado y comprometido con las necesidades de nuestros afiliados, y el constante proceso de mejora continua, respaldado por estándares de gestión de calidad conforme a las normas ISO 9001. Dado que el presupuesto constituye una herramienta de programación y de fijación de prioridades destinada a mejorar la asignación estratégica de los recursos, fundamentalmente sobre la base de la cuantificación de la provisión o producción de bienes y servicios a la comunidad esperada por cada jurisdicción o entidad y a la estimación cuantitativa de los efectos benéficos o resultados finales que la misma genera; estimamos que, en el marco de las políticas públicas del gobierno nacional, los programas y proyectos de las DAS siguen los lineamientos de priorización para el ejercicio y contribuyen a producir: Impacto positivo en la generación de empleo: directo, indirecto e inducido por la inversión y la operación. Incidencia en la potenciación del desarrollo tecnológico, en lo que refiere a la utilización de tecnología para satisfacer necesidades y la creación de demanda pública de tecnologías para la consolidación comercial de los avances generados, considerando que la institución demanda bienes que ya han sido diseñados, desarrollados y/o adaptados por proveedores locales. Aportes a la adaptación y/o mitigación del cambio climático, mediante la incorporación de nuevas tecnologías como parte fundamental del proceso de despapelización y el programa de concientización interno para el uso eficiente de los recursos energéticos. En un marco de restricción económica y fiscal como el actual, se han producido cambios significativos en la recaudación de los ingresos propios y afectados por el organismo. Para el ejercicio 2027, la DAS perseguirá los siguientes objetivos estratégicos: Brindar un servicio de salud integral de excelencia a nuestros afiliados. Ampliar los programas preventivos de diagnóstico y educación para la salud. Profundizar los programas vigentes en cuestiones de enfermedades crónicas y discapacidad en cuanto a cobertura, transporte, educación, recreación y acompañamiento del paciente y su familia. Incorporar al Calendario de Vacunación los requerimientos del ejercicio. Ampliar programas tendientes a la concientización de temáticas transversales. Incorporar las últimas tecnologías médicas y de gestión. Consolidar el proceso de despapelización, con el avance de herramientas digitales, a fin de contribuir a la conservación del medio ambiente. Ampliar el uso de herramientas digitales para afiliados y proveedores, a fin de facilitar el acceso a la salud. Maximizar la efectividad en la utilización de los recursos para la optimización de los servicios brindados. Estimular la capacitación del personal en materias afines, mediante un programa de becas e incentivos. Ampliar el uso de indicadores de gestión que plasmen la efectividad de los servicios prestados, conforme a la técnica del Presupuesto por Programas Orientado a Resultados. Mediante la cual se concibe al mismo como un proceso administrativo que se materializa por etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación. Implementar un sistema de calidad integral, conforme a las Normas ISO 9001:2015; proceso de mejora continua, programas permanentes de capacitación al personal. Continuar adecuando los servicios al nuevo contexto tecnológico mediante el Portal de Autogestión, a fin de ampliar las prestaciones en forma no presencial (recetas, consultas, autorizaciones, turnos, entre otras). A través de la constante mejora de procesos, realizar innovaciones en pos del cumplimiento de los objetivos y el aumento de la efectividad organizacional. Continuar con el Sistema Integral Operativo, logrando trazabilidad de principio a fin con respecto a las gestiones de nuestros afiliados y la mejora de la comunicación interna Continuar con la mejora y la normalización del sistema de archivo interno, tanto en lo referente a la digitalización y el depósito como a la trazabilidad de la documentación. Se anexó un servicio de archivo físico externo. Continuar con la implementación de la base virtual de archivo permanente, con documentación digitalizada y actualización en tiempo real para consulta de todos los sectores interesados, lo que agiliza sustancialmente los tiempos de respuesta a afiliados y proveedores. Continuar con el desarrollo progresivo de las certificaciones de Normas de Calidad ISO 9001 para los distintos procesos de nuestra institución. El Defensor del Pueblo de la Nación, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Nacional Ley Nº 24.284, tiene como objetivo fundamental de la institución la protección y promoción (presupuesto de hecho) de los derechos humanos y de los demás derechos, garantías e intereses de las personas, frente a hechos, actos y omisiones de la Administración Pública Nacional y de sus agentes, de los entes en los que el Estado fuere parte o que ejercen prerrogativas públicas y de las prestadoras de servicios públicos. Ello, mediante la iniciación y prosecución, de oficio o a petición de parte, de investigaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos o actos que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente o inoportuno de sus funciones, en cumplimiento de lo normado por los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional y la Ley N° 24.284. Goza, a tales efectos, de legitimación procesal para actuar ante los tribunales y, asimismo, para interponer acciones de amparo contra cualquier forma de discriminación en lo referido a la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, al usuario y al consumidor, como en lo relativo a los derechos de incidencia colectiva en general. La Defensoría, por otra parte, forma parte del sistema de protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y goza del estatus A (el más alto, en orden a los Principios de París) como única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) reconocida por ONU. En el ámbito de la GANHRI, la alianza global que nuclea a las INDH del mundo en Ginebra y se desenvuelve ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la GANHRI. El artículo 43 de su estatuto dispone que: “La GANHRI estará gestionada por un comité denominado Buró de la GANHRI, incluyendo al Presidente de la GANHRI y al Secretario de la GANHRI, nombrados y elegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 31.4 y 34”, entre otras funciones asignadas por ese estatuto. En la actualidad, forma parte del Grupo de Trabajo de la GANHRI “Empresas y Derechos Humanos”. Su competencia se encuentra reforzada por el acuerdo celebrado entre nuestro país y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ratificado por Ley Nº 23.396 que, por tanto, adquiere relevancia supralegal. En esa línea, el Defensor del Pueblo de la Nación debe hacer un seguimiento de políticas públicas en carácter de “colaborador activo”. Además, la INDH también forma parte de la Red Iberoamericana y del Caribe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en la cual participa activamente de sus grupos de trabajo. Es en razón de su carácter de INDH que, además, debe expedirse sobre el Examen Periódico Universal (EPU). Así lo ha hecho en marzo de 2017 y en 2022 con relación a las nuevas recomendaciones se continuará con el Observatorio de Femicidios, único órgano del Estado que informa y publica los resultados dos (2) veces al año, ya que estos dos temas (vinculación del EPU y observatorio), fueron declarados como buenas prácticas recomendadas por el Consejo de Derechos Humanos a todas las INDH con presencia en la ONU. El INDH, además, se expidió sobre el informe de medio término del EPU durante 2020 y 2022; y continuará coorganizando talleres para la participación civil con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la colaboración de la Unión Europea en el marco del programa Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC). Para 2027, se prevé que estas actividades puedan realizarse de manera ampliada, abarcando a todos los organismos de protección de los derechos humanos, incluidos los de las Naciones Unidas, órganos de tratados, relatores, grupos de trabajo, entre otros, así como también los mecanismos regionales, como los de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, se continuará con actividades en el marco del proyecto CERALC sobre Conducta Empresarial Responsable en Latinoamérica y el Caribe, conforme nuestro programa Empresas y Derechos Humanos, proyecto que se lleva a cabo con los siguientes auspiciantes: Unión Europea, OIT, ACNUDH, OCDE y Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. En 2023 se concluyó la confección de la Línea de Base para el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos (plan que nuestro país se comprometió a realizar ante el Consejo de Derechos Humanos), y se prevé continuar colaborando para concretar este plan, para su mejora y ejecución. Además de continuar participando activamente en el Grupo de trabajo de empresas y Derechos Humanos en el ámbito de la GANHRI. También se aboca a la OCDE. Las líneas directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE prevén un mecanismo estatal de reparación denominado Punto Nacional de Contacto (PNC En Argentina, el PNC funciona en el ámbito de la Cancillería y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) integra, desde su