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ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de mayoría (O.D. 413/26) sobre el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) Qué estamos comparando El expediente 702/26 (Vischi y otros) propone crear un régimen de beneficios impositivos para que las empresas grandes que inviertan en producción accedan a dos ventajas fiscales: amortizar aceleradamente sus compras de bienes de capital y obras en Ganancias, y recuperar antes el IVA de esas inversiones. El proyecto se presenta como el "escalón grande" de un régimen que ya existe para empresas más chicas. Ese régimen previo es el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones): con la publicación del Decreto N° 242/26 quedó reglamentado el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado por la Ley N° 27.802, de Modernización Laboral, el que tendrá un plazo de dos años. El RIMI va desde USD 150 mil para las micro empresas; USD 600 mil para las pequeñas; USD 3,5 millones para las medianas tramo 1 y USD 9 millones para las medianas tramo 2. El RIIR del proyecto base arranca donde termina el RIMI: USD 12.000.000 para empresas que superan la mediana tramo 2. Sobre ese texto base hay dos dictámenes firmados el 2026-10-22: el de mayoría (22 firmas, aconseja aprobar con modificaciones) y el de minoría (1 firma, Capitanich, aconseja aprobar un proyecto alternativo). Este análisis recorre todo lo que hace el dictamen de mayoría respecto del texto base, y marca dónde la minoría se separa —tanto en el veredicto como en el texto concreto. Una aclaración de método: los artículos se renumeran entre versiones, así que acá se compara por la materia que cada disposición toca, no por el número de artículo. El dictamen de mayoría pasa de 13 a 16 artículos; la minoría llega a 21. Diferencia de posición (los veredictos) La mayoría aconseja aprobar con modificaciones el proyecto de Vischi: lo reescribe y lo conserva como base. Firman 22 senadores, 21 en adhesión plena y uno en disidencia parcial (María Victoria Huala, Frente PRO), sin que el texto del dictamen detalle en qué punto disiente —ese detalle queda pendiente en la fuente. La minoría (Capitanich, Justicialista) aconseja aprobar otro proyecto: no retoca el de mayoría sino que ofrece un texto completo distinto. Su informe sostiene cuatro reparos al dictamen de mayoría —que tiene errores de remisión, que omite la autoridad de aplicación, que suprime la incompatibilidad con otros regímenes y que otorga estabilidad fiscal de treinta años sin estimar su costo— y propone un texto que, según su relato, conserva los beneficios del original, corrige esos defectos, agrega incentivos al encadenamiento productivo nacional y limita el costo fiscal a un cupo fijado por ley. Todo lo anterior es la posición de la minoría atribuida a su informe, no un juicio propio. A continuación, el contenido, materia por materia. Creación, ámbito y objetivos del régimen En la creación del régimen la mayoría no toca nada: reproduce el artículo 1 del texto base palabra por palabra («Créase el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), aplicable en todo el territorio de la República Argentina»). La minoría sí agrega una coletilla —«con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley»— que anticipa el cupo y los límites que introduce después. En los objetivos, la mayoría conserva intactos los cinco incisos del base (incentivar inversiones, promover cadenas de valor, fortalecer competitividad, aumentar exportaciones, favorecer empleo). Es el mismo listado que trae el RIMI en la ley madre: incentivar las inversiones nacionales y extranjeras; promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor; desarrollar y fortalecer la competitividad; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; y favorecer la creación de empleo. La minoría reescribe dos incisos: habla de inversiones «que amplíen la capacidad productiva instalada del país» y agrega «el desarrollo económico regional y la integración de proveedores nacionales en las cadenas de valor». Sujetos alcanzados: un cambio de fondo introducido por la mayoría Acá aparece el primer cambio sustantivo de la mayoría. El texto base define a los beneficiarios por las inversiones productivas que realicen. La mayoría reemplaza eso por una exigencia nueva: Texto base (art. 3): «…por las inversiones productivas que realicen en el país durante los dos (2) primeros años…» Dictamen de mayoría (art. 3): «…por las inversiones en industrias o actividades productivas genuinamente nuevas en la República Argentina durante los dos (2) primeros años…» En criollo: la mayoría acota el beneficio a lo "genuinamente nuevo", pero no define qué significa. Introduce el adjetivo sin precisarlo en el articulado. Este cambio lo introduce la mayoría y se atribuye a sus 22 firmantes. La referencia de fondo detrás de "sujetos" es el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (quiénes son las empresas que tributan por ganancias de tercera categoría) y el artículo 2 de la Ley 24.467, que es la norma que fija qué es una PyME. Ese artículo 2 no pone números: encomienda a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas, con base en atributos como el personal ocupado, el valor de las ventas y el valor de los activos aplicados al proceso productivo. Es decir, el RIIR apunta a las empresas que quedan por encima del techo PyME así definido. La