Bajan la edad de imputabilidad: avanza el proyecto

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Con el respaldo del PRO y otros bloques aliados, el proyecto propone reemplazar el régimen vigente desde 1980 y avanzar hacia un modelo más integral y moderno

Un dictamen con amplio respaldo político y técnico

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, logró 77 firmas en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes. El nuevo Régimen Penal Juvenil se elaboró tras meses de debate, con aportes de más de 26 expertos entre juristas, sociólogos, psicólogos, académicos y representantes de organizaciones sociales. “Este proyecto es el resultado de un trabajo transversal. Escuchamos a todos los sectores y tomamos en cuenta sus aportes”, señaló la diputada Laura Rodríguez Machado, quien presidió el plenario.

Una reforma integral con enfoque en derechos

El régimen se aplicará a adolescentes entre 14 y 18 años. Uno de los principios centrales es la presunción a favor del menor en caso de duda (in dubio pro minoris). Además, se establecen garantías como:

• Derecho a defensa desde el inicio

• Medidas restrictivas de libertad solo como última opción

• Prioridad en la resocialización y educación del infractor

• Participación activa del adolescente en el proceso

• Respeto a la familia y celeridad procesal

Reconocimiento a las víctimas del delito

El proyecto también introduce un enfoque novedoso hacia las víctimas:

• Tendrán derecho a ser escuchadas y contar con patrocinio jurídico

• Accederán a asistencia psicológica desde el inicio

• Participarán en mediaciones, si así lo desean

• Podrán oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal

También se reconoce la responsabilidad civil de los padres del imputado.

Un sistema escalonado de sanciones

El régimen propone un abanico de sanciones, priorizando las medidas educativas y restaurativas por sobre el castigo. Entre ellas se incluyen:

• Asesoramiento, tratamiento psicológico y capacitación laboral

• Amonestaciones, servicios comunitarios y monitoreo electrónico

• Privación de libertad solo para delitos graves, en centros especializados sin contacto con adultos, con un máximo de 15 años de condena y posibilidad de reducción a los dos tercios cumplidos

Justicia restaurativa como alternativa

Se prevé la mediación penal juvenil como herramienta para resolver conflictos en delitos menores, siempre de manera voluntaria y con consentimiento de ambas partes. En otros casos, podrá aplicarse la suspensión del juicio a prueba, con condiciones como la reparación del daño y tareas comunitarias.

Estándares y garantías en la detención

Si se ordena la detención, los adolescentes serán alojados en módulos diferenciados según edad, salud o situación judicial. Se les garantizará acceso a educación, salud, cultura y religión, y estarán bajo el cuidado de personal especializado en infancia y adolescencia.

Intervención en salud mental y adicciones

El régimen contempla dispositivos para adolescentes con consumo problemático, problemas de salud mental o situaciones familiares violentas, con intervención del juez civil en caso de internación.

Una reforma esperada desde hace décadas

El dictamen aprobado reemplazaría la ley vigente desde 1980. El nuevo régimen busca saldar una deuda histórica con un enfoque que articule justicia para las víctimas, derechos del adolescente y prevención del delito. Según Rodríguez Machado, “Con esta nueva ley, Argentina asegura que aquellos que cometen delitos siendo menores enfrenten sanciones proporcionales a su responsabilidad, pero sin dejar de lado su resocialización”.

El proyecto será debatido próximamente en el recinto de la Cámara de Diputados.

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