creación, el Consejo Asesor del PNC argentino, participando activamente en sus actividades. Dado que tanto el PNC como la INDH constituyen mecanismos estatales de reparación, en 2022 se suscribió en Colombia un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del PNC argentino, tarea que se ha sostenido y continuará desarrollándose. En el marco de esta labor, la INDH fue invitada a participar en distintas instancias internacionales de intercambio y cooperación. En 2023 participó, por invitación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en una actividad realizada en Cartagena de Indias, y también, por invitación de las Naciones Unidas, en el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos de 2023 y 2025, así como en el Foro Global sobre Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra. Asimismo, en el ámbito del grupo de trabajo de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) sobre empresas y derechos humanos, se suscribió un memorando de entendimiento con la OCDE. Cabe destacar que la OCDE promueve el trabajo articulado entre las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En ese marco, se concluyó oportunamente la primera experiencia piloto con la empresa estatal jujeña “JEMSE” (https://bit.ly/2JfQkOw). Finalmente, en su calidad de integrante del Consejo Asesor del PNC argentino, la INDH participó en dos procesos de revisión por pares del Punto Nacional de Contacto argentino, incluido el más reciente, llevado a cabo en 2025. En este marco, la Defensoría del Pueblo de la Nación se propone llevar a cabo durante el ejercicio 2027 las siguientes actividades: Actuar a petición de los interesados o de oficio, como está previsto en el art. 14 de la Ley 24.284, en todo el ámbito del territorio nacional y en el cauce de su competencia. Actuar, también, en todos aquellos casos donde su intervención fuere requerida, aunque en exceso de su competencia, siempre que la queja parezca razonable y posibilite gestiones oficiosas. La actividad será, en este sentido, la de un facilitador. Continuar las relaciones institucionales y de colaboración con otros organismos afines; y con ONG, para definir, más allá de su deseable y más natural crecimiento, una red debidamente articulada con la sociedad civil y los organismos afines. Profundizar la inserción de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación en la sociedad argentina, a través de un mayor esfuerzo de las receptorías en el interior del país, con beneficio para la inmediatez y la inmediación de manera tal que su actividad no quede reservada a un solo sector de la población. Cuenta con veintiún (21) receptorías a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Sin perjuicio de ello, se realizan permanentes acciones de campo con agentes que se movilizan desde esas oficinas o desde Buenos Aires, cuando la envergadura del proyecto lo requiere, para atender in situ las distintas cuestiones que son de la competencia del Defensor del Pueblo de la Nación. Reforzar la campaña de difusión de la imagen del Defensor del Pueblo de la Nación, permitiendo que de esta forma la ciudadanía conozca las bondades de la institución y sus posibilidades de recurrir a la misma para resolver conflictos de la naturaleza antes aludida, o lograr soluciones tempranas en orden a la simplicidad de sus procedimientos. En particular, a través de clases especiales en las escuelas públicas, sociedad civil y organismos locales. Intensificar las políticas de relaciones permanentes, cooperación y coordinación con organismos nacionales, defensorías del pueblo provinciales y municipales, Defensorías del Pueblo de América, ONG, cuya actividad sea asimilable a la del Defensor del Pueblo o sirvan para coadyuvar a la plena vigencia de los derechos humanos, tendientes a generar un proceso de fortalecimiento de la Cooperación Internacional en la temática. A tal fin se prevé difundir o colaborar con la difusión de garantías y mecanismos de tutela de los derechos. Proseguir con los informes a los organismos de las Naciones Unidas y demás órganos de Tratado y grupos de expertos, entre otros, tal como se realizó a lo largo de los últimos años. Seguir en el marco del punto precedente, con los programas especiales diseñados en base las recomendaciones de ONU, como el Programa para el Examen Periódico Universal; de Identidad Biológica; de Salud; el Observatorio de Femicidios, entre otros. Seguir, en el marco del Proyecto CERALC, el trabajo conjunto con la Unión Europea, OIT, ACNUDH, OCDE y UNICEF. Asimismo, proseguir con los cursos de capacitación con las Defensorías Provinciales y Municipales en materia de conducta Empresarial responsable (ya habiéndose acordado y confeccionado el Protocolo Marco para la intersección de la Defensoría del Pueblo en Empresas y Derechos Humanos). Reforzar, en el marco de la OCDE, la actividad del PNC para colaborar a que nuestro país adquiera la membrecía plena con la mayor celeridad que fuere posible. Proseguir la actividad en la GANHRI y en el del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y en la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) y sus redes de trabajo. Cabe añadir que la actividad del Defensor del Pueblo de la Nación no puede ser arancelada por imperativo legal y por la naturaleza de su misión, es decir, porque debe estar al alcance de todos los habitantes y muy especialmente de los más desposeídos, por expresa imposición legal. Siendo la gratuidad un imperativo legal y, fundamentalmente, de derecho, pesa sobre el erario público el deber de proveer a la Institución los medios necesarios para desarrollar sus funciones en todo ese ámbito geográfico porque, de lo contrario, todo valladar o cortapisa que se arguya en sentido contrario, importará, al mismo tiempo, una violación al mandato legal, un incumplimiento a nuestra Carta Magna y al derecho convencional; y, todavía más, una lesión al Estado de Derecho y a nuestro orden institucional. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), de acuerdo al artículo 1º de su Ley de creación N° 25.875, tiene como objetivo la protección de los Derechos Humanos de los personas privadas de libertad comprendidas en el Régimen Penitenciario Federal, así como de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren alojados en establecimientos provinciales y de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, incluyendo comisarías, alcaidías y otros espacios de detención. Además, la Ley 26.827 designó a la Procuración Penitenciaria como Mecanismo de Prevención de la Tortura para el ámbito federal (artículo 32), ampliándole sus funciones y facultades. Las personas privadas de su libertad continúan formando parte de la sociedad y conservan derechos inherentes a su condición humana. En tal sentido, la Procuración Penitenciaria orienta su accionar hacia la protección de los derechos humanos de las personas detenidas y a la prevención de la tortura en contexto de encierro. La importancia de esta labor radica en que la defensa de la dignidad de quienes están en conflicto constituye un aporte valioso y directo y a la garantía de los derechos humanos y a la consolidación democrática del país. Para ello, el organismo se guía por los principios establecidos en la legislación nacional y las normas internacionales, así como en las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos. La Procuración tiene como misión controlar, auditar e implementar acciones con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares legales y la protección de los derechos humanos de las personas alojadas en el sistema penitenciario federal, como así también en todo lugar de alojamiento, de detención transitoria o custodia de las Fuerzas de Seguridad de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Asimismo, dicha competencia de control, monitoreo e inspección preventiva se extiende a los establecimientos dependientes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Fuerzas de Seguridad o Servicios Penitenciarios Provinciales que alojen personas detenidas por causas de jurisdicción nacional y/o federal, de conformidad con el marco normativo vigente. La función central de los funcionarios consiste en procesar las quejas y reclamos formulados, individual o colectivamente, por las personas privadas de libertad, por sus familiares (hasta cuarto grado de consanguinidad) o por su defensor legal (incluidos defensores públicos) y llevar a cabo investigaciones, monitoreo, reclamos administrativos y/o presentaciones judiciales y recomendaciones según corresponda a las particularidades de cada caso. En este marco, el mandato otorgado por la Ley 26.827 como Mecanismo de Prevención de la Tortura exige un enfoque preventivo, conforme al protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esa función también implica articular permanente con el resto del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y con otros organismos internacionales de derechos humanos. Se continuará trabajando con el Registro Nacional de Casos de Tortura, juntamente con la Comisión Provincial por la Memoria Instituto Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Anualmente se informa al Honorable Congreso de la Nación sobre la labor desarrollada y de los ejes temáticos que se han abordado. El objetivo básico de la PPN es el de controlar el correcto funcionamiento de las Unidades Penitenciarias y todos los centros de detención de carácter federal o que alojen detenidos por causas federales, con el propósito de proteger los derechos de las personas privadas de libertad e instar acciones que permitan mejorar la calidad de dichos establecimientos. Esta política de Derechos Humanos se fortaleció con la aprobación de la Ley Nº 26.827 “Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mediante la cual el Estado Argentino avanzó en el cumplimiento de la obligación internacional asumida en 2004 cuando adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ley tiene como objeto garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos. Cabe destacar la participación de la Procuración en los dos órganos de gobierno del mencionado sistema: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (artículo 11, inc. b) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura (artículo 21). El artículo 32 de la ley, a su vez, establece que “la Procuración Penitenciaria de la Nación, sin perjuicio de las demás facultades establecidas por la Ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de prevención de la tortura en los términos de la presente ley en todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional y federal”. Esto implica una considerable ampliación de las facultades y misiones fijadas por la Ley 25.875. Por un lado, debido a lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley, que define lugar de detención como “cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, por orden, instigación, o con consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en el artículo 4º, incisos 1 y 2, del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113 del 4 de diciembre de 1990, establecen en su artículo 11, inciso b, que por “privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”. A partir de esto se deduce que la competencia de la PPN se extiende a los lugares donde se encuentren privados de su libertad niños, niñas y adolescentes, independientemente de las causas por las cuales hayan sido institucionalizados. Esa intervención en defensa de los derechos humanos, que la legislación ha encomendado a este organismo, se encuentra en línea con las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; en el ámbito nacional, la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 19 que: “La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar donde no pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente”. El Decreto Reglamentario 415/06 dispone en su artículo 19 que: “La privación de libertad personal adoptada de conformidad con la legislación vigente no podrá implicar la vulneración de los demás derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes, debiendo considerarse parte integrante del artículo 19 en su aplicación”. En síntesis, la Procuración Penitenciaria tiene competencia para la protección de los derechos humanos de toda persona que se encuentre privada de su libertad bajo una autoridad federal o nacional; la normativa internacional y nacional establece que debe entenderse por privación de la libertad toda situación en la cual una persona se encuentra en un establecimiento; y los niños, niñas y adolescentes internados en centros socioeducativos de la CABA se encuentran privados de libertad en virtud de una resolución judicial procedente de una autoridad federal, de todo lo cual puede concluirse que el mandato de la PPN incluye la protección de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad (por cualquier causa) en los lugares de detención. Con el fin de dar cumplimiento a su mandato, la Procuración Penitenciaria cuenta con diversos equipos destacados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y once delegaciones en el Interior, a saber: NEA (Chaco), NOA (Jujuy), Misiones y Centros no Penitenciarios de la Frontera Norte (Misiones), Litoral (Santa Fe), Centro (La Pampa), Córdoba (Córdoba), Cuyo (Mendoza), Comahue y Viedma (Río Negro) y Sur (Chubut), ubicadas en lugares cercanos a las unidades de máxima seguridad y/o en las zonas próximas a las fronteras. A partir de la proximidad a estas unidades y zonas se pueden dar respuestas inmediatas a los requerimientos que allí se generan y se hace más eficaz el cumplimiento de la ley, que con la presencia circunstancial cada 2 o 3 meses de nuestros agentes de la Sede Central. Tanto de las Delegaciones como de la Sede Central, será necesario continuar con la informatización considerando la dinámica del cambio tecnológico. En ese marco, con respecto a la actividad principal de la PPN, se prevén los siguientes objetivos: Monitorear la totalidad de los establecimientos penitenciarios federales y otros lugares donde puedan encontrarse personas detenidas bajo jurisdicción federal mediante la realización de visitas periódicas. Actualizar la información relevada en la confección de un diagnóstico nacional penitenciario, a partir de estándares de condiciones materiales de detención elaborados por nuestro organismo; que pudo materializarse durante 2022-2024, actualizarse durante 2025-2026 y se continuará durante 2027. Sistematizar y procesar los reclamos efectuados por las personas privadas de libertad, por sus familiares (hasta cuarto grado de consanguinidad), o por su defensor legal (incluidos defensores públicos), dar tratamiento y seguimiento hasta la finalización de la intervención. Construir y gestionar bases de datos y registros que permitan monitorear el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y otros lugares de privación de libertad, contribuyendo a detectar e identificar vulneraciones de derechos y orientar estrategias de intervención. Continuar monitoreando el sistema de salud en contexto de encierro, reforzando las acciones específicas de monitoreo e investigación sobre las condiciones de salud física y mental de las personas detenidas con el objetivo de visibilizar el impacto en la salud de la población carcelaria, generar informes sobre el cumplimiento de los tratamientos médicos dispuestos y generar informe de lesiones en caso de violencia física. Desarrollar investigaciones y estudios en profundidad sobre problemáticas estructurales del sistema penitenciario, con la finalidad de elaborar diagnósticos que identifiquen los puntos críticos y aspectos que deberían ser modificados, efectuando los requerimientos a las autoridades pertinentes para tal fin. Investigar y documentar todas las denuncias y casos de torturas y muertes bajo custodia federal que lleguen a conocimiento del organismo, conforme los estándares internacionales vigentes contenidos en instrumentos internacionales de Naciones Unidas. Se priorizará de forma transversal y específica el análisis del impacto diferenciado de la prisión sobre las mujeres, identidades de género diversas y colectivos vulnerables. Esta labor resulta indispensable para asegurar mecanismos efectivos de control y prevención de la tortura. Ejercer la representación institucional mediante la interposición de acciones de Hábeas Corpus, recursos judiciales y la constitución como querellante o denunciante en causas por tortura, malos tratos o muertes bajo custodia federal. Esta actividad incluye el seguimiento técnico-jurídico de los procesos penales derivados de las inspecciones. Monitorear el cumplimiento de fallos nacionales e internacionales en la materia, en particular el cumplimiento de las distintas sentencias en los procesos en los cuales haya intervenido la Procuración Penitenciaria. Uno de ellos, el dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Néstor Rolando López y otros vs. Argentina”, del 25 de noviembre 2019 (“Néstor Rolando López y otros vs. Argentina”), que dispone importantes estándares relativos a los traslados entre establecimientos penitenciarios. Impulsar el fortalecimiento de la red de prevención nacional mediante la articulación con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la cooperación técnica con los mecanismos locales provinciales. Elaborar dictámenes técnicos y proyectos de reforma legislativa o reglamentaria dirigidos al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo. El objetivo es proponer la modificación de normativas que, en su aplicación, vulneren derechos fundamentales o generen situaciones de injusticia en el ámbito penitenciario. Efectuar recomendaciones cuando se adviertan vulneraciones a los derechos de las personas detenidas, con el objeto de contribuir al diseño e implementación de políticas penitenciarias respetuosas de la dignidad humana. Continuar la actividad del Registro Nacional de Casos de Tortura, juntamente con la Comisión Provincial por la Memoria y el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Buenos Aires. En este marco se continuará con dos de sus componentes: a) el Registro de Casos de Tortura Penitenciaria, en relación con el cual se proyecta la reunión y procesamiento de la base de datos de casos para los 11 tipos de tortura que releva el Registro, y b) el Registro de Casos de Tortura Policial, en el marco del cual se continuará con el relevamiento de casos para los tipos de tortura que releva el Registro y que requerirá seguir con trabajo de campo en alcaidías y comisarías comunales. Promover la Palabra como derecho y como herramienta para el ejercicio de derechos. En ese marco se prevé continuar con la actividad específica