minoría va más lejos y cierra el hueco que la mayoría dejó abierto. En su artículo 3 saca la referencia a la mediana tramo 2 y, en el artículo 4, define expresamente qué es "nuevo": que la inversión origine una actividad que el beneficiario no desarrollaba antes, o que incremente de manera verificable la capacidad productiva instalada; y aclara que no cuentan las inversiones de mera reposición ni las ya iniciadas antes de la ley. Diferencia de contenido clara: ambas quieren limitar a lo nuevo, pero solo la minoría lo define. Concepto de inversión productiva En la definición de qué es una inversión productiva, la mayoría mantiene casi literal el texto base: bienes muebles nuevos excepto automóviles, amortizables en Ganancias, más obras, afectados a la producción; y la exclusión de activos financieros, de portfolio y bienes de cambio. Solo hace un retoque menor de redacción: donde el base decía «Sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos», la mayoría escribe «Sin perjuicio de los montos mínimos». Es un ajuste cosmético de redacción. La minoría, en cambio, agrega una definición técnica de qué se considera activo financiero: remite al apartado 4 del artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto es contenido nuevo de la minoría. Monto mínimo Las tres versiones coinciden en el piso: USD 12.000.000 para quienes superen la mediana tramo 2. La mayoría solo reordena la frase y normaliza la cita de la ley («Ley N° 24.467»); la minoría directamente simplifica el artículo quitando la mención a la categoría de empresa. Sin cambio de fondo en la cifra. Plan de inversión: artículo nuevo que incorpora la mayoría Este es uno de los agregados de peso de la mayoría. El texto base no exigía ningún plan previo: la empresa invertía y tomaba el beneficio. La mayoría crea un artículo 6 que obliga a presentar, antes de gozar del beneficio, un plan de inversión con carácter de declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación, con seis requisitos: memoria descriptiva, origen de los fondos, cronograma de ejecución, estudio de factibilidad, impacto en producción y empleo, y —el punto más sustantivo— un compromiso de compra a proveedores nacionales: Dictamen de mayoría (art. 6, inc. f): «…un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores… siempre y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.» El mismo artículo fija que la Autoridad de Aplicación evalúa en un plazo no mayor a 90 días hábiles, y que la falsedad de la información da lugar al rechazo. Todo esto lo introduce la mayoría; no estaba en el base. Se atribuye a sus 22 firmantes. La minoría también exige plan de inversión (su art. 7), con requisitos equivalentes, pero cambia el ancla del compromiso nacional: en lugar de "20% del monto destinado a proveedores", exige «un mínimo del veinte por ciento (20%) del monto total destinado a la adquisición de bienes muebles amortizables» de fabricación nacional, y agrega un compromiso de mantener la dotación de personal registrado. Diferencia de contenido: la mayoría mide el 20% sobre el pago a proveedores en general; la minoría lo mide sobre la compra de bienes de capital y suma una cláusula de empleo. Amortización acelerada en Ganancias Este es el corazón del beneficio y las tres versiones lo comparten en lo esencial: el beneficiario puede optar por amortizar más rápido sus inversiones. El esquema de cuotas es el mismo que el RIMI de la ley madre: bienes muebles amortizables en dos cuotas anuales iguales y consecutivas; obras en la cantidad de cuotas que surja de reducir la vida útil al sesenta por ciento de la estimada; equipos de riego agrícola y/o de alta eficiencia energética en una cuota. La mayoría parte en dos lo que el base tenía en un solo artículo (el viejo art. 6): deja la opción y las cuotas en su artículo 7, y manda la "amortización especial" (el coeficiente 1,6) a un artículo 8 propio. Es una reorganización. Dentro de ese reacomodamiento, la mayoría corrige una remisión interna: donde el base remitía «al artículo 186 de la presente» —número que no existe en un proyecto de 13 artículos, resabio de haber copiado el articulado del RIMI, cuyo art. 186 sí existe—, la mayoría lo reemplaza por «el artículo 11 de la presente», que es el que trata la permanencia del bien en su propio texto. Esta es una corrección de una cita rota del base, introducida por la mayoría. La minoría reordena distinto y, además, cambia el contenido del incentivo: crea un inciso para «bienes muebles amortizables de fabricación nacional» que se amortizan en una sola cuota —un premio extra a comprar nacional que ni el base ni la mayoría tienen— y saca de la lista los bienes semovientes y las mallas antigranizo como categorías con cuota propia. Diferencia de contenido relevante entre mayoría y minoría. Devolución de IVA Las tres versiones mantienen el mismo mecanismo: el IVA de las inversiones se puede pedir de vuelta anticipadamente, pasados tres períodos fiscales mensuales. Es el beneficio que en el RIMI se describe así: las empresas podrán obtener la devolución de créditos fiscales en el IVA generados en las inversiones productivas de manera anticipada, al cumplirse 3 meses de su realización. La mayoría reproduce el texto base casi sin cambios. La minoría agrega la aclaración «texto ordenado en 1997 y sus modificaciones» al citar la Ley de IVA —un ajuste de cita. Exclusiones: qué cambia la mayoría respecto del base El