Buscan proteger las elecciones del impacto de los deepfakes

Un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Nacional Electoral para enfrentar uno de los desafíos más urgentes de la era digital: la manipulación de contenidos audiovisuales y sonoros en campañas electorales. En otras palabras, se trata de frenar el impacto de los deepfakes y otros contenidos engañosos generados con inteligencia artificial (IA), que podrían alterar el resultado de los comicios o socavar la confianza pública en el sistema democrático. "La Argentina enfrenta su primer proceso electoral en un contexto de inteligencia artificial generativa", advierte el texto firmado, entre otros, por Julio Cobos, Margarita Stolbizer y Marcela Pagano.

🟥 ¿Qué se entiende por contenido manipulado?

La iniciativa incorpora un nuevo capítulo al Código Nacional Electoral que define con precisión varios conceptos clave:

🔹 Contenido manipulado: todo aquel que fue modificado digitalmente para hacer creer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió. 🔹 Contenido materialmente engañoso: similar al anterior, pero con menor grado de alteración. 🔹 Plataformas de gran alcance: redes sociales o servicios digitales con más de 100.000 usuarios en Argentina en el último año. 🔹 Período de restricción: comienza 60 días antes de las elecciones y finaliza a las 00:00 del día siguiente.

🟧 Obligaciones para plataformas digitales

Durante el período de campaña, las plataformas digitales de gran alcance estarán obligadas a eliminar contenidos engañosos en un plazo máximo de 48 horas desde que son reportados. Para eso, deberán contar con herramientas técnicas para detectar estas manipulaciones. Mientras el contenido permanezca visible, deberá incluir una advertencia clara: “Este ha sido manipulado y no es auténtico.” También se les exigirá habilitar canales de denuncia accesibles para los usuarios, y dar respuesta a los reportes en un plazo no mayor a 36 horas.

🟨 Fuera del período electoral: etiquetado obligatorio

Incluso cuando no haya elecciones en curso, las plataformas seguirán obligadas a actuar si detectan contenido manipulado. En este caso, no deberán eliminarlo, pero sí etiquetarlo claramente, siempre que haya sido reportado y cumpla ciertos criterios. El objetivo es que el usuario sepa que ese material no es auténtico.

🟩 ¿Qué excepciones contempla la ley?

El proyecto deja fuera algunos tipos de contenido, siempre que se incluya una advertencia clara sobre su carácter ficticio:

✅ Publicaciones de medios de comunicación con fines informativos. ✅ Contenido periodístico, documental o de interés público. ✅ Expresiones satíricas o paródicas.

🟦 Por qué se considera urgente

El texto cita precedentes internacionales y pone el foco en el avance acelerado de la IA generativa, que permite crear imágenes, videos y audios falsos de manera muy realista y accesible. Esta tecnología puede utilizarse para difundir mensajes falsos de candidatos, alterar declaraciones de autoridades electorales o inventar situaciones que afecten la percepción del proceso electoral. "Esta clase de contenidos puede difundirse viralmente y afectar la voluntad del electorado o socavar la confianza en los resultados." El proyecto toma nota de experiencias regulatorias como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el Marco Legal de IA de Brasil, y los compromisos de empresas tecnológicas en Estados Unidos durante la administración Biden.

🟪 Un intento por equilibrar derechos y tecnología

Los impulsores de la iniciativa afirman que el objetivo es doble: preservar la integridad del proceso electoral y, al mismo tiempo, no frenar el desarrollo tecnológico. Se busca garantizar el derecho a informarse de forma veraz, sin restringir la libertad de expresión ni bloquear contenidos legítimos. "Es menester que nuestro país regule la inteligencia artificial para proteger los derechos humanos y la transparencia democrática."

📎 Conclusión

En un año donde la IA generativa pisa fuerte y las fake news pueden viralizarse en segundos, el Congreso argentino comienza a discutir un nuevo marco legal para proteger la democracia. La clave estará en equilibrar regulación, libertad de expresión y avances tecnológicos, un desafío que ya atraviesa a gran parte del mundo

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