Marcos de Paz, que viene desarrollándose principalmente a través de los círculos de diálogo “Probemos Hablando”, en el Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz, el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (Unidades Residenciales III, IV y V), el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto), la Unidad N°6 de Rawson (Chubut) y la Unidad N°11 de la provincia de Neuquén. Promover un enfoque restaurativo en los contextos de privación de la libertad, ofreciendo espacios para el desarrollo de la capacidad de todas las personas de transformar positivamente el modo en que se vinculan con los demás, con su entorno y consigo mismas, a través de la palabra, contribuyendo a la prevención de la violencia, la mejora institucional del sistema penitenciario y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Promover la palabra como herramienta para la resolución pacífica de conflictos de convivencia en ámbitos de privación de la libertad. Cooperar con las personas privadas de la libertad para que desarrollen formas no violentas de gestión de dichos conflictos. Favorecer el diálogo, la celebración de acuerdos y la reducción de los índices de violencia entre las personas privadas de libertad. Fortalecer las capacidades de comunicación de las personas participantes, brindándoles herramientas que les permitan ejercer sus derechos y acceder a ellos mediante una mejor comunicación con las autoridades. Sostener y fortalecer el espacio de diálogo para familiares y allegados de personas privadas de libertad, denominado "Tejiendo Puentes". Esta iniciativa se ha desarrollado desde 2015 en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz, se amplió a unidades de hombres mayores y se ha ensayado con mujeres y con adolescentes. Consolidar el sistema de monitoreo preventivo desarrollado en el marco de Marcos de Paz, (realizó entre 2023 y 2025, 793 visitas a lugares de detención), capitalizando la experiencia acumulada durante más de una década para diseñar e implementar propuestas de política pública orientadas por la Regla Mandela Nº 38, como herramienta para la mejora institucional de los establecimientos penitenciarios y la prevención de los malos tratos, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 32 de la Ley Nº 26.827. Continuar desarrollando ciclos de formación y capacitación de facilitadores del diálogo en contextos de encierro. Acompañar y fortalecer el desarrollo de nuevas experiencias de facilitación del diálogo en distintas jurisdicciones del país, en articulación con las instituciones provinciales con las que la Procuración Penitenciaria de la Nación viene trabajando, entre ellas Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén. Dar continuidad al trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años, y publicar una Guía para la Facilitación del Diálogo en Contextos de Encierro, elaborada por los equipos de Marcos de Paz. Continuar colaborando con las iniciativas que llevan adelante equipos de facilitadores del diálogo en diversos lugares de nuestro país. Promover dicho enfoque y lograr su aplicación exige la realización de actividades públicas de difusión, intercambio, capacitación y concientización, la producción de material audiovisual y escrito que permita transferir esta modalidad de intervención a otros actores públicos y la capacitación de profesionales en esta área. Incorporar nuevos facilitadores del diálogo profesionales, bajo modalidades remuneradas, para fortalecer el equipo, considerando que actualmente la mayor parte de quienes desempeñan esta función lo hacen ad honorem en calidad de voluntarios sociales conforme a la Ley Nº 25.855. Ello permitirá extender el programa a otros complejos federales y unidades situadas en distintos puntos del país. Impulsar, desarrollar y promocionar todas las actividades llevadas a cabo por el organismo a través de herramientas fundamentales como los servicios digitales, páginas web y diseño gráfico. Impulsar y fomentar relaciones protocolares que agilicen el trabajo de la institución, así como la creación de nuevos convenios con ONG y universidades. Dar continuidad a la elaboración de podcasts como nexo de comunicación eficaz, transparente y entendible entre la institución y la sociedad en su conjunto sobre temas relativos a los Derechos Humanos y la realidad carcelaria. Colaborar en la tarea de investigación, edición y publicación, ya sea en forma individual en la PPN o en el marco de convenios con ONG y Universidades. En este sentido se continuará con la publicación de investigaciones y procedimientos, como así también con la edición, maquetación y publicación del Informe Anual y Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), manteniéndose además la continuidad en la maquetación e impresión de todas las publicaciones de series ya existentes, incorporando nuevas publicaciones que se vayan sumando al catálogo institucional. Armar el lanzamiento e impresión de dos nuevas series postales orientadas a la difusión de derechos: una destinada a Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y otra dirigida a familiares, canalizadas a través del programa PPN en los barrios. Elaborar informes trimestrales y anuales sobre detenciones policiales y judiciales con alojamiento en centros de detenciones no penitenciarios (alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad). Elaborar reportes estadísticos mensuales con difusión en la página web institucional acerca de las personas alojadas en dependencias de la Ciudad. Elaborar y presentar el Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura. Continuar con la línea de trabajo establecida, en materia de difusión en redes sociales y plataformas digitales, con la intención de expandir el alcance y la producción de contenidos gracias a la incorporación de nuevas herramientas digitales, incluyendo entre otras actividades la expansión del banco de imágenes y videos institucional, para lo cual se prevé la renovación y/o adquisición de las licencias de programas de trabajo como así también la adquisición de nuevos equipos técnicos Incorporar la capacitación del personal del organismo como nuevas acciones en materia de comunicación e identidad institucional, y realizar un relevamiento presencial en todas las delegaciones a fin de aplicar los lineamientos de la imagen institucional. Articular acciones para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad a nivel internacional. Para ello, establece y mantiene vínculos con diversos países y organismos multilaterales, facilitando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como el diseño de protocolos y documentos de trabajo. Asimismo, se fomenta la colaboración continua con representantes diplomáticos y consulares; coordinando la participación en eventos internacionales como conferencias y seminarios, y se encarga de la elaboración y ejecución de convenios internacionales. También se realizan documentos de contribuciones solicitadas por distintas áreas de Naciones Unidas y otras instituciones, redes de derechos humanos, informes ante instancias como el Consejo de Derechos Humanos o la OEA, entre otros. Gestionar y coordinar proyectos de cooperación técnica internacional. En este sentido, las actividades buscan fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones asociadas a la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas, mediante el intercambio de conocimientos y la revisión de estrategias de trabajo. A través de los años, se logró generar vínculos de trabajo y cooperación con varios países tales como Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Canadá, España, México, entre otros. La Procuración Penitenciaria de la Nación se constituyó como miembro del International Ombudsman Institute (IOI), única organización global para la cooperación entre más de 200 instituciones independientes de Ombudsman de más de 100 países en todo el mundo, apoyando a sus principalmente en tres ámbitos: formación, investigación y subvenciones regionales para proyectos. En consecuencia, la figura del Procurador Penitenciario como ombudsman específico y especializado puede servir de modelo para futuros defensores que quieran ir por la protección de las personas privadas de libertad. Continuar con el Curso de Práctica Profesional PPN-UBA, especializado en protección de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dirigido a estudiantes de la carrera de Abogacía. Con una inscripción variable y aproximada de (25) estudiantes, el curso de Práctica Profesional se extiende durante un año, con (3) encuentros semanales de (2) horas cada uno. Los objetivos del curso son aportar a la formación de profesionales especializados en la promoción y protección de derechos humanos en ámbitos de privación de libertad, a partir de la generación de una “expertise” específica y diversa, que engloba al litigio junto con otras herramientas, como la atención de demandas concretas de personas detenidas, el relevamiento de campo en prisiones, la elaboración de informes diagnósticos, la tramitación de actuaciones administrativas y hasta la propuesta de reformas legislativas. Todas las actividades desplegadas por el práctico profesional se realizan de manera coordinada con el área específica de la Procuración Penitenciaria a cargo de ese espacio de detención, colectivo o temático