texto base listaba seis supuestos de exclusión (incisos a a f). La mayoría conserva los cinco primeros casi literal, pero elimina el inciso f del base, que decía: Texto base (art. 8, inc. f): «Las personas jurídicas que accedan a los beneficios previstos en el Título VII - Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley … 27.742 y/o a cualquier otro régimen de incentivos, por las mismas inversiones productivas.» Ese inciso es la cláusula que impide cobrar dos veces por la misma inversión. El base lo tenía copiado del RIMI, donde figura idéntico: las personas jurídicas que accedan a los beneficios del Título VII - RIGI de la Ley 27.742 y/o a cualquier otro régimen de incentivos, por las mismas inversiones productivas. La mayoría lo suprime: su artículo de exclusiones termina en el inciso e. Esta supresión es la que la minoría señala en su informe como "suprime la incompatibilidad con otros regímenes". La supresión se atribuye a los 22 firmantes de la mayoría. Para entender qué está en juego, el RIGI es el régimen hermano mayor: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado por la Ley 27.742 – "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones nacionales y extranjeras, con un piso muy superior: el requisito mínimo de inversión para poder aplicar al programa es que la inversión sea a partir de 200 millones de dólares. Sin el inciso suprimido, el texto de la mayoría no dice expresamente que un beneficiario del RIIR no pueda sumar además beneficios del RIGI o del RIMI por la misma inversión. La minoría no solo repone la incompatibilidad sino que la amplía (su art. 13, inc. f): excluye a quienes accedan por las mismas inversiones al RIGI del Título VII de la Ley 27.742, al RIMI del Título XXIII de la Ley 27.802, o a cualquier otro régimen de promoción nacional. Diferencia de contenido: la mayoría borra la cláusula, la minoría la repone y la extiende nombrando también al RIMI. Un detalle de coherencia interna: tanto el base como la mayoría conservan la frase final que declara la caducidad por los supuestos "mencionados en los incisos anteriores". En la mayoría, al haber borrado el inciso f, esa frase ya no alcanza al solapamiento con otros regímenes. Momento de la inversión Sin cambios de fondo en ninguna versión. Las tres consideran realizada la inversión en el ejercicio en que se verifica su puesta en marcha y afectación a ganancias gravadas, igual que el RIMI: las inversiones productivas se consideran realizadas en el ejercicio fiscal anual en el que se verifique su puesta en marcha y su afectación a la producción de ganancias gravadas. Estabilidad fiscal de 30 años: el agregado más discutido de la mayoría La mayoría incorpora un artículo 12 que no existía en el texto base: Dictamen de mayoría (art. 12): «Los beneficios previstos para las inversiones alcanzadas por este régimen gozarán de estabilidad normativa en materia tributaria sin que puedan ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria más gravosa o restrictiva… La estabilidad prevista en el presente artículo tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de promulgación de esta ley.» En criollo: la empresa que entra al régimen queda blindada contra subas de impuestos por 30 años. El plazo está calcado del RIGI, donde la estabilidad es precisamente ese: ARCA implementa beneficios impositivos y aduaneros para quienes adhieran al RIGI con estabilidad fiscal por un plazo de 30 años. La diferencia es que el RIGI exige inversiones de 200 millones de dólares hacia arriba, mientras que el RIIR con este artículo extendería ese blindaje de tres décadas a inversiones desde 12 millones. Este artículo lo introduce la mayoría; se atribuye a sus 22 firmantes. Es el punto que la minoría objeta en su informe como "estabilidad fiscal de treinta años sin estimación de costo". La minoría sustituye esa idea por una estabilidad mucho más acotada (su art. 15): los beneficios no pueden alterarse en perjuicio del beneficiario solo hasta que termine de usar las amortizaciones, las devoluciones de IVA y los créditos de su plan aprobado, y aclara que la garantía no se extiende a otros tributos ni a otras inversiones. Diferencia de contenido fuerte: la mayoría da un escudo tributario general por 30 años; la minoría da una garantía limitada a agotar los beneficios del proyecto concreto, sin plazo fijo de décadas. Caducidad de los beneficios Las tres versiones coinciden en el núcleo: si los bienes que motivaron el beneficio salen del patrimonio dentro de los dos años fiscales, caducan los beneficios, salvo reemplazo por otro bien de valor igual o mayor, destrucción por caso fortuito o fuerza mayor, o que haya transcurrido un tercio de la vida útil. Es el esquema del RIMI en la ley madre (art. 186). La mayoría conserva el texto base ajustando las remisiones internas a su nueva numeración (ahora los beneficios caducables son los de los arts. 7 y 8). La minoría agrega una causal propia de caducidad: el incumplimiento de los compromisos de proveedores nacionales y de empleo que ella misma creó. Sanciones Prácticamente idéntico en base y mayoría: revocado el beneficio por acto administrativo y previo sumario, el beneficiario devuelve al Fisco los créditos de IVA y el Ganancias ingresado de menos, más intereses, y una multa de hasta dos veces la franquicia usada, graduada por ARCA. La minoría suma una pena extra: inhabilitación para acceder a cualquier régimen de promