Bloqueos de empresas por sindicatos y otros grupos

Un proyecto de ley fue presentado en el Congreso con el objetivo de modificar el Código Penal, específicamente el Capítulo IV del Título V, para incluir sanciones a quienes realicen bloqueos a empresas. Esta iniciativa responde a la preocupación por el impacto de los bloqueos organizados por grupos sindicales y parasindicales en el desarrollo de actividades comerciales y productivas.

El proyecto introduce los artículos 158 bis, ter, quater y quinties, que establecen penas de prisión para quienes impidan, obstruyan o dificulten el acceso a establecimientos con el fin de obtener beneficios o causar perjuicios. Las penas van de seis meses a cuatro años, dependiendo de la gravedad del bloqueo y su organización. Además, la ley prevé sanciones a asociaciones sindicales o empresas que promuevan estas prácticas.

La diputada Verónica Razzini, impulsora de la propuesta, expresó que su compromiso es "dar batalla a la mafia sindical" y proteger el derecho de los empresarios y trabajadores a operar sin presiones ilegítimas. Según Razzini, estos bloqueos afectan no solo a las empresas, sino también a la comunidad, desincentivando la inversión y el empleo.

El proyecto también establece que, una vez iniciado un bloqueo, las autoridades deben intervenir para identificar a los participantes y disolver la acción si los manifestantes no se retiran tras dos intimaciones. La víctima del bloqueo puede, además, solicitar un perímetro de exclusión para prevenir futuras obstrucciones.

La iniciativa busca dotar de herramientas legales para limitar los excesos de las organizaciones que usan el bloqueo como medio de presión, garantizando así el derecho al trabajo y la libre operación de las empresas. Se espera que el proyecto reciba apoyo de otros legisladores para convertirse en ley y poner fin a estas prácticas que afectan el desarrollo económico y social.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó a tratar una serie de proyectos que abarcan distintas aristas del Código Penal, entre ellos el bloqueo a empresas, el robo de motos, la alteración de escenas del crimen y penas para delitos cometidos por funcionarios públicos. “Necesitamos que la legislación se ordene y aborde esta problemática que, en los últimos veinte años, se ha convertido en un modus operandi de algunas organizaciones, escudadas en el derecho a la protesta y la huelga”, dijo Razzini.

“Bloquear empresas es un delito, y al darle una figura penal, podremos dar orden y, principalmente, proteger a los trabajadores”, concluyó la diputada.

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