involucrados. Continuar con el Centro de Prácticas de Trabajo Social Preprofesionales, que se realizan desde 2017, y que tiene una duración de 2 años. Estas prácticas han dado lugar a la elaboración de varias guías de derechos para la población privada de la libertad y liberados, como así también de gacetillas. Desde 2023, la Procuración también es centro de prácticas profesionales para los varones que estudian Trabajo Social en el Centro Universitario de Ezeiza (CUE) del CPF I a través de UBA XXII; como en este caso no pueden acercarse al organismo, es la Procuración la que se traslada una vez por semana. Asimismo, hay práctica en la Sede Central de la PPN a la que asisten estudiantes no privadas de la libertad que cursan Trabajo Social en la sede Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Articular las líneas de intervención entre la Sede Central y las distintas delegaciones, así como también promover la coordinación entre estas, constituye una estrategia central para el funcionamiento eficaz del organismo en todo el territorio nacional. Si bien se han incorporado herramientas de trabajo remoto que facilitan el contacto y la comunicación a distancia, resulta vital que personal de la Sede Central realice recorridas periódicas por las delegaciones y lleve adelante tareas de campo en las unidades penitenciarias bajo su jurisdicción. Estas acciones permiten fortalecer la implementación territorial de las políticas institucionales, detectar de forma directa situaciones de vulneración de derechos y garantizar la coherencia en los lineamientos de intervención. Fomentar la interacción y el trabajo conjunto entre las delegaciones regionales. Para ello, se considera indispensable la realización de reuniones presenciales, tanto a nivel regional como en la Sede Central, que permitan establecer criterios comunes, evaluar avances, y coordinar estrategias operativas. La Defensoría del Público de Servicios de Comunidad Audiovisual es un organismo creado a partir del artículo 19° de la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que funciona en el ámbito del Poder Legislativo con dependencia orgánica de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y tiene como misión esencial proteger los derechos de las audiencias de servicios de comunicación audiovisual, generar un ámbito participativo de debate permanente sobre los medios de comunicación y convocar a audiencias públicas para evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión. La Defensoría del Público es una institución signada por la participación social dado que la ley misma que la crea fue elaborada en forma participativa y su titular es designada/o por una Comisión Bicameral. “Nadie reclama un derecho que no conoce”, bajo esta premisa, la Defensoría del Público lleva adelante una tarea de promoción del derecho a la comunicación para fortalecer a la ciudadanía a partir de la formación, el debate, la participación y la generación de propuestas. En ese marco, la Defensoría del Público tiene a su cargo promover una audiencia activa consciente de sus derechos y con capacidad de ejercerlos, en particular de aquellos sujetos históricamente excluidos de los paradigmas de la comunicación como los niños, niñas y adolescentes, los pueblos originarios, las mujeres, las personas con discapacidad, las escuelas y entidades académicas, las personas privadas de libertad, las organizaciones públicas y comunitarias sin fines de lucro. Otro eje central de las políticas de la Defensoría del Público está vinculado a la investigación, análisis y monitoreo permanente de producciones audiovisuales sobre cuestiones referidas al estado de cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los derechos humanos consagrados en ella. Para el cumplimiento de sus funciones la Defensoría del Público cuenta con fondos de afectación específica según lo dispuesto por el artículo 97 inciso e) de la Ley 26.522 que otorga un 5% de los fondos recaudados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por el “gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto”, abonados por “los titulares de los servicios de comunicación audiovisual” (conf. art. 94). La Defensoría del Público para el ejercicio 2027 prevé las siguientes líneas de acción: Implementar mecanismos de abordaje territorial que acerquen la Defensoría del Público a la ciudadanía a efectos de promover la participación del público a través de dispositivos como stands permanentes e itinerantes en vía pública, ferias y parques temáticos. Continuar con las acciones de protección y promoción de los derechos del público y reparación de los derechos vulnerados tanto para denunciantes como para el público; proporcionar mecanismos de resolución alternativa de los conflictos a través de la construcción del consenso y el diálogo de los distintos actores involucrados: promover transformaciones en las prácticas mediáticas para incorporar los derechos que consagra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de recomendaciones públicas y de la creación de mecanismos de autorregulación como guías o protocolos de acción ante situaciones diversas. Convocar a trabajadores de la comunicación, académicos y profesionales expertos en el tema de comunicación, empresas privadas, organizaciones públicas o privadas, actores de la comunicación, legisladores, autoridades gubernamentales, sindicatos, centros de estudios e investigaciones de la sociedad civil en general u otras entidades de bien público en general para crear un ámbito participativo de debate sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación. Implementar distintas instancias de promoción y participación como talleres, concursos, congresos, seminarios, reuniones, jornadas, encuentros, foros presenciales o virtuales de promoción de la autorregulación y las buenas prácticas, la protección de derechos y la elaboración de reglamentaciones y normas vinculadas a la temática que tomen en cuenta los nuevos derechos establecidos por la Ley 26.522, a fin de ampliar el ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación y el conocimiento de los mencionados derechos. Se focalizará especialmente en la promoción de la Ley, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la comunicación no sexista, la erradicación de toda forma de discriminación y la violencia simbólica mediática, fortalecer y fomentar la diversidad, la universalidad de los Servicios de Comunicación Audiovisual, la participación, el federalismo, la inclusión social, equidad de género y el acceso de personas con discapacidad y otros siempre desde la perspectiva de la libertad de expresión y los derechos a la comunicación y la información como derechos humanos. Cumplir con la convocatoria a las audiencias públicas dispuestas en el artículo 19 inc. c) de la Ley N° 26.522 en las distintas regiones del país a efectos de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual. Las Audiencias son de carácter abierto y de participación libre y permiten analizar y compartir experiencias y propuestas vinculadas a la radio y la televisión de cada región donde se llevan a cabo las charlas con la bimodalidad presencial/virtual que permitió una mayor participación. Continuar con la observación, recolección y análisis de producciones mediáticas para realizar un monitoreo permanente sobre cuestiones referidas al estado de cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los derechos humanos consagrados en ella. Se producirán y promoverán estudios sobre cualquier tipo y/o forma de discriminación y/ o menoscabo de la dignidad humana que induzcan o promuevan formas de desigualdad social, comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes. Se trabajará, a su vez, sobre violencia mediática en los medios de comunicación. Dentro de ella, se analizarán las ausencias socio-comunicacionales en el sistema de medios, incluyendo las publicidades, entre otros géneros. Las líneas directrices de investigación seguirán estudiando críticamente las formas en que los medios de comunicación audiovisual pueden afectar la sensibilidad de algún grupo o sector social, focalizando en representaciones estereotipadas de los roles de género, violencia mediática contra las mujeres y publicidades, entre otros. Ello permitirá, a su vez, la reflexión y elaboración participativa de guías y protocolos de buenas prácticas de trabajo que contribuyan a una mayor democratización de las comunicaciones y las informaciones. Articular y promover el desarrollo de investigaciones en la temática con instituciones públicas de orden nacional y provincial, organizaciones de la sociedad civil, universidades y referentes académicos especializados, con el fin de la defensa de los derechos (conf. inc. i) a través del Monitoreo Federal en Noticieros de Televisión Abierta para la coordinación a nivel nacional de qué es lo que se construye como lo público relevante dentro de lo que se llama “noticias” en los medios de comunicación. Difundir en la comunidad argentina la misión y acciones del organismo, los modos de contacto y rendir públicamente cuentas sobre su acción. Para ello se llevará a cabo una campaña de comunicación institucional a través de presencia en medios audiovisuales, gráficos y digitales, se habilitará un espacio de difusión estable en radio y/o televisión abierta y se producirá y distribuirá material institucional como folletería y cartelería. Promover y divulgar experiencias, investigaciones y resultados de análisis en el campo académico y político de la comunicación en el marco de convenios con organismos públicos y universidades especializadas que rescaten los ejes de la ley respecto de derechos comunicacionales específicos, como los referidos a niñez y adolescencia, género, diversidad política, económica, cultural, étnica y social a través de la publicación de libros, cuadernillos e instrumentos vinculados con la ley en distintos formatos y para públicos diversos. La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (DDNNyA), desde su naturaleza de Institución de derechos humanos pública, independiente, autónoma, autárquica y federal, vela y monitorea por el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, sea por parte del Estado o de la sociedad en su conjunto. La misión de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes puede resumirse en (4) ejes: i) Acompañamiento y colaboración; ii) Supervisión; iii) Control; y iv) Exigibilidad. Entre las funciones de la DDNNyA, se incluyen las previstas en los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061: Asumir lo nacional; buscar consensos, promover el diálogo con todos los sectores y actores involucrados, admitir la diversidad y las múltiples realidades en las que viven las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Acordar y converger con las Defensorías provinciales de Misiones, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Jujuy, Catamarca y las que se crearán en el futuro. Articular con organizaciones sociales con anclaje territorial. Establecer una nueva relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Evitar la superposición, el solapamiento y la sobreintervención entre los órganos de protección de derechos. Jerarquizar el denominado sistema de protección. Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. La DDNNyA no diseña ni aplica políticas públicas, no legisla ni juzga. Sí pretende incidir para garantizar los derechos y el acceso a las prestaciones positivas (políticas, planes, programas, bienes, servicios) y promover así la protección especial que las niñas, niños y adolescentes merecen por el solo hecho de serlo y del mismo modo y con la misma firmeza, pretende contar con las herramientas de exigibilidad frente a la vacancia de políticas o normas que garanticen sus derechos, o bien frente a la vulneración de derechos de una niña o niño, o de un grupo de ellas y ellos. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo público creado por la Ley N° 26.827, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (OPCAT, por sus siglas en inglés), instrumento que la República Argentina ratificó en 2004, tras la aprobación de la Ley N° 25.932 por parte del Congreso Nacional. De acuerdo a las previsiones de la Ley N° 26.827 y del OPCAT, el CNPT es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y su rol es el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. En este sentido, asume un papel institucional esencial en el ámbito de los derechos humanos: la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad desde una tarea preventiva. Su misión institucional es prevenir la tortura y los malos tratos y promover los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar el respeto a su dignidad personal y a los tratados internacionales ratificados por el Estado. Además, el CNPT es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SNPT), compuesto por diversos organismos públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. El CNPT promueve la articulación entre los diversos organismos públicos nacionales y provinciales que integran el SNPT, para lograr intervenciones eficaces y complementarias. En el marco de sus funciones, diseña y recomienda acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promueve la aplicación de directivas y buenas prácticas, en un ámbito de cooperación con las autoridades de los tres poderes del Estado, así como con los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, a nivel nacional y provincial. A su vez, está facultado para realizar visitas de inspección, sin previo aviso, a unidades penitenciarias, comisarías, alcaidías, centros de institucionalización por motivos de salud mental, centros de responsabilidad penal juvenil, residencias para personas mayores, residencias para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y cualquier otro lugar donde se encuentre una persona privada de su libertad por decisión de una autoridad pública, o con su consentimiento, a nivel nacional, provincial y municipal. También tiene competencia para solicitar informes a los poderes del Estado e intervenir con un enfoque preventivo en todos aquellos ámbitos donde puedan producirse hechos de torturas o malos tratos; en particular, está facultado para monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, los procesos de detención de personas desde sus momentos iniciales y los operativos de seguridad sobre colectivos sujetos a una obligación especial o reforzada de garantía. A su vez, el organismo también reúne, sistematiza y produce datos a nivel nacional y provincial, elabora estándares y recomendaciones que promueven políticas para la prevención de la tortura y buenas prácticas, impulsa activamente casos judicializados de interés para los temas de su competencia, recibe comunicaciones de las personas privadas de la libertad y las deriva a los organismos públicos correspondientes, y mantiene una permanente vinculación con los mecanismos nacionales de la región, así como de otros continentes, entre otras acciones. El artículo 7 (inciso b) de la Ley N° 26.827 le otorga al Comité un mandato federal. Esta potestad lo faculta para realizar visitas de inspección sin previo aviso en cualquier lugar de privación de libertad, abarcando de forma transversal las jurisdicciones federal, nacional, provincial y municipal. Este control abarca: unidades penitenciarias, alcaidías, comisarías y delegaciones policiales en todo el territorio nacional; escuadrones de la Gendarmería Nacional y destacamentos de la Prefectura Naval; instituciones de salud mental y centros de tratamiento de adicciones o consumos problemáticos; dispositivos de alojamiento para niños, niñas y adolescentes, por razones penales o falta de cuidados parentales y residencias e instituciones para adultos mayores o personas con discapacidad. Para llevar adelante la política de prevención de tortura en todo el territorio nacional, el CNPT prevé para el año 2027 los siguientes objetivos de alto impacto: Ejecución de monitoreos de alta complejidad: Proyecta realizar al menos 12 visitas institucionales y 12 inspecciones territoriales mediante equipos interdisciplinarios. Las visitas que se realizan en los lugares de encierro y de privación de la libertad constituyen un mecanismo de articulación y planificación integral. Constan de reuniones preparatorias, análisis y planificación sobre los lugares a visitar, establecimiento de objetivos, articulación con los mecanismos locales y autoridades. Una vez en el territorio, el CNPT convoca a los Mecanismos Locales a participar en las inspecciones a los lugares de encierro. También se realizan reuniones institucionales donde se exponen las principales problemáticas observadas en los lugares de detención. Asimismo, se mantienen reuniones con autoridades locales con competencia en justicia, seguridad y derechos humanos, y con responsables de los servicios penitenciarios y otros organismos con incidencia directa sobre los lugares de privación de libertad. Los encuentros tienen una doble finalidad: por un lado, generar instancias de intercambio institucional para analizar la situación de los espacios de encierro, conocer prioridades de política pública y la capacidad de respuesta estatal; por el otro, fortalecer el seguimiento de informes y recomendaciones emitidos por el CNPT, ofreciendo colaboración técnica y canales de comunicación que faciliten la adecuación de las prácticas a los estándares y la implementación progresiva de acciones que mejoren las condiciones de detención y prevengan la tortura y otros malos tratos. La cooperación con las autoridades se realiza en cumplimiento de la ley 26.827 y el OPCAT. Alcance poblacional: Estas intervenciones territoriales permitirán entrevistar anualmente a cerca de 30.000 personas privadas de libertad. Producción y sistematización de la información: El CNPT fortalecerá herramientas clave para la toma de decisiones metodológicas a nivel nacional. Esto incluye la consolidación del Registro Nacional de Casos de Tortura, el Registro Nacional de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus y el Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de Alojamiento. A su vez el CNPT desarrolla una política institucional de datos abiertos, con el fin de ampliar los recursos disponibles para la academia, el periodismo, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, y en particular para que la información sea utilizada por las autoridades e integrantes del SNPT. Programa Mínimo de Producción de Información: Se proyecta la implementación del Programa Mínimo de Producción de Información, el cual será elaborado por el CNPT, conforme el art. 7 inc. d de la ley 26.827. Recepción de denuncias: Monitoreo y