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Análisis profundo del Dictamen de mayoría (O.D. 209/26) — Proyecto "Inocencia Fiscal II" (Expte. 0006-PE-2026) Qué es este dictamen y qué posición toma Este es el dictamen de mayoría firmado el 27 de agosto de 2026 por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Reúne cuarenta firmas —la mayoría de La Libertad Avanza, con acompañamiento de PRO, UCR, MID, Independencia, Argentina Federal, Producción y Trabajo— y aconseja aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo con modificaciones. La única firma en disidencia total dentro de este dictamen es la de Gisela Scaglia (Provincias unidas), que aclara: «Firma en disidencia.» Frente a este dictamen se alzan tres de rechazo: el de Mariela Coletta (Provincias unidas), el de Carlos Castagneto junto a 27 diputados de Unión por la Patria, y el de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda). Ninguno de los tres propone articulado alternativo: todos rechazan el proyecto en bloque. Por eso, la comparación de contenido (texto contra texto) solo puede hacerse entre el texto base del Ejecutivo y este dictamen de mayoría (y, más adelante, con el dictamen de mayoría del Senado, O.D. 372/26, que reproduce casi idénticamente a este). La diferencia con los tres dictámenes de rechazo es una diferencia de posición (veredicto), no de contenido articulado. Conviene aclarar de entrada que lo que fue este proyecto terminó sancionándose: la base normativa registra que la Ley 27826/2026, del Honorable Congreso de la Nación Argentina, publicada en el Boletín del 09-10-2026, introdujo modificaciones a las leyes 27.799 y 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y a la ley de trabajadores rurales. Es decir, el camino que abre este dictamen de mayoría es el que efectivamente prosperó. Las normas en juego, en criollo Antes de recorrer los cambios conviene resolver qué son las leyes que el proyecto toca, porque sin eso los movimientos no se entienden. La Ley 27.799 es el "Régimen de Inocencia Fiscal". Según la propia reglamentación oficial, en el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 se establece un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país. El mecanismo funciona así: ARCA pone a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente puede revisar, modificar y presentar; la presentación y el pago en término otorgan efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base. El beneficio central es una presunción: el régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada, de modo que la información declarada se presume correcta, y ARCA solo puede impugnar la declaración en supuestos excepcionales como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas. En la versión original, para entrar al régimen había que cumplir topes: ingresos totales de hasta mil millones de pesos anuales, patrimonio total de hasta diez mil millones, y no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional. La Ley 11.683 es la Ley de Procedimiento Fiscal, el "código de reglas" con el que ARCA fiscaliza, determina impuestos y aplica sanciones. Su artículo 18 regula la determinación de oficio sobre base presunta: la estimación de oficio se funda en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Dentro de ese artículo, el inciso f) trata los incrementos patrimoniales no justificados: representan, en el impuesto a las ganancias, ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. El inciso g) se refiere a fondos provenientes de países de baja o nula tributación, que se considerará que constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local. Son, en resumen, dos presunciones fuertes a favor del fisco que el proyecto desactiva para quienes estén en el régimen simplificado. La Ley 25.191 es la ley de trabajadores rurales. Declara obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Su artículo 15 es el régimen sancionatorio por incumplimientos de registración. En su versión original de 1999 las multas eran mínimas: por ejemplo, las infracciones muy graves se sancionaban con multa de mil pesos a cinco mil pesos por cada trabajador afectado por la infracción. También aparecen citadas la Ley 27.430 (su Título IX es el Régimen Penal Tributario, cuyo artículo 1° fija el monto a partir del cual la evasión es delito), la Ley 24.467 (define qué es micro, pequeña y mediana empresa), la Ley 23.966 (Impuesto sobre los Bienes Personales), la Ley 25.246 (lavado de activos, que enumera a los "Sujetos Obligados" a reportar), y la Ley 23.928 (de convertibilidad, cuyos artículos 7° y 10 prohíben la indexación). Lo que este dictamen DEJA IGUAL respecto del texto base La mayor parte del Título I del proyecto del Ejecutivo pasa al dictamen de mayoría sin cambios de fondo. En criollo: casi todo el corazón del proyecto —la redefinición de "discrepancia significativa", la ampliación del universo de contribuyentes, el tratamiento del IVA, la carga de la prueba, los medios de pago bancarizados, el reintegro en 45 días, la exclusión de presunciones del artículo 18— se mantiene. Lo agrupo porque son disposiciones que atraviesan la frontera texto base → dictamen prácticamente palabra por palabra: El nuevo artículo sin número a continuación del 56 de la Ley 11.683 (discrepancia significativa a efectos de prescripción), que en el texto base es el art. 1 y en el dictamen también es el art. 1. El nuevo artículo 38 de la Ley 27.799 (ampliación del universo a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes), que pasa del art. 2 base al art. 3 del dictamen. La sustitución de los incisos i), ii) y iii) del artículo 40 (umbral del 15 %, piso del 5 %, facturas apócrifas), del art. 3 base al art. 5. Los párrafos nuevos del artículo 40 (alcance del IVA no prescripto, carga de la prueba sobre ARCA, plazo de 15 días hábiles para rectificar), del art. 4 base al art. 6. El nuevo artículo 40 bis (bancarización, pagos en efectivo en escrituras, Bienes Personales, rol de la UIF), del art. 5 base al art. 7. El nuevo artículo 41 (exclusión de los incisos f) y g) del art. 18), del art. 6 base al art. 8. El nuevo artículo 42 bis (reintegro en 45 días hábiles si se revoca la impugnación), del art. 7 base al art. 9. El nuevo artículo 42 ter (procedimientos en curso y eximición de multas de los arts. 45 y 46 de la Ley 11.683), del art. 8 base al art. 10. Y todo el Título II sobre RENATRE (sustitución del art. 15 con las escalas de multas y el nuevo art. 15 bis de actualización por UVA), que pasa de los arts. 12 y 13 base a los arts. 14 y 15 del dictamen. En todos estos casos el texto es sustancialmente idéntico; las diferencias se reducen a normalización de citas ("ley 11.683" en minúscula, "Ley de Impuesto a las Ganancias" acentuada distinto) y renumeración por el corrimiento de artículos. Siguiendo el criterio conservador, la renumeración interna que aquí se produce no altera remisiones sustantivas —el dictamen ajusta las referencias cruzadas en consecuencia—, por lo que se trata como movimiento cosmético agrupado. Los cambios de FONDO que el dictamen de mayoría introduce sobre el texto base Aquí está lo verdaderamente nuevo. El dictamen de mayoría agrega tres bloques que no estaban en el proyecto del Ejecutivo. Son incorporaciones propias de las comisiones, atribuibles al conjunto de los cuarenta firmantes del dictamen de mayoría. Primer cambio de fondo: descuento del 25 % en multas formales para MiPyMEs y personas humanas (nuevo artículo 49 bis de la Ley 11.683). Qué hace en criollo: crea un beneficio permanente por el cual las empresas chicas y medianas, las personas físicas, las sucesiones y las entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes pagan un cuarto menos en ciertas multas formales (las de los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683, vinculadas a la falta de presentación de declaraciones juradas y a infracciones formales). La letra, incorporada como art. 2 del dictamen: «Artículo 49 bis: Régimen Reducción para MiPyMEs y personas humanas. Cuando el infractor califique como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2º de la ley 24.467 y sus modificatorias, o se trate de una persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales de conformidad con la normativa dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %).» En el texto base no existe ningún artículo equivalente. Lo introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes del dictamen). Segundo cambio de fondo: inclusión de funcionarios públicos entre los sujetos con acceso restringido (reforma del cuarto párrafo del artículo 38 y nuevo artículo 38 bis de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: en el texto base, los únicos que podían entrar al régimen "solo para presentar y pagar" pero sin gozar de las presunciones ni beneficios eran los Grandes Contribuyentes Nacionales. El dictamen suma a esa categoría acotada a los funcionarios públicos: podrán usar la modalidad para liquidar y pagar su Ganancias, pero no acceden al "escudo" de la presunción de exactitud ni al efecto liberatorio. Y define con precisión qué funcionarios quedan alcanzados mediante un artículo nuevo. La letra del párrafo modificado del artículo 38 (art. 3 del dictamen), que agrega la frase que no estaba en el texto base: «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión –o, en su caso, de permanencia– […] al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término […]. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen.» En el texto base, ese mismo párrafo decía solo: «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), podrán ejercer la opción de adhesión […]». No mencionaba a los funcionarios. La letra del artículo nuevo que define quiénes son esos funcionarios (art. 4 del dictamen): «Artículo 38 bis: A los fines de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 38 de la presente ley, quedan alcanzados los funcionarios públicos que se desempeñen o hayan desempeñado, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de ejercicio de la opción de adhesión o de permanencia, el cargo de: a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente […]; b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; concejal municipal o parlamentario del Mercosur; c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) Magistrado del Ministerio Público […]; e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo […]; o f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento.» Ni la mención a funcionarios en el artículo 38 ni el artículo 38 bis existen en el texto base. Ambos los introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes). Como consecuencia técnica de esta incorporación, el dictamen también agrega una excepción temporal: su art. 13 inc. b) dispone que lo relativo a los funcionarios públicos regirá recién a partir de la entrada en vigencia de la ley —una regla de vigencia que el texto base no contenía porque no preveía a los funcionarios. Tercer cambio de fondo: Régimen Especial de Reducción de Multas del 50 % (nuevo Título III, artículos 17 y 18 del dictamen). Qué hace en criollo: es un beneficio transitorio, de una sola vez, que perdona la mitad de ciertas multas formales ya aplicadas (por hechos anteriores a la ley) a MiPyMEs, personas físicas, sucesiones y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, siempre que la multa no esté firme —o, estándolo, no haya sido pagada— y que el contribuyente regularice su situación. A cambio, el contribuyente se allana por la mitad que sí paga y renuncia a reclamar. La letra (art. 17 del dictamen): «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 […], cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas […] y aplicadas a contribuyentes que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa […] o a personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales […].» El mismo artículo precisa que «el acogimiento a este beneficio implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho» y que «no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados por el contribuyente con anterioridad a la vigencia de la presente ley». El artículo 18 del dictamen complementa: «La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará, dentro de los treinta (30) días […], las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, incluyendo la adecuación de los sistemas informáticos correspondientes.» Todo este Título III es nuevo: no figura en el texto base. Lo introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes). Cambios menores de estructura y numeración Por el agregado de esos tres bloques, el dictamen reorganiza el articulado. El texto base tenía 16 artículos en tres Títulos; el dictamen de mayoría tiene 20 artículos en cuatro Títulos (el cuarto es el nuevo "Disposiciones comunes", antes tercero). El Título I pasa a tener un Capítulo I propio (con los dos artículos sobre Ley 11.683) y un Capítulo II (Ley 27.799). El dictamen ajusta las remisiones internas en consecuencia —por ejemplo, el art. 11 del dictamen remite ahora al "artículo 3º de esta ley" donde el texto base remitía al "artículo 2º"—. Estos corrimientos se agrupan como movimiento cosmético derivado de la nueva estructura, sin alteración de contenido sustantivo. Comparación con el otro dictamen de mayoría (Senado, O.D. 372/26) El 17 de septiembre de 2026 el Senado emitió su propio dictamen de mayoría (17 firmas, mayoría de La Libertad Avanza con UCR, Movimiento Por Misiones y Frente PRO; dos disidencias parciales de Eduardo Vischi y Carolina Losada, ambos UCR). Su consejo también es aprobar. En cuanto al contenido, este dictamen del Senado reproduce artículo por artículo el de la mayoría de Diputados: mismos 20 artículos, misma estructura de cuatro Títulos, mismo artículo 49 bis, mismo artículo 38 bis con la lista de funcionarios, mismo Título III de reducción del 50 %. Las únicas diferencias son cosméticas: el Senado escribe los porcentajes pegados al símbolo ("15%" en lugar de "15 %"), agrega la sigla "(BCRA)" al Banco Central en el artículo 40 bis, y usa minúscula en "sujetos obligados". No hay diferencia de contenido entre ambos dictámenes de mayoría. Sí hay una diferencia menor de posición: el de Diputados lleva una disidencia total (Scaglia) y el del Senado dos disidencias parciales (Vischi, Losada); el detalle de qué objetan esas disidencias parciales no consta en la fuente y queda pendiente. Diferencia de posición frente a los dictámenes de rechazo Aquí la divergencia es de veredicto, no de texto, porque ninguno de los tres dictámenes de rechazo propone articulado. Conviene registrar qué objeta cada uno, siempre atribuido a sus firmantes y sin tomarlo como voz propia. El dictamen de minoría de Mariela Coletta (Provincias unidas) aconseja rechazar. Según su informe, la iniciativa plantea «una asimetría en el esfuerzo fiscal, sin prever mecanismos de reconocimiento para el contribuyente cumplidor», y debilita la fiscalización. Enumera, entre otros cuestionamientos: indeterminación del alcance temporal, desnaturalización del régimen, vulneración de los principios de igualdad y capacidad contributiva, "blanqueo de fondos encubierto" y riesgos frente al GAFI, retroactividad de normas de procedimiento, y desmantelamiento del régimen sancionatorio laboral rural. El dictamen de minoría de Carlos Castagneto y el bloque Unión por la Patria (28 firmas) también aconseja rechazar. Su informe sostiene que el proyecto resulta inconveniente desde el punto de vista tributario y recaudatorio, que debilita facultades de fiscalización, que reduce potencialmente el horizonte temporal del control estatal, que afecta principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva, que altera los incentivos al cumplimiento voluntario y que introduce riesgos en el sistema de prevención del lavado de activos. El dictamen de minoría de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) rechaza integralmente el proyecto, al que califica, según su informe, como "un blindaje total para los grandes evasores", un "blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario", y "un regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados". Cómo leer esas objeciones a la luz de las normas resueltas Dos de los puntos que concentran las críticas de la minoría se entienden mejor con la letra de las normas citadas a la vista, sin que ello implique tomar partido. Sobre la "exclusión de presunciones" que la minoría vincula al debilitamiento de la fiscalización: el artículo 41 (art. 8 del dictamen) desactiva, para quienes estén en el régimen, los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley 11.683 —justamente las presunciones sobre incrementos patrimoniales no justificados y fondos de países de baja tributación descritas más arriba— y degrada el resto de las presunciones del artículo 18 a mero indicio. Cabe notar que la Ley 27.799 original ya contenía una exclusión parcial en esta línea: su texto preveía que a los efectos de evaluar si existe o no la discrepancia significativa, no serán aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683. El proyecto amplía esa exclusión al inciso g) y acota el valor probatorio de los demás incisos. Sobre el "blanqueo encubierto" y el mercado inmobiliario que mencionan tanto Coletta como Del Caño: la crítica apunta al artículo 40 bis (art. 7 del dictamen), que admite tener por cumplida la exigencia de bancarización «respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles», y que ordena a la UIF considerar la adhesión al régimen como «antecedente favorable». El mismo artículo aclara, en sentido contrario, que «los sujetos obligados continuarán alcanzados por las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos». Sobre el "regalo a las patronales agrarias" que señala Del Caño: la objeción recae sobre el Título II (arts. 14 y 15 del dictamen), que reescribe el artículo 15 de la Ley 25.191 y agrega el 15 bis. Para dimensionar el movimiento: la versión vigente de ese artículo 15 ya había elevado fuertemente las multas respecto de las cifras originales de 1999 —de aquellos mil a cinco mil pesos para las muy graves se había pasado, en el texto actualizado, a una escala de pesos un millón quinientos mil hasta pesos siete millones quinientos mil por cada trabajador afectado para las infracciones muy graves. El dictamen mantiene esas escalas y suma la actualización automática por UVA a partir del 1° de enero de 2027. Dónde reside, entonces, el "regalo" según el firmante, no surge de una baja de las escalas en el texto comparado; la fuente solo consigna la calificación política del informante, que se atribuye a él. Síntesis El dictamen de mayoría conserva íntegro el esqueleto del proyecto del Ejecutivo y le agrega tres piezas propias que apuntan al mismo universo —contribuyentes chicos y medianos—: un descuento permanente del 25 % en multas formales (art. 49 bis), un perdón transitorio del 50 % de multas formales ya aplicadas (Título III), y la incorporación de los funcionarios públicos a la categoría de acceso restringido al régimen, sin presunciones ni beneficios (art. 38 y 38 bis). El dictamen del Senado replica ese contenido sin cambios de fondo. Los tres dictámenes de rechazo no discuten redacción: discuten la conveniencia del régimen entero, con eje en la fiscalización, la igualdad entre contribuyentes y los riesgos de lavado. El desenlace legislativo —la sanción de la Ley 27.826— siguió la línea de este dictamen de mayoría.