Boletín Oficial de la República Argentina
Intervención de la obra social de vareadores: un paso hacia la regularización
La norma busca garantizar la correcta atención y cobertura de salud a los beneficiarios, ante irregularidades en la gestión de la obra social
El 14 de octubre de 2024, el presidente de la Nación firmó un decreto que establece la intervención de la Obra Social de Vareadores RNAS N° 1-2190-3 por un período de 180 días. Esta decisión se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas por la Superintendencia de Servicios de Salud, que llevaron a la necesidad de una supervisión más estricta.
La auditoría integral realizada a la obra social reveló problemas significativos en la gestión de prestaciones, especialmente en lo que respecta a la atención de personas con discapacidad. Según el informe, la obra social no contaba con un equipo interdisciplinario, incumpliendo así lo establecido por la Ley N° 24.901. Además, se identificaron deficiencias en el control interno y en la presentación de documentación necesaria para el funcionamiento adecuado de la entidad.
El decreto designa al doctor Alberto José Curci Castro como administrador provisorio de la obra social, quien tendrá la responsabilidad de normalizar la situación institucional y administrativa. Este interventor deberá presentar informes mensuales a la Superintendencia, detallando la evolución de la obra social y las medidas adoptadas para corregir las irregularidades.
La intervención se justifica no solo por el incumplimiento de normativas, sino también por el impacto que estas deficiencias tienen en la población beneficiaria. La Superintendencia ha observado un aumento en la cantidad de afiliados en años anteriores, seguido de una disminución en el período 2023-2024, lo que sugiere problemas en la retención de beneficiarios.
El objetivo de esta medida es asegurar que los afiliados reciban la atención y cobertura médica que les corresponde, en un contexto donde la obra social ha mostrado serias falencias en su gestión. La intervención se considera un paso necesario para restablecer la confianza en el sistema de salud y garantizar el acceso a servicios de calidad para todos los beneficiarios.
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