Cómo leemos cada norma

Contra qué la medimos

Contra la norma anterior, no contra un ideal. Toda conclusión nuestra es comparativa: dice si la nueva norma deja a la persona con más o con menos libertad que el régimen que reemplaza. Cuando decimos que una norma “abre” o “cierra”, lo decimos respecto de lo que había antes.

Qué miramos

Descomponemos la libertad en nueve aspectos —los llamamos sensores—, agrupados en tres preguntas:

Una libertad abierta en el papel pero encarecida hasta lo prohibitivo no es una libertad real, y así la leemos: todo sensor juzga la libertad efectivamente ejercible, no la meramente declarada.

Cómo leer nuestras conclusiones

En cada sensor marcamos si la norma libera (+1), se mantiene neutra (0) o restringe (−1), siempre respecto de la norma anterior.

No reducimos una norma a un solo número. Una misma norma suele tratar distinto a las distintas personas que toca: puede darle más al que consume y menos al que produce, o al revés. Por eso puntuamos por posición —el rol que la norma le asigna a cada persona: comprador, oferente, usuario, contribuyente— y, en lugar de un veredicto único, señalamos quién gana y quién pierde libertad, por separado. Es común que una norma libere en un aspecto y cierre en otro; cuando eso pasa, lo mostramos, no lo promediamos.

Una aclaración sobre “perder”

No todo el que pierde una ventaja pierde libertad. Cuando alguien deja de gozar de un privilegio regulatorio que perjudicaba a terceros —lo que en la casa llamamos un kiosco—, eso no lo contamos como una pérdida de libertad, sino como la corrección de una distorsión. Distinguimos siempre libertad de privilegio.

Ahora bien: toda regulación beneficia a alguien y perjudica a alguien, así que ese solo hecho no alcanza para hablar de privilegio. Para calificarlo como tal exigimos tres cosas a la vez, y las tres tienen que surgir del texto de la norma:

• 1.Que restrinja quién puede hacer algo —y no solo cómo hay que hacerlo—.
• 2.Que el grupo favorecido sea identificable en la propia norma.
• 3.Sobre todo, que el alcance de esa restricción no se explique por el fin que la norma dice perseguir. Si un requisito busca idoneidad, un examen se explica; un cupo, no.

Cuando esas tres condiciones no están probadas, no hablamos de privilegio: contamos la pérdida como pérdida de libertad. No damos por supuesto un privilegio por el rubro de que se trate ni por quién resulte beneficiado.

El mismo examen lo hacemos en el sentido inverso. Hay normas que no quitan un privilegio sino que lo crean: dejan a unos adentro de un espacio cerrado para los demás. Ahí nadie pierde una ventaja —alguien la gana— y aplicamos las mismas tres condiciones para decidir si corresponde llamarlo privilegio.

Y una regla de escritura que nos autoimponemos: señalamos el mecanismo y el artículo, nunca al gremio. Escribimos “la reserva exclusiva de tal tarea a favor de tal registro”; no escribimos “el kiosco de tal profesión”. Lo que tenemos a la vista es una norma, y una norma solo autoriza a juzgar una norma —además, una misma actividad puede tener protecciones legítimas y privilegios reales al mismo tiempo.

Un ejemplo

Tomemos una resolución que unifica en un contrato único las pólizas de un seguro obligatorio, antes reguladas de manera dispersa. Leída con nuestra lente, esa norma no es simplemente “buena” o “mala”: reparte. El asegurado gana un contrato legible y comparable —más información— pero pierde variedad para elegir —menos alternativas—. La aseguradora, a su vez, pierde margen para diseñar coberturas distintas, es decir, libertad para competir. Nuestra conclusión no resume todo eso en un número: muestra que la misma norma abre en un aspecto y cierra en otros, y dice con nombre propio quién gana y quién pierde.

Además de qué hace la norma, cómo se dictó

El estado de derecho es una condición de la libertad: no alcanza con que una norma amplíe márgenes si lo hace por una vía que deja al poder sin límites. Por eso, aparte de medir efectos, revisamos la norma en sí misma:

• Generalidad: ¿Vale para todos los que están en la misma situación?
• Irretroactividad: ¿Rige hacia adelante, respetando situaciones consolidadas?
• Claridad: ¿Es determinable qué manda, a quién y desde cuándo?
• Competencia del órgano: ¿Quien la dictó podía dictarla, en esa forma?

Ese examen lo informamos por separado del saldo de libertad, y nunca lo mezclamos con él. Es a propósito: una norma puede ampliar libertades y, aun así, haber sido dictada por la puerta equivocada. Si lo promediáramos todo, ese defecto quedaría tapado por el resultado. Preferimos que se vean las dos cosas.

La brújula: saldo por sector

La portada de Reformas muestra una brújula por sector. Como no reducimos una norma a un número, la brújula agrega los saldos de las posiciones que las normas tocan: cuántas ganaron libertad, cuántas la perdieron, y el saldo ponderado por impacto. Las correcciones de privilegio se cuentan aparte: quitar un kiosco no es “cerrar” libertad.

No es “¿qué tan libre es el sector?” sino “¿en qué dirección se mueve?”. Es un vector, no un termómetro.