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría 2 (Unión por la Patria) sobre el proyecto "Inocencia Fiscal II" (Expte. 0006-PE-2026, O.D. 209/26) Qué es este dictamen y qué lugar ocupa Este es uno de los cuatro dictámenes que compiten sobre el mismo proyecto del Poder Ejecutivo. El firmante que lo encabeza es Carlos Daniel Castagneto [Unión por la Patria], y lo acompañan 27 diputados más, todos del bloque Unión por la Patria, todos con firma plena (sin disidencias). Es, por lejos, el dictamen de rechazo con más firmas. Antes de entrar en el contenido, conviene fijar el dato central que ordena todo lo demás: este dictamen NO propone articulado. Su veredicto es rechazar y su producto es un informe de fundamentos, no un texto alternativo de ley. Eso condiciona la forma del cotejo. Contra el texto base y contra los dictámenes que sí traen articulado (el de mayoría de Diputados —O.D. 209/26— y el de mayoría del Senado —O.D. 372/26—), este dictamen no introduce ni un solo cambio de redacción, no sustituye ni incorpora artículos, no reordena títulos. Su intervención es de posición, no de contenido normativo. Por eso, siguiendo la regla de separar la diferencia de veredicto de la diferencia de texto: la totalidad de lo que este dictamen aporta cae del lado del veredicto. La diferencia de contenido (texto propuesto) es nula, porque no propone texto. Diferencia de posición (veredicto): dónde se para cada firma El tablero de veredictos sobre este proyecto quedó así: El dictamen de mayoría de Diputados (O.D. 209/26, 40 firmas, encabezado por Bertie Benegas Lynch) aconseja aprobar con modificaciones. La única firma en disidencia total dentro de ese grupo es Gisela Scaglia [Provincias Unidas], que dejó constancia: «Firma en disidencia.» El dictamen de mayoría del Senado (O.D. 372/26, 17 firmas, encabezado por Gonzalo Guzmán Coraita) aconseja aprobar, con dos disidencias parciales (Eduardo Vischi y Carolina Losada, ambos UCR). Frente a ellos, hay tres dictámenes de minoría que coinciden en el veredicto —rechazar— pero difieren en el fundamento y en el peso político: — La minoría 1, de Mariela Coletta [Provincias Unidas], una sola firma. — La minoría 2, la que se analiza acá, de Castagneto y el bloque Unión por la Patria, 28 firmas. — La minoría 3, de Nicolás Del Caño [PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad], una sola firma. Los tres rechazan, pero no dicen lo mismo. Conviene contrastar los ejes de cada uno para ubicar la especificidad de la minoría 2. Qué argumenta la minoría 2 (según su propio informe) El informe de este dictamen enuncia una lista de objeciones. Todas son afirmaciones atribuibles al bloque Unión por la Patria, no juicios del análisis. El bloque sostiene que el proyecto es de rechazo porque, en sus palabras, resulta «inconveniente desde el punto de vista tributario y recaudatorio». A partir de ahí despliega siete líneas de crítica: Primero, que debilita facultades esenciales de fiscalización. Esto apunta al núcleo del Título I del proyecto —los artículos que redefinen la "discrepancia significativa" y limitan las presunciones—, que se comentan más abajo con su letra. Segundo, que reduce potencialmente el horizonte temporal del control estatal. Es una objeción sobre prescripción y sobre el alcance de los "períodos no prescriptos". Tercero, que afecta principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva. Son principios constitucionales tributarios: la idea de que quienes tienen mayor capacidad económica deben tributar en proporción y que el Estado no puede tratar de modo desigual a contribuyentes en igual situación. Cuarto, que altera los incentivos al cumplimiento voluntario. Quinto, que introduce riesgos innecesarios en el sistema de prevención del lavado de activos. Sexto y séptimo, que se aparta de una política estatal coherente de transparencia, trazabilidad y control patrimonial. Comparado con las otras dos minorías, el énfasis es distinto aunque el veredicto coincida. La minoría 1 (Coletta) construye su rechazo sobre todo alrededor de la "asimetría en el esfuerzo fiscal" y la falta de reconocimiento al contribuyente cumplidor, y agrega objeciones de técnica legislativa (indeterminación del alcance temporal), retroactividad de normas de procedimiento y riesgo GAFI. La minoría 3 (Del Caño) es la de tono más frontal: habla de blindaje a grandes evasores, de blanqueo por vía inmobiliaria y de un beneficio a las patronales agrarias con trabajadores no registrados. La minoría 2 se ubica en un registro técnico-recaudatorio y de política de Estado, sin proponer, como ninguna de las tres, un texto sustituto. Diferencia de posición entre las tres minorías: ninguna. Las tres votan rechazar. Diferencia de contenido: tampoco hay entre ellas, porque ninguna propone articulado. Lo que cambia es el fundamento del rechazo, no el resultado ni el texto. El cotejo de contenido: qué texto del proyecto es el que esta minoría rechaza Como la minoría 2 no reescribe nada, el cotejo de contenido no se hace contra un articulado propio (no existe), sino que consiste en identificar, sobre el texto base y sobre los dos articulados aprobatorios, exactamente qué disposiciones son las que este bloque rechaza en bloque. Al rechazar el proyecto entero, rechaza todos y cada uno de los movimientos que siguen. Los agrupo por la norma que tocan, con su letra, indicando qué versión introduce cada uno. Movimiento 1 — Redefinición de "discrepancia significativa" en la Ley 11.683 (artículo sin número a continuación del art. 56). Qué hace en criollo: fija cuándo el fisco puede considerar que hay una diferencia lo bastante grande como para impugnar la declaración simplificada. Está tanto en el texto base (Art. 1) como en los dos dictámenes de mayoría (Art. 1 en ambos), con redacción idéntica en lo sustancial. La letra base: «se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: i) […] un incremento del impuesto determinado o […] una reducción de los quebrantos impositivos, por un porcentaje no inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente; ii) […] que supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario […]; iii) […] con motivo de la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados improcedentemente». La minoría 2 no toca este texto; lo rechaza. Sus objeciones de "debilitamiento de la fiscalización" recaen directamente acá. Movimiento 2 — Umbral del 15 % y piso del 5 % en el art. 40 de la Ley 27.799. Qué hace en criollo: además del 15 %, agrega un piso: aunque se supere ese porcentaje, no hay discrepancia significativa si la diferencia es chica (menos del 5 % del monto del art. 1 del Régimen Penal Tributario). Presente en el texto base (Art. 3) y en ambas mayorías (Art. 5). Letra: «no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia determinada […] no supere un umbral mínimo equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario». Rechazado por la minoría 2. Movimiento 3 — Carga de la prueba a cargo del fisco y límite a lo que puede considerar (art. 40 de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: pone sobre ARCA la obligación de probar la discrepancia, y solo con la información declarada por el contribuyente o la que tiene en sus sistemas o le dan terceros; lo demás no vale como prueba. Texto base (Art. 4) y ambas mayorías (Art. 6). Letra: «La carga de la prueba […] recaerá, exclusivamente, sobre la [ARCA] […]. Cualquier otra consideración […] no tendrá valor probatorio alguno». Este es otro de los puntos que la minoría 2 engloba en "debilitar facultades esenciales de fiscalización". Movimiento 4 — Alcance temporal de los períodos no prescriptos de IVA (art. 40 de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: define hasta dónde llega el beneficio en el IVA. Texto base (Art. 4) y mayorías (Art. 6). Letra: «los períodos no prescriptos del impuesto al valor agregado son aquellos comprendidos hasta el mes de diciembre, inclusive, del período fiscal del Impuesto a las Ganancias por el cual se hubiera ejercido la opción». Sobre este punto recaen las objeciones del bloque acerca de reducir el horizonte temporal del control. Movimiento 5 — Canalización de operaciones por el sistema financiero y beneficio patrimonial (art. 40 bis de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: obliga a mover el dinero por medios autorizados por el Banco Central y/o la CNV, admite el efectivo en escrituras de inmuebles, y hasta el 31/12/2027 aplica un beneficio a esos fondos también a los fines de Bienes Personales; además, manda que la adhesión al régimen sea tomada como antecedente favorable por los sujetos obligados de la UIF. Texto base (Art. 5) y mayorías (Art. 7). Letra: «deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el BANCO CENTRAL […] y/o la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES […]. Dicha exigencia se considerará cumplida, respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas […] sobre inmuebles». Este es el foco de las objeciones sobre lavado de activos y trazabilidad. Movimiento 6 — Exclusión de las presunciones de los incisos f) y g) del art. 18 de la Ley 11.683 (art. 41 de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: apaga dos presunciones legales que el fisco suele usar para estimar impuestos, y limita las demás a mero indicio. Texto base (Art. 6) y mayorías (Art. 8). Letra: «no serán aplicables los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley N° 11.683 […]. Respecto de los restantes indicios y presunciones […] estos no podrán ser utilizados como fundamento exclusivo […] y solo podrán ser considerados como elementos indiciarios». Núcleo del reproche de "desnaturalización del control". Movimiento 7 — Reintegro en 45 días si ARCA pierde (art. 42 bis de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: si la impugnación cae en sede administrativa o judicial, ARCA debe devolver lo pagado con intereses en 45 días hábiles. Texto base (Art. 7) y mayorías (Art. 9). Letra: «deberá reintegrar el importe pagado por el contribuyente con más sus respectivos intereses […] en un plazo no mayor a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles». Movimiento 8 — Procedimientos en curso y eximición de multas de los arts. 45 y 46 de la Ley 11.683 (art. 42 ter de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: los procedimientos ya iniciados siguen; y quien haya regularizado antes de adherir queda eximido de ciertas multas, salvo que estén firmes. Texto base (Art. 8) y mayorías (Art. 10). Letra: «quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 […] excepto que esas multas se encuentren firmes». Movimiento 9 — Nuevas escalas de multas del RENATRE (art. 15 de la Ley 25.191). Qué hace en criollo: reemplaza el sistema de multas por trabajo rural no registrado por escalas en pesos (leves, graves, muy graves) con agravante por reincidencia. Texto base (Art. 12) y mayorías (Art. 14). Letra: infracciones muy graves «de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) hasta PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000) por cada trabajador afectado». Es el punto que la minoría 3 caracteriza como "regalo a las patronales agrarias"; la minoría 2 lo rechaza dentro de su objeción general, sin dedicarle un desarrollo propio en su informe. Movimiento 10 — Actualización anual por UVA de las multas rurales (art. 15 bis de la Ley 25.191). Qué hace en criollo: ajusta esos montos cada año por la variación de la UVA y desactiva la prohibición de indexar de la Ley 23.928. Texto base (Art. 13) y mayorías (Art. 15). Letra: «se ajustarán anualmente, a partir del 1° de enero de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) […] no resultarán aplicables las disposiciones prohibitivas previstas en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928». Los diez movimientos anteriores existen en el texto base y en los dos articulados de mayoría. La minoría 2 los rechaza a todos por igual, sin distinguir entre unos y otros. Un dato importante: hay movimientos que la minoría 2 rechaza y que ni siquiera están en el proyecto original Los dos dictámenes de mayoría (Diputados y Senado) agregaron disposiciones que el texto base del Ejecutivo no traía. Como la minoría 2 rechaza el proyecto en el estado en que llega a recinto, su rechazo también alcanza a estos agregados. Conviene consignarlos porque son diferencia de contenido entre las mayorías y el texto base —no de la minoría 2, que no propone nada, pero sí del universo que ella rechaza: Agregado A — Reducción del 25 % de multas formales para MiPyMEs y personas humanas (art. 49 bis de la Ley 11.683). No está en el texto base. Lo incorporan ambas mayorías (Art. 2 en las dos). Letra: «los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %)». Agregado B — Incorporación de funcionarios públicos (PEP) con tratamiento restringido en el régimen (art. 38 bis de la Ley 27.799, y párrafo agregado al art. 38). No está en el texto base. Lo incorporan ambas mayorías (Art. 4 y el cuarto párrafo del Art. 3 en cada una). Letra del nuevo art. 38 bis: quedan alcanzados quienes se hayan desempeñado en los últimos cinco años como «a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente […]; b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires […]; c) Magistrado del Poder Judicial […]». Estos funcionarios pueden adherir «al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago», sin los demás beneficios. Agregado C — Régimen especial de reducción del 50 % de multas formales ya cometidas (nuevo Título III, arts. 17 y 18). No está en el texto base. Lo incorporan ambas mayorías. Letra: «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 […] que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas». Diferencia de contenido entre Diputados (O.D. 209/26) y Senado (O.D. 372/26): los dos articulados de mayoría son sustancialmente coincidentes entre sí; las diferencias son cosméticas (normalización de siglas —por ejemplo «Banco Central de la República Argentina (BCRA)» en el Senado—, uso de minúsculas en nombres de organismos, puntuación de cifras y tildes). Se agrupan en un único movimiento cosmético, sin efecto sobre el fondo. La minoría 2 rechaza ambos por igual. Las normas citadas, resueltas, para que se entienda qué está en juego Ley 27.799 — es la ley base que se modifica, conocida como de "Inocencia Fiscal". Crea el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Según información oficial de ARCA, se publicó el Decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley N.º 27.799, junto con la normativa complementaria de ARCA, que pone en plena vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto. Su Capítulo III del Título II es el que arma la modalidad simplificada; los arts. 38, 40, 41 y siguientes que el proyecto retoca pertenecen a esa ley. Ley 25.191 — es la ley de trabajadores rurales. Declárase obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y crea el registro del sector. En la citación web aparece bajo la denominación del RENATEA, pero el proyecto trabaja con la sigla RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), que es la vigente. Su artículo 15 es el que fija las sanciones por no registrar o registrar mal el contrato de trabajo rural, y es el que las nuevas escalas reemplazan. Ley 11.683 — es la ley de procedimiento tributario nacional (texto ordenado en 1998). Regula cómo el fisco determina, verifica, fiscaliza y sanciona. Los artículos que el proyecto invoca: el art. 18 contiene las presunciones que permiten estimar de oficio la materia imponible (el proyecto apaga los incisos f y g y degrada el resto a indicio); los arts. 45 y 46 son multas por omisión y por defraudación; los arts. 38 y 39 y los "sin número" a continuación son multas por infracciones formales; el "artículo sin número a continuación del art. 56" es donde se inserta la definición de discrepancia significativa. La resolución precisa del texto literal de cada uno de estos artículos quedó pendiente de verificación web (no se alcanzó a resolver contra la norma misma dentro del límite de búsquedas); la descripción anterior corresponde a la función que cada artículo cumple según se lo cita en el propio proyecto. Ley 27.430 — su Título IX contiene el Régimen Penal Tributario. Su artículo 1° fija el monto a partir del cual una evasión pasa a ser delito penal; el proyecto usa ese monto como referencia para dos umbrales (el del inciso ii de discrepancia y el piso del 5 %). La resolución del monto exacto del art. 1 quedó pendiente (no resuelta en base ni verificada en web dentro del límite). Ley 23.928 — es la ley de convertibilidad. Sus artículos 7° y 10 prohíben la indexación y la actualización automática de deudas y montos. El proyecto los declara inaplicables para poder ajustar por UVA las multas rurales. La verificación del texto literal quedó pendiente; la función descripta es la que el propio proyecto le atribuye al inaplicarlos. Ley 24.467 — es la ley de la pequeña y mediana empresa. Su artículo 2° define qué es una MiPyME, categoría usada por los agregados de las mayorías (arts. 49 bis y Título III) para el descuento de multas. La verificación del texto literal del art. 2 quedó pendiente. Ley 25.246 — su artículo 20 enumera a los "sujetos obligados" a reportar operaciones sospechosas ante la UIF (escribanos, bancos, etc.). El art. 40 bis los involucra al pedirles que tomen la adhesión al régimen como antecedente favorable. La verificación del listado literal quedó pendiente. Ley 23.966 — su Título VI es el Impuesto sobre los Bienes Personales, al que remite el art. 40 bis para el tratamiento patrimonial de los fondos. La verificación del texto literal quedó pendiente. Síntesis del cotejo Contra el texto base: la minoría 2 no cambia una sola palabra. Rechaza el proyecto tal como fue remitido por el Ejecutivo, más los agregados que las mayorías le sumaron. Contra los dictámenes de mayoría (Diputados y Senado): la minoría 2 no ofrece un texto alternativo que enfrentar artículo por artículo; su oposición es de veredicto. Donde las mayorías aconsejan aprobar (con o sin modificaciones), este bloque aconseja rechazar, y sustenta ese rechazo en los siete ejes de su informe. Contra las otras dos minorías: coincidencia total de veredicto (las tres rechazan) y coincidencia total de contenido en el sentido de que ninguna propone articulado. La diferencia entre ellas es de fundamento y de peso: Coletta (1 firma) centra el reproche en la asimetría con el contribuyente cumplidor y la técnica legislativa; Del Caño (1 firma) en el blindaje a evasores y el mercado inmobiliario; Castagneto y Unión por la Patria (28 firmas) en la inconveniencia tributaria-recaudatoria, el debilitamiento de la fiscalización, la afectación de la igualdad y la capacidad contributiva, y el riesgo para la trazabilidad y el control del lavado. Firma a la que se atribuye este dictamen: miembro informante Carlos Daniel Castagneto [Unión por la Patria]; 28 firmantes en total, todos de Unión por la Patria, todos en firma plena.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría de Provincias Unidas (Mariela Coletta) sobre el Expediente 0006-PE-2026 «Inocencia Fiscal II» Qué es este dictamen y quién lo firma Este es el dictamen de minoría identificado como 09fc7f38-14a3-48a4-a153-61dee1f0cb49, correspondiente al Orden del Día 209/26, con fecha 27 de agosto de 2026. Su miembro informante es Mariela Coletta, del bloque Provincias Unidas, que es además su única firmante. El consejo del dictamen es rechazar y su resultado es rechazar. Es importante retener este dato desde el arranque: este dictamen NO propone un articulado alternativo. No reescribe artículos, no incorpora normas, no deroga nada. Su producto es un veredicto —rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo— acompañado de una fundamentación. Por eso, el "cotejo de cambios" que sigue no puede consistir en contrastar textos de artículos redactados por esta minoría (no los hay), sino en dos operaciones: primero, dejar constancia de que frente al texto base este dictamen no introduce ni modifica una sola disposición; segundo, contrastar su posición y su contenido argumental con lo que sí hacen los demás dictámenes del mismo expediente. Un punto de coherencia interna que conviene marcar como dato objetivo: en el dictamen de mayoría del O.D. 209/26 figura entre los firmantes Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, con la anotación «Firma en disidencia» y la aclaración «disidencia total». Es decir, Provincias Unidas aparece en dos lugares del mismo Orden del Día con la misma orientación de fondo (no acompañar el proyecto): Coletta como firmante del dictamen de minoría que aconseja rechazar, y Scaglia como firma en disidencia total dentro del dictamen de mayoría. El punto de partida: qué propone el texto base que esta minoría rechaza Para entender qué se está rechazando, hay que resolver las tres leyes sobre las que opera el proyecto. La Ley 27.799 es la ley del régimen conocido como "Inocencia Fiscal". Según la información oficial disponible, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias en el Capítulo III de su Título II; la reglamentación del régimen se dictó por el Decreto 93/2026. El núcleo del régimen es que, una vez que el contribuyente adhiere, acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y paga en término, se activa una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas de Ganancias e IVA de los períodos no prescriptos. La propia ley describe que en la medida en que aplique esa presunción de exactitud, los contribuyentes quedan liberados de acciones por delitos e infracciones tributarias, salvo que ARCA detecte una discrepancia. En síntesis: es el régimen sobre el que gira todo el Título I del proyecto. La Ley 11.683 es la ley de Procedimiento Fiscal (o Procedimiento Tributario), texto ordenado en 1998. Es la ley "madre" del procedimiento ante el fisco: regula determinación de oficio, prescripción, sanciones y las presunciones que la administración puede usar. Dentro de ella, el artículo 18 enumera presunciones para estimar la materia imponible; y, según el texto oficial, su inciso f) trata los incrementos patrimoniales no justificados, que se presumen ganancias netas con más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida. El proyecto que esta minoría rechaza desactiva justamente los incisos f) y g) de ese artículo 18 a los efectos de evaluar la discrepancia significativa. La Ley 25.191 es la ley de Trabajadores Rurales que, según el texto oficial de Infoleg, declara obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y crea el registro del sector (hoy RENATRE), con un capítulo de sanciones. Su artículo 15 es el que fija las multas por no inscribirse o por no registrar/informar el contrato de trabajo rural, y es el que el proyecto sustituye por escalas nuevas. Sobre este andamiaje, el texto base del Poder Ejecutivo propone, entre otras cosas: redefinir cuándo hay "discrepancia significativa" que habilita a ARCA a impugnar (art. 1 sobre la Ley 11.683 y art. 3 sobre el art. 40 de la 27.799); abrir el régimen a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes (art. 2, art. 38 de la 27.799); exigir canalizar operaciones por medios del BCRA/CNV y tratar ciertos fondos como incorporados al patrimonio, con un beneficio en Bienes Personales hasta el 31/12/2027 (art. 5, art. 40 bis); desactivar los incisos f) y g) del art. 18 de la Ley 11.683 (art. 6, art. 41); prever reintegro en 45 días si la impugnación de ARCA cae (art. 7, art. 42 bis); y actualizar las multas del trabajo rural con escalas y ajuste anual por UVA (arts. 12 y 13, arts. 15 y 15 bis de la Ley 25.191). Cotejo contra el texto base: los cambios que introduce este dictamen Aquí corresponde ser categórico y exhaustivo: frente al texto base, el dictamen de minoría de Coletta no introduce ningún cambio de articulado. No sustituye artículos, no incorpora artículos nuevos, no deroga disposiciones, no reordena, no toca escalas ni umbrales, no modifica plazos ni fechas de vigencia. Su intervención sobre el texto base es de rechazo total: propone que el proyecto no avance, sin ofrecer una redacción alternativa. Como no hay movimientos de texto que citar en la voz de este dictamen, la "capa de texto" que en otras fichas acompañaría a cada artículo reescrito no aplica: no existe un "antes/después" atribuible a esta minoría porque no reescribe. Este es, en sí mismo, el dato central del cotejo contra el texto base. Lo que sí aporta este dictamen es un cuerpo de fundamentos. El informe enumera los ejes de su rechazo. Textualmente, sostiene que el proyecto plantea «una asimetría en el esfuerzo fiscal, sin prever mecanismos de reconocimiento para el contribuyente cumplidor», y que debilita «la eficacia de la fiscalización». A partir de ahí desarrolla, según su propia enumeración, consideraciones sobre: defecto de técnica legislativa por indeterminación del alcance temporal; debilitamiento de las facultades de control y fiscalización; desnaturalización del régimen; vulneración de los principios de igualdad y capacidad contributiva; inequidad estructural e impacto en la política criminal tributaria; blanqueo de fondos encubierto y riesgos del control de lavado de activos con mención al GAFI; retroactividad de las normas de procedimiento; y desmantelamiento del Régimen Sancionatorio laboral rural. Todos estos son argumentos atribuidos a la minoría, no afirmaciones sobre el proyecto en voz propia. La minoría sostiene que el proyecto tiene esos defectos; el proyecto, por su parte, se presenta a sí mismo como orientado a "seguridad jurídica", "proporcionalidad" y "eficacia disuasoria". El lector tiene ambas lecturas enfrentadas. Cómo se anclan esos argumentos en el texto base Aunque el dictamen no propone artículos, sus objeciones pueden vincularse con disposiciones concretas del proyecto, lo que ayuda a entender contra qué apunta cada eje. Cuando la minoría objeta el "debilitamiento de las facultades de control y fiscalización" y la "desnaturalización del régimen", el punto de contacto es el bloque de artículos que redefine la discrepancia significativa y limita las herramientas de ARCA: el art. 6 del proyecto (párrafos que se incorporan al art. 40 de la Ley 27.799) que coloca la carga de la prueba «exclusivamente» en ARCA y le prohíbe usar "cualquier otra consideración" fuera de la información declarada o disponible, y el art. 8 (art. 41 de la 27.799) que desactiva los incisos f) y g) del art. 18 de la Ley 11.683 y degrada las restantes presunciones a meros indicios. Sobre estas herramientas —los incrementos patrimoniales no justificados del inciso f) del art. 18, según el texto oficial— es sobre las que la minoría afirma que se pierde eficacia fiscalizadora. Cuando objeta el "blanqueo de fondos encubierto" y los "riesgos del control de lavado de activos (GAFI)", el anclaje es el art. 40 bis que incorpora el proyecto (art. 7 en las versiones de comisión): el tratamiento de fondos usados en pagos en efectivo en escrituras de inmuebles como bienes incorporados al patrimonio, el beneficio del tercer párrafo del art. 40 hasta el 31/12/2027, y la instrucción a la UIF para considerar la adhesión como "antecedente favorable". La minoría sostiene que ese diseño abre riesgos de lavado; el proyecto sostiene que las obligaciones de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas siguen vigentes. Cuando objeta la "retroactividad de las normas de procedimiento" y la "indeterminación del alcance temporal", apunta a la regla de que el capítulo tiene efectos para períodos iniciados desde el 1° de enero de 2025 y a la definición de "períodos no prescriptos" del IVA, junto con la disposición para procedimientos en curso (art. 42 ter). La minoría sostiene que hay retroactividad e indeterminación temporal. Y cuando objeta el "desmantelamiento del Régimen Sancionatorio laboral rural", el anclaje es el Título II: la sustitución del art. 15 de la Ley 25.191 con las nuevas escalas de multas (leves, graves, muy graves) y el nuevo art. 15 bis de actualización por UVA. La minoría sostiene que el resultado es un desmantelamiento; el proyecto sostiene que moderniza y actualiza montos licuados por inflación. Diferencias frente a los demás dictámenes: posición y contenido separados Este expediente tiene cinco dictámenes en dos Órdenes del Día. Conviene distinguir con nitidez, como pide la consigna, la diferencia de posición (el veredicto) de la diferencia de contenido (el texto que cada uno propone o deja de proponer). Diferencia de posición En cuanto al veredicto, el dictamen de Coletta comparte la orientación de rechazo con otros tres dictámenes de minoría del O.D. 209/26, pero se distingue de ellos por el bloque que lo firma y por el matiz argumental. El dictamen de minoría 2, informado por Carlos Daniel Castagneto y firmado por 28 legisladores de Unión por la Patria, también aconseja rechazar; su informe fundamenta el rechazo por ser el proyecto «inconveniente desde el punto de vista tributario y recaudatorio», por debilitar facultades de fiscalización y por afectar principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva, entre otros ejes. El dictamen de minoría 3, de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), también rechaza y lo hace en términos más enfáticos, sosteniendo que el proyecto constituye «un blindaje total para los grandes evasores» y un beneficio a las patronales agrarias con trabajadores no registrados. Es decir, en el veredicto Coletta coincide con Castagneto y Del Caño: los tres dicen rechazar. Lo que la diferencia es la autoría (Provincias Unidas, un solo firmante) y el énfasis: Coletta agrega expresamente el reclamo de "mecanismos de reconocimiento para el contribuyente cumplidor" y la crítica de "asimetría en el esfuerzo fiscal", un ángulo que pone el foco en el trato al que ya cumple, matiz que no aparece redactado igual en los otros dos. En el polo opuesto de posición están los dos dictámenes de mayoría. El de mayoría del O.D. 209/26, con 40 firmantes encabezados por Bertie Benegas Lynch, aconseja aprobar con modificaciones. El de mayoría del O.D. 372/26 (posterior, del 17 de septiembre de 2026, ámbito con perfil de Senado por sus firmantes), con 17 firmantes encabezados por Gonzalo Guzmán Coraita, aconseja aprobar. Frente a estos dos, el dictamen de Coletta está en las antípodas del veredicto: donde ellos aprueban, ella rechaza. Diferencia de contenido Aquí la asimetría es total y estructural. El dictamen de Coletta no tiene contenido de articulado: no propone ni un solo texto. Los dictámenes de minoría 2 y 3 comparten esa característica: tampoco proponen articulado. Por lo tanto, entre los tres dictámenes de rechazo no hay diferencia de contenido textual que cotejar, porque ninguno redacta artículos; la diferencia entre ellos es únicamente de fundamentos y de autoría. La diferencia de contenido aparece, en cambio, al comparar el dictamen de Coletta con los dos dictámenes de mayoría, que sí traen articulado y que además modifican el texto base. Como Coletta no propone texto, todo lo que las mayorías agregan o cambian respecto del texto base es, por definición, ausente en el dictamen de minoría. Dejo constancia de esos cambios de las mayorías —que Coletta no acompaña— agrupados por materia, porque son el "contenido" contra el que su rechazo se recorta: Primero, las mayorías incorporan un artículo 49 bis a la Ley 11.683 que no existe en el texto base: un régimen de reducción para MiPyMEs y personas humanas. Su letra dispone que las multas de los arts. 38, 39 y siguientes «se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25%)» para micro, pequeñas o medianas empresas en los términos del art. 2 de la Ley 24.467, o para personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. Esto aparece en el art. 2 del dictamen de mayoría del O.D. 209/26 (firma encabezada por Benegas Lynch) y en el art. 2 del dictamen de mayoría del O.D. 372/26 (firma encabezada por Guzmán Coraita). El dictamen de Coletta no lo contiene. Segundo, las mayorías incorporan un artículo 38 bis a la Ley 27.799, también ausente en el texto base, que define qué funcionarios públicos quedan alcanzados por la limitación del cuarto párrafo del art. 38 (adhesión "al solo efecto" de presentar y pagar, sin los demás beneficios). Su letra enumera cargos como «Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente», legisladores, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, Defensor del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento, tomando los cinco años anteriores a la opción. Esto figura en el art. 4 de ambos dictámenes de mayoría. Correlativamente, esas mayorías modifican el art. 38 para sumar a esos funcionarios junto a los Grandes Contribuyentes Nacionales entre quienes solo pueden adherir al efecto formal. El dictamen de Coletta no incorpora nada de esto. Tercero, las mayorías agregan un Título III de "Régimen Especial de Reducción de Multas" (arts. 17 y 18) inexistente en el texto base, que reduce «en un cincuenta por ciento (50%) el importe de las multas por infracciones formales» de los arts. 38, 39 y siguientes de la Ley 11.683 cometidas antes de la vigencia, para el mismo universo de MiPyMEs y personas humanas no Grandes Contribuyentes, con condiciones de allanamiento y renuncia a repetición. Esto está en los arts. 17 y 18 de ambos dictámenes de mayoría. El dictamen de Coletta no lo contiene. Sobre el resto del articulado, las dos mayorías reproducen —con ajustes de numeración y de redacción— el núcleo del texto base (discrepancia significativa, art. 40 y 40 bis, exclusión de incisos f) y g) del art. 18, reintegro en 45 días, procedimientos en curso, escalas del art. 15 y UVA del art. 15 bis de la Ley 25.191). El dictamen de Coletta, al rechazar, tampoco acompaña ese núcleo. Su posición no es "corregir estos artículos", sino no sancionar la ley. Diferencias que se dan juntas En el caso del dictamen de Coletta, la diferencia de posición y la de contenido se presentan combinadas frente a las mayorías: difiere en el veredicto (rechaza contra aprobar) y difiere en el contenido (no propone texto contra proponer un articulado completo con agregados propios). Frente a las otras dos minorías de rechazo, en cambio, hay coincidencia de posición (todas rechazan) y coincidencia de forma de contenido (ninguna propone articulado), quedando la diferencia acotada a los fundamentos y a la autoría partidaria. Cierre de resolución de citas pendientes Las tres leyes centrales quedaron resueltas con fuentes oficiales: la Ley 27.799 como régimen de Inocencia Fiscal y su Declaración Jurada Simplificada de Ganancias con presunción de exactitud; la Ley 11.683 como Procedimiento Fiscal (t.o. 1998), cuyo art. 18 contiene las presunciones —entre ellas el inciso f) de incrementos patrimoniales no justificados— que el proyecto desactiva a estos efectos; y la Ley 25.191 como ley de Trabajadores Rurales que crea el registro del sector y fija en su art. 15 el régimen de multas que el Título II sustituye. Otras normas mencionadas dentro de los argumentos o del articulado de contexto —la Ley 27.430 y su Régimen Penal Tributario (umbral penal del art. 1), la Ley 23.966 de Bienes Personales, la Ley 25.246 de sujetos obligados ante la UIF, la Ley 24.467 de PyMEs y la Ley 23.928 de convertibilidad (arts. 7 y 10)— aparecen citadas en el proyecto y en las mayorías, no en textos propios de este dictamen de minoría, que no redacta articulado; su desarrollo pleno corresponde a las fichas de las versiones que sí las incorporan y queda como pendiente de resolución detallada en el marco de este dictamen en particular, que no las invoca en disposiciones propias.

Análisis profundo — Dictamen de minoría 3 (Frente de Izquierda), O.D. 209/26, sobre el proyecto «Inocencia Fiscal II» (Expte. 0006-PE-2026) Qué es este dictamen y qué propone hacer Este es uno de los cuatro dictámenes que emitieron las comisiones sobre el proyecto del Poder Ejecutivo «Inocencia Fiscal II». Se trata de un dictamen de minoría de una sola firma. El firmante es Nicolás Del Caño, del PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que actúa además como miembro informante. Su consejo y su resultado son idénticos: rechazar. Es decir, este dictamen no propone un texto alternativo ni corrige el articulado: pide que el proyecto no se sancione. Textualmente, aconseja el rechazo señalando que el proyecto «constituye un blindaje total para los grandes evasores, un blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario, y un regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados». Todo lo que sigue entre comillas de la fundamentación son términos del propio firmante, no valoraciones de este análisis. Como es un dictamen sin articulado, el «cotejo de cambios» tiene una característica particular: este dictamen no introduce ni modifica ni una sola disposición del texto. Por lo tanto, todos los «cambios» que se cotejan a continuación son cambios que introdujeron OTRAS versiones (el texto base del Ejecutivo y los dos dictámenes de mayoría) y frente a los cuales este dictamen de minoría 3 se posiciona con un rechazo global. La regla de exhaustividad obliga igualmente a repasar qué está sobre la mesa, porque es eso lo que el firmante rechaza en bloque. Cómo separar posición y contenido en este caso Conviene distinguir desde el arranque dos planos que no coinciden. El plano de la POSICIÓN (el veredicto). Acá hay cuatro posiciones distintas sobre la misma iniciativa. Dos dictámenes de mayoría aconsejan aprobar: el de las comisiones de Diputados (O.D. 209/26, 40 firmas, aprobar con modificaciones) y el del Senado (O.D. 372/26, 17 firmas, aprobar). Tres dictámenes de minoría aconsejan rechazar: el de Mariela Coletta (Provincias Unidas, 1 firma), el del bloque Unión por la Patria (28 firmas, informante Carlos Castagneto) y este, el del Frente de Izquierda (1 firma, Del Caño). O sea: el de minoría 3 comparte el VEREDICTO de rechazo con los otros dos dictámenes de minoría, pero cada uno lo funda distinto. El plano del CONTENIDO (el texto). Los tres dictámenes de rechazo, incluido este, no proponen articulado. En cambio, los dos dictámenes de aprobación sí tienen texto, y ese texto difiere del proyecto original del Ejecutivo. La diferencia de contenido relevante, entonces, no está entre los dictámenes de rechazo entre sí (todos coinciden en no escribir texto), sino entre el texto base y los dos dictámenes de mayoría. Este análisis reconstruye esa diferencia de contenido porque es exactamente el conjunto de disposiciones que el Frente de Izquierda rechaza. Las tres leyes que el proyecto toca, en criollo Ley 27.799 («Inocencia Fiscal»). Es la ley que creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. Según la información oficial de ARCA, es un régimen por el cual, una vez que el contribuyente opta por la modalidad simplificada, acepta la declaración que le propone el organismo y paga en término, se consideran satisfechas sus obligaciones de Ganancias del período «tanto desde el punto de vista formal como material», con efecto liberatorio del pago. Es decir: quien entra al régimen queda, en principio, blindado frente a revisiones posteriores salvo excepciones. El proyecto «Inocencia Fiscal II» modifica varias piezas de esa ley. Ley 11.683 (Procedimiento Fiscal / Tributario). Es la ley marco que regula cómo el fisco verifica, fiscaliza, determina de oficio y sanciona. Su artículo 18 contiene las presunciones que le permiten al fisco estimar de oficio la materia imponible. Según el texto de la ley, el inciso f) refiere a los incrementos patrimoniales no justificados (que se toman como ganancias netas más un 10 % de renta consumida) y el inciso g) a otra presunción del mismo mecanismo estimativo. Estos dos incisos son clave porque el proyecto los deja fuera de juego para el régimen simplificado (ver más abajo). Ley 25.191 (Trabajo Agrario / RENATRE). Sancionada en 1999, creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) como ente autárquico de derecho público no estatal, en el que los empleadores rurales deben inscribirse obligatoriamente. Su artículo 15 fija las sanciones por no registrar o por registrar mal a los trabajadores rurales. El proyecto reescribe ese artículo 15 y agrega un 15 bis. Ley 27.430, Título IX (Régimen Penal Tributario). Es la norma que define los delitos tributarios. Su artículo 1° tipifica la evasión simple y fija el umbral de monto a partir del cual la conducta es delito. Ese umbral fue elevado por la propia Ley 27.799 a cien millones de pesos. Este monto importa porque el proyecto lo usa como vara de referencia para definir cuándo una diferencia detectada por el fisco es «significativa». Los cambios sobre la mesa que este dictamen rechaza en bloque A continuación, agrupados por la norma que tocan, los movimientos que contienen el texto base y los dos dictámenes de mayoría. El dictamen de minoría 3 no aporta texto a ninguno; su intervención es rechazar todo el conjunto. Sobre la Ley 11.683 — definición de «discrepancia significativa» (artículo sin número a continuación del 56) Qué hace en criollo: define cuándo la diferencia que encuentra el fisco es lo bastante grande como para tumbar el blindaje del régimen simplificado. Fija tres condiciones alternativas: que el ajuste supere el 15 % de lo declarado; que supere el monto del art. 1° del Régimen Penal Tributario (los cien millones); o que provenga de facturas apócrifas o cómputo indebido de ingresos directos. La letra (texto base, Art. 1): «se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: i) … un incremento del impuesto determinado o … una reducción de los quebrantos impositivos, por un porcentaje no inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente; ii) … que supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificaciones; iii) … con motivo de la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados improcedentemente». Quién lo introduce y firma: el texto base es del Poder Ejecutivo. Los dos dictámenes de mayoría reproducen esta disposición casi idéntica (O.D. 209/26 y O.D. 372/26, en sus respectivos Art. 1). La única diferencia entre versiones acá es cosmética: la mayoría de Diputados cita «la ley 27.430» sin la coletilla «y sus modificaciones» en el inciso ii), y ambas mayorías escriben el nombre de ARCA en minúsculas. Ninguna cambia el fondo. El firmante del dictamen 3 (Del Caño) no propone texto y rechaza el conjunto. Sobre la Ley 11.683 — nuevo artículo 49 bis, reducción de multas a MiPyMEs y personas humanas Qué hace en criollo: crea una rebaja automática del 25 % en ciertas multas formales para las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes. La letra (dictámenes de mayoría, Art. 2): «Régimen Reducción para MiPyMEs y personas humanas. Cuando el infractor califique como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2º de la ley 24.467 … los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %)». Quién lo introduce y firma: esta es una novedad que NO está en el texto base del Ejecutivo. La incorporan los dos dictámenes de mayoría: el de Diputados (O.D. 209/26, 40 firmas encabezadas por Bertie Benegas Lynch) y el del Senado (O.D. 372/26, 17 firmas encabezadas por Gonzalo Guzmán Coraita). Es un cambio de contenido de las mayorías respecto del proyecto original. El dictamen 3 lo rechaza junto con todo lo demás. Sobre la Ley 27.799 — artículo 38, universo de contribuyentes y tratamiento de grandes contribuyentes Qué hace en criollo: abre el régimen a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes; exige ser residente fiscal durante todo el período; y aclara que los Grandes Contribuyentes pueden usar la modalidad solo para presentar y pagar, sin acceder a los beneficios (presunciones y demás efectos). La letra (texto base, Art. 2): «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales … podrán ejercer la opción de adhesión … al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término … En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen». Diferencia de contenido entre versiones: los dos dictámenes de mayoría suman a los Grandes Contribuyentes una segunda categoría excluida de los beneficios: los funcionarios públicos. Su texto agrega «así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley» a la lista de quienes solo pueden presentar y pagar sin acceder a los beneficios. Esto está en el Art. 3 de ambos dictámenes de mayoría y no figura en el texto base. El firmante del dictamen 3 no propone texto. Sobre la Ley 27.799 — nuevo artículo 38 bis, lista de funcionarios públicos alcanzados Qué hace en criollo: define quiénes son esos «funcionarios públicos» que quedan sin beneficios: los que hayan ocupado cargos altos (secretarios de Estado o superiores, legisladores, jueces, fiscales, defensores del pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura) en los últimos cinco años. La letra (dictámenes de mayoría, Art. 4): «quedan alcanzados los funcionarios públicos que se desempeñen o hayan desempeñado, dentro de los cinco (5) años anteriores … el cargo de: a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente … b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires … c) Magistrado del Poder Judicial … f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento». Quién lo introduce y firma: novedad de las mayorías; NO está en el texto base del Ejecutivo. Aparece en el Art. 4 de ambos dictámenes de mayoría (O.D. 209/26 y O.D. 372/26). El dictamen 3 lo rechaza en bloque. Sobre la Ley 27.799 — artículo 40, incisos i), ii) y iii): discrepancia significativa y umbral mínimo Qué hace en criollo: replica dentro de la ley de Inocencia Fiscal la misma definición de discrepancia significativa (15 %, monto penal, apócrifos) y agrega un piso: si la diferencia no supera el 5 % del monto penal, no hay discrepancia significativa aunque se pase del 15 %. La letra (texto base, Art. 3): «no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia determinada … no supere un umbral mínimo equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario». Quién lo introduce y firma: el texto base del Ejecutivo, reproducido sin cambios de fondo por ambos dictámenes de mayoría (Art. 5 en cada uno). Este es uno de los mecanismos centrales que la fundamentación del dictamen 3 engloba en su idea de «blindaje total para los grandes evasores», al restringir cuándo el fisco puede reabrir. El firmante no propone texto. Sobre la Ley 27.799 — artículo 40, párrafos agregados: períodos de IVA, carga de la prueba y rectificativa Qué hace en criollo: aclara hasta qué mes de IVA llega el beneficio; pone la carga de la prueba de la discrepancia exclusivamente en cabeza del fisco, limitándolo a la información declarada y a la de sus sistemas o de terceros; y establece que si el contribuyente rectifica dentro de los 15 días hábiles y paga, esa diferencia no cuenta para configurar discrepancia. La letra (texto base, Art. 4): «La carga de la prueba para evaluar si existe o no discrepancia significativa recaerá, exclusivamente, sobre la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) … Cualquier otra consideración … no tendrá valor probatorio alguno a los efectos de impugnar el Régimen de la Declaración Jurada Simplificada». Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo, reproducido por ambos dictámenes de mayoría (Art. 6 en cada uno). El dictamen 3 lo rechaza. Su crítica de «debilitar la fiscalización» apunta a este tipo de reglas que acotan lo que el fisco puede invocar. Sobre la Ley 27.799 — nuevo artículo 40 bis: canalización por sistema financiero e inmuebles Qué hace en criollo: exige que las operaciones de los adheridos pasen por medios autorizados por el Banco Central o la CNV; da por cumplida esa exigencia respecto de los pagos en efectivo hechos al escriturar inmuebles; extiende a esos fondos el beneficio del art. 40 hasta el 31/12/2027; los trata como incorporados al patrimonio el día de la operación a los fines de Bienes Personales; y ordena a la UIF considerar la adhesión como antecedente favorable sin relajar la debida diligencia. La letra (texto base, Art. 5): «Dicha exigencia se considerará cumplida, respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles». Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo, reproducido por ambos dictámenes de mayoría (Art. 7 en cada uno). La mayoría del Senado añade solo la sigla «(BCRA)» al nombre del Banco Central; es un ajuste cosmético sin efecto sobre el fondo. Este artículo es el que la fundamentación del dictamen 3 identifica con el «blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario», por admitir efectivo en la escrituración de inmuebles bajo el paraguas del beneficio. El firmante no propone texto. Sobre la Ley 27.799 — artículo 41: exclusión de las presunciones f) y g) del art. 18 de la Ley 11.683 Qué hace en criollo: mientras corre el régimen, prohíbe usar dos presunciones fuertes de la ley de procedimiento (la de incrementos patrimoniales no justificados y la conexa) para acreditar discrepancia; y limita las demás presunciones a mero indicio que hay que corroborar. La letra (texto base, Art. 6): «no serán aplicables los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley N° 11.683 … Respecto de los restantes indicios y presunciones … estos no podrán ser utilizados como fundamento exclusivo … y solo podrán ser considerados como elementos indiciarios que deberán ser corroborados». Por qué importa la cita: según el texto de la Ley 11.683, el inciso f) del art. 18 permite presumir ganancias a partir de incrementos patrimoniales no justificados (más un 10 % de renta consumida). Sacar esa herramienta de la caja del fisco para el régimen simplificado es, precisamente, el núcleo técnico que los dictámenes de rechazo cuestionan. Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo, reproducido por ambos dictámenes de mayoría (Art. 8 en cada uno). El dictamen 3 lo rechaza en bloque. Sobre la Ley 27.799 — nuevos artículos 42 bis y 42 ter: reintegro en 45 días y procedimientos en curso Qué hace en criollo (42 bis): si la impugnación del fisco cae por decisión firme, se restablece el blindaje y el fisco debe devolver lo pagado con intereses en 45 días hábiles. Qué hace (42 ter): los procedimientos ya notificados siguen; y quien haya pagado o regularizado antes de adherir queda eximido de las multas de los arts. 45 y 46 de la Ley 11.683, salvo que estén firmes. La letra (texto base, Art. 7): «la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) deberá reintegrar el importe pagado por el contribuyente con más sus respectivos intereses … en un plazo no mayor a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles». Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo, reproducido por ambos dictámenes de mayoría (Arts. 9 y 10 en cada uno). El firmante del dictamen 3 no propone texto. Sobre la Ley 25.191 — artículo 15, nuevas escalas de multas del RENATRE Qué hace en criollo: reescribe las sanciones por no registrar o registrar mal trabajadores rurales, clasificándolas en leves, graves y muy graves, con montos en pesos, y permite subir hasta 50 % el tope de las muy graves por reincidencia. La letra (texto base, Art. 12): «a) INFRACCIONES LEVES: … multa de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) hasta PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($187.500) … c) INFRACCIONES MUY GRAVES: el que incurriere en la omisión total de la declaración del contrato de trabajo rural … de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) hasta PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000) por cada trabajador afectado». Por qué importa la cita: el art. 15 que se reemplaza pertenece a la Ley 25.191, que creó el RENATRE y su régimen sancionatorio para el trabajo rural registrado. La fundamentación del dictamen 3 alude a este bloque al hablar de «un regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados». Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo. Ambos dictámenes de mayoría reproducen las mismas escalas y los mismos montos (Art. 14 en cada uno); la diferencia entre versiones es cosmética (unificación de un punto y coma y del formato de los números). El firmante del dictamen 3 no propone texto. Sobre la Ley 25.191 — nuevo artículo 15 bis, actualización anual por UVA Qué hace en criollo: dispone que desde el 1° de enero de 2027 los montos de esas multas se ajusten cada año por la variación de la UVA, y desactiva las prohibiciones de indexar de la Ley 23.928. La letra (texto base, Art. 13): «Los montos fijos de base previstos en las escalas del artículo 15 … se ajustarán anualmente, a partir del 1º de enero de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) … no resultarán aplicables las disposiciones prohibitivas previstas en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928». Quién lo introduce y firma: texto base del Ejecutivo, reproducido por ambos dictámenes de mayoría (Art. 15 en cada uno). El dictamen 3 lo rechaza en bloque. Bloque nuevo de las mayorías — Título III, reducción del 50 % de multas formales pasadas Qué hace en criollo: rebaja a la mitad las multas formales ya aplicadas (arts. 38, 39 y siguientes de la Ley 11.683) a MiPyMEs y personas humanas no Grandes Contribuyentes, si no están firmes o no fueron pagadas, a cambio de allanarse y renunciar a reclamar. La letra (dictámenes de mayoría, Art. 17): «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 … cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley». Quién lo introduce y firma: novedad que NO está en el texto base del Ejecutivo. La agregan ambos dictámenes de mayoría (Título III completo, Arts. 17 y 18). El firmante del dictamen 3 no propone texto y rechaza el conjunto. Diferencia de posición: dónde está parado el dictamen 3 frente a los demás Frente a las dos mayorías (aprobar). La diferencia es a la vez de posición y de contenido. De posición, porque las mayorías quieren sancionar el proyecto y el dictamen 3 quiere rechazarlo. De contenido, porque las mayorías, además de aprobar, agregaron piezas al texto original (el art. 49 bis de reducción para MiPyMEs, el art. 38 bis con la lista de funcionarios, la exclusión de los funcionarios en el art. 38 y el Título III de reducción del 50 %). El dictamen 3, al no proponer articulado, no discute esas piezas en su texto: las rechaza en bloque. Frente al dictamen de minoría de Coletta (Provincias Unidas, rechazar). Coinciden en el veredicto (rechazar) y en no proponer articulado, pero difieren en el fundamento. El de Coletta apoya el rechazo en objeciones técnico-jurídicas ordenadas —entre ellas «defecto de técnica legislativa por indeterminación del alcance temporal», «vulneración de los principios de igualdad y capacidad contributiva» y «blanqueo de fondos encubierto y riesgos del control de lavado de activos (GAFI)»— y en la ausencia de reconocimiento al contribuyente cumplidor. El dictamen 3 usa un registro distinto y más frontal: habla de «blindaje total para los grandes evasores» y de favorecer «actividades ilegales como el narcotráfico». No hay diferencia de contenido articulado entre ambos, porque ninguno propone texto; la diferencia es de encuadre. Frente al dictamen de minoría de Unión por la Patria (Castagneto, rechazar). También coinciden en el veredicto (rechazar) y en no proponer articulado. La fundamentación de UxP es la más extensa y enumera objeciones como «debilitar facultades esenciales de fiscalización», «reducir potencialmente el horizonte temporal del control estatal» y «introducir riesgos innecesarios en el sistema de prevención del lavado de activos». El dictamen 3 comparte el eje del lavado y de la protección a los grandes contribuyentes, pero lo hace en tres consignas cerradas (blindaje a evasores, lavado por el mercado inmobiliario, regalo a las patronales agrarias) y suma la mención al narcotráfico, que no aparece en los otros. De nuevo: la diferencia entre estos tres dictámenes de rechazo es de fundamento y de tono, no de texto, porque los tres omiten articulado. Qué queda pendiente El dictamen de minoría 3 no aporta firmas adicionales ni texto: es de firma única (Nicolás Del Caño) y sin articulado, de modo que no hay disidencias internas ni redacciones alternativas que consignar. No hay datos faltantes en la fuente respecto de este dictamen en particular. La resolución de las normas citadas (Leyes 27.799, 11.683, 25.191 y 27.430) se apoyó en fuentes oficiales, dado que ninguna estaba resuelta en la base interna.