seguimiento de las observaciones efectuadas durante las visitas institucionales, solicitando a las autoridades competentes la adopción de medidas especiales urgentes para el cese del maltrato y su investigación y para la protección de las víctimas y/o de los denunciantes frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos (cfr. Art. 7 inc. ñ ley 26.827). Representación Internacional: Representar de manera exclusiva al SNPT ante el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU (SPT) y cooperar con los organismos del sistema universal y el sistema interamericano de Derechos Humanos, labor que ya fue reconocida por las Naciones Unidas (CAT/C/ARG/CO/7) como uno de los avances más relevantes de la década en el país. Fortalecimiento, Financiamiento y Articulación del SNPT: Lograr que todas las jurisdicciones provinciales cuenten con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) plenamente integrado. A la fecha, el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) cuenta con 15 mecanismos incorporados y uno en proceso de integración, restando provincias que requieren asistencia técnica y normativa del CNPT. En ejercicio de su rol rector, el Comité desarrollará las siguientes acciones estratégicas: Programa de Fortalecimiento y Asistencia (2027): Proveer asistencia técnica y presupuestaria directa, a través del Programa de Fortalecimiento y Asistencia para financiar proyectos presentados por los mecanismos locales, robusteciendo sus capacidades de intervención territorial. Este modelo incrementa la eficiencia sistémica, delegando la primera intervención en los organismos provinciales. Financiamiento a terceros: Dar continuidad al programa de Financiamiento de Proyectos para el Fortalecimiento del SNPT, apoyando económicamente a organizaciones sociales y universidades nacionales en iniciativas de monitoreo. Coordinación de Poderes Ejecutivos: Establecer estándares comunes obligatorios en procedimientos críticos (registros, traslados, requisas y uso de la fuerza) para las fuerzas de seguridad y autoridades penitenciarias de todo el país. Cooperación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos locales: Promover herramientas internacionales (Protocolos de Estambul y Minnesota) y ceder el uso del Sistema Informático para la Prevención de la Tortura (SIPRET), desarrollado por el CNPT, a Cortes y Defensorías provinciales. Requerimientos de Infraestructura y Administración de Recursos. El CNPT garantiza el funcionamiento del Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML), financiando traslados y estipendios de los representantes provinciales y garantizando sesiones en el interior del país para asegurar el federalismo. Asimismo, convoca la Asamblea Anual del sistema, habiendo congregado a más de 200 actores institucionales y sociales en su última edición. Para sostener este nivel de gobernanza y rectoría nacional durante el próximo ejercicio, se optimizarán los procesos de las Direcciones Generales Técnica y de Administración. Resulta crítico y prioritario ampliar la infraestructura física del organismo. La sede actual es insuficiente para albergar autoridades y trabajadores del órgano máximo de control del país y dar respuesta a las crecientes demandas que exige la administración integral del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Por otra parte, el Comité despliega acciones de articulación, colaboración y trabajo conjunto con organizaciones no gubernamentales y unidades académicas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de intervención de los integrantes del Sistema para la promoción de los derechos humanos y la prevención de la tortura y malos tratos en lugares de encierro. En este sentido, los convenios de colaboración son una de las principales herramientas que el CNPT desarrolla para la articulación y el trabajo colaborativo con ONG y universidades nacionales. En primer lugar, se llevan adelante convenios marco que establecen principios básicos de cooperación que contribuyan a promover los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tales como el intercambio de información, experiencias y desarrollo de actividades de investigación y asistencia técnica mutua. Los convenios pueden incluir instancias de trabajo tales como capacitaciones presenciales y visitas de inspección conjuntas a lugares de detención, así como la organización de seminarios, jornadas y conferencias. Además de formular convenios marco de colaboración con universidades nacionales y ONG, el CNPT lleva adelante convenios específicos cuando resulta necesaria la instrumentación operativa o técnica de las acciones a desarrollar. Por otra parte, se busca fortalecer el “Programa de Financiamiento de Proyectos para el Fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura”. El mismo tiene como objetivo apoyar institucional y económicamente la realización de proyectos de ONG y universidades nacionales que lograron promover y fortalecer los derechos de las personas privadas de la libertad o recientemente liberadas, así como impulsar investigaciones y acciones que permitieron contar con un conocimiento más acabado sobre la situación de distintos lugares del país en materia de tortura y malos tratos. Respecto a los vínculos de cooperación organizaciones no gubernamentales internacionales y Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNP), el Comité Nacional desarrolla una política sostenida de articulación e intercambio con ellos, orientada al fortalecimiento de sus capacidades institucionales y al cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley N.º 26.827 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). En este marco, el CNPT mantiene vigentes convenios de cooperación con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de México, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Francia, Italia y Bolivia, destinados al intercambio de experiencias, buenas prácticas y metodologías de monitoreo, así como al desarrollo de actividades conjuntas de capacitación, investigación, asistencia técnica e intercambio institucional. También se cuenta con convenios de cooperación con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y con la Omega Research Foundation, organizaciones internacionales con las que se desarrollan acciones de capacitación, investigación, asistencia técnica e intercambio de información especializada en materia de prevención de la tortura y otros malos tratos. En igual sentido, el CNPT participa activamente en la Red Latinoamericana para la Prevención de la Tortura (ReLaPreT), espacio regional de articulación entre mecanismos nacionales que promueve el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus integrantes. La implementación de estos vínculos de cooperación requiere contar con recursos destinados a la organización y participación en reuniones técnicas, seminarios, capacitaciones y encuentros internacionales; la realización de intercambios institucionales con mecanismos homólogos; la contratación de servicios de interpretación y traducción; la elaboración, traducción, edición y difusión de publicaciones y herramientas técnicas; y la eventual contratación de asistencia especializada para el desarrollo de actividades específicas. Estas acciones permiten fortalecer las capacidades técnicas del CNPT, promover la incorporación de estándares internacionales, mejorar las herramientas de monitoreo y consolidar la articulación con organismos especializados y mecanismos homólogos, contribuyendo al cumplimiento efectivo del mandato del Comité como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La misión primaria y fundamental de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es brindar apoyo técnico al Congreso Nacional en las temáticas previstas en la Ley 27.343, con el fin último de dotar de herramientas objetivas, técnicas y de excelencia para el análisis y la producción legislativa. En el marco de dicha responsabilidad se contempla para el ejercicio fiscal 2027 la elaboración de informes (en función del tema abordado y su periodicidad), la producción y la actualización de herramientas navegables con datos fiscales útiles para diversos tipos de usuarios y el desarrollo de tareas de difusión y vinculación de la Oficina con otras instituciones del ámbito público y privado. Dentro de las publicaciones periódicas que desarrolla la Oficina se encuentran: Las publicaciones mensuales que comprenden a) informe Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional: análisis de ingresos y gastos devengados, discriminados por jurisdicción, finalidad y carácter económico, resultado primario, financiero y económico y comparación del crédito asignado con el ejecutado bajo el período. La información incluye el registro de datos acumulados por mes; b) informe Operaciones de Deuda Pública: detalle de nuevo endeudamiento y pago de intereses y amortización de capital, diferenciado por instrumento y organismos financieros; c) resumen gráfico mensual de Recursos de Origen Nacional Distribuidos a Provincias: detalle de las transferencias a precios constantes de recursos de origen nacional a las provincias, con detalle por provincia; d) resumen gráfico mensual de Regalías Hidrocarburíferas: información de regalías por tipo de combustible y por provincia, en dólares y a precios constantes, así como datos de producción y precios por provincia e indicadores de la incidencia de las regalías en los recursos provinciales; e) resumen gráfico de Recaudación Impositiva Provincial: detalle de la recaudación de impuestos provinciales por provincia, a precios constantes, discriminando Ingresos Brutos, Inmobiliario y otros; f) Ficha técnica de la Inversión Pública Nacional: presenta los principales aspectos de la ejecución presupuestaria de la inversión pública de la Administración Nacional en un período determinado, en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, incluye gráficos y cuadros que muestran la ejecución de la inversión, su distribución por función, la inversión real directa por componente, las transferencias de capital por destinatario, y un detalle de los principales proyectos por ubicación geográfica; g) Ficha técnica de transferencias presupuestarias de la Administración Pública Nacional a Empresas Públicas: presenta los principales aspectos de la ejecución presupuestaria de las transferencias de la APN a las Empresas Públicas en un período determinado, en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, incluye gráficos sobre la ejecución presupuestaria, la evolución de las transferencias a valores constantes del mes analizado y la cantidad de cargos ocupados en las principales empresas, junto con su evolución; h) Ficha técnica de transferencias presupuestarias de la Administración Pública Nacional a Gobiernos Provinciales: presenta los principales aspectos de la ejecución presupuestaria de las transferencias de la APN a los Gobiernos Provinciales en un período determinado, en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, incluye gráficos y cuadros que muestran la ejecución presupuestaria, las transferencias por provincia y por principales programas presupuestarios, así como la evolución de los montos transferidos a valores constantes del mes analizado; i) Ficha técnica de Subsidios a la Energía de la Administración Nacional: presenta los principales aspectos de la ejecución presupuestaria de los subsidios energéticos de la Administración Nacional en un período determinado, en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, incluye gráficos que exponen la ejecución de los subsidios, su evolución en términos del Producto y a valores constantes del último mes analizado, así como la composición de los subsidios a la energía y al gas según destinatario; j) Ficha técnica de Subsidios al Transporte de la Administración Nacional: presenta los principales aspectos de la ejecución presupuestaria de los subsidios al transporte de la Administración Nacional en un período determinado, en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, incluye gráficos que muestran la ejecución de los subsidios, su evolución en términos del Producto y a valores constantes del último mes analizado, el monto y la participación de los subsidios al transporte ferroviario por destinatario, y la evolución de la cobertura del transporte automotor. En forma trimestral se publica: a) Informe Trimestral de Transferencias Automáticas y No Automáticas a Provincias. En forma anual se publican: a) Informe de Ejecución Anual de la Inversión Pública Nacional (base devengado); b) Informe sobre el Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional (a consideración de su publicación por el Poder Ejecutivo Nacional); c) Resumen Gráfico Anual de Recursos de Origen Nacional Distribuidos a Provincias. Los Informes periódicos sobre la ley de presupuesto están referidos al análisis del proyecto de ley girado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en sus diferentes instancias, a la sanción de la ley y al análisis de su ejecución global, con desagregación en función de distintos ejes temáticos: a) Análisis de la Decisión Administrativa de distribución de créditos de la Ley de Presupuesto; b) Análisis del Informe de Avance del Presupuesto Nacional con la Interpretación de la propuesta que el Poder Ejecutivo realiza a los legisladores anticipando los lineamientos de la política presupuestaria prevista para el próximo ejercicio fiscal; c) Informe sobre la Cuenta de Inversión; y d) Proyecto de ley girado por el Ejecutivo Nacional (se incluye además del análisis general del Proyecto y la consistencia de sus variables macroeconómicas, análisis particulares sobre la inversión pública, el endeudamiento y políticas transversales. Los Informes sobre modificaciones presupuestarias contienen el análisis de las modificaciones introducidas al presupuesto en ejecución a través de decisiones administrativas o decretos de necesidad y urgencia; descripción de cambios en los gastos y recursos vigentes y su impacto en los resultados. Es parte de la tarea de seguimiento de la ejecución del presupuesto y se producen según se generen esos cambios. Por otro lado, se encuentran los informes que estiman el impacto fiscal de proyectos de ley sometidos a consideración. En ellos se realiza una evaluación del costo y eventual financiamiento de las iniciativas con trámite parlamentario, según solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras. Las estimaciones económicas están ceñidas al expreso contenido de los proyectos de ley sometidos a análisis. Finalmente, se desarrollan Estudios específicos como informes descriptivos sobre situaciones estructurales de la situación socio económica ligadas al diseño y ejecución del presupuesto nacional, que también comprenden al sector público no financiero. Los temas son diversos y se definen en el plan de trabajo anual de la Oficina. Bajo esta categoría se analizan diversos temas como el sistema previsional, el sistema de salud, las transferencias monetarias a personas físicas, rigideces del presupuesto, empleo público en la Administración Pública Nacional, Fondos Fiduciarios, Empresas Públicas del Sector Público Nacional no Financiero, Otros Entes Públicos excluidos de la Administración Nacional. En el marco de las actividades vinculadas con las tareas de difusión y vinculación de la Oficina con los legisladores y otras instituciones del ámbito público y privado se realizan encuentros de capacitación y para asesores de ambas Cámaras, intercambios con otras oficinas actuantes en el ámbito parlamentario, así como actividades de relacionamiento con ONG, organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y del sector privado.

## Contexto: qué pasó con el Presupuesto 2026

No cambia ninguna cifra de la comparación; explica por qué puede diferir de otras fuentes.

- **Por qué el Gobierno informa otras variaciones.** El mensaje del proyecto 2027 compara contra el ejercicio vigente 2026, es decir, la ley más todas las modificaciones que se le hicieron durante el año. Contra esa base, el gasto total sube 25,2 %. Esta sección compara contra la ley 2026 tal como la votó el Congreso. Por eso las variaciones de acá son distintas, y en algunas áreas mucho más altas. Fuente: Mensaje de remisión del Proyecto de Presupuesto 2027, apartado «Gastos»..
- **La inflación de 2026.** El proyecto 2027 estima que 2026 cierra con una inflación de 29,0 % entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026. Cuanto más se aleja la inflación real de la prevista en la ley, más chicas quedan en pesos sus partidas, y parte de las subas reales de esta sección solo reponen esa diferencia. Fuente: Mensaje de remisión del Proyecto de Presupuesto 2027, «Supuestos macroeconómicos»..
- **Un DNU modificó el presupuesto en julio.** El Decreto de Necesidad y Urgencia 594/2026 modificó la ley de presupuesto para reforzar salarios universitarios, becas Manuel Belgrano, Monotributo Social y servicios de la deuda, y destinó $409.342.664.874 a las cajas previsionales provinciales. Fuente: Decreto 594/2026, Boletín Oficial del 16/7/2026..
- **Más fondos para juicios previsionales.** Dos decisiones administrativas subieron el tope para pagar deudas previsionales: la 20/2026 lo llevó a $712.288.000.000 y la 26/2026 a $962.288.000.000. La DA 20 también recortó créditos de varias jurisdicciones, y la DA 26 reforzó el Plan 1000 Días. Fuente: Decisiones Administrativas 20/2026 (B.O. 11/5/2026) y 26/2026 (B.O. 4/9/2026)..
- **El presupuesto 2026 derogó dos pisos de financiamiento.** El artículo 30 de la ley de Presupuesto 2026 derogó desde ese año el piso del 6 % del PBI para educación (artículo 9 de la Ley 26.206) y el aumento progresivo del presupuesto de ciencia hasta el 1 % del PBI en 2032 (artículos 5 a 7 de la Ley 27.614). El proyecto 2027 no los restablece. Fuente: Ley 27.798, artículo 30, incisos a) y b)..
- **Cómo se descuenta la inflación.** Para calcular las variaciones reales usamos una inflación promedio de 21,1 % entre 2026 y 2027, la misma que usa la Oficina de Presupuesto del Congreso. El proyecto 2027 solo informa la inflación de diciembre a diciembre (18,0 %), pero el gasto se ejecuta durante todo el año, así que para comparar un año contra otro corresponde el promedio. Con el 18 %, todas las subas reales serían unos 3 puntos más altas. Fuente: Oficina de Presupuesto del Congreso, «Informe sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027», nota 15; Mensaje de remisión del Proyecto 2027, «Supuestos macroeconómicos»..

## Cómo citar

DeQuéSeTrata, «Presupuesto 2027», con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto. https://dequesetrata.org/presupuesto/2027/a-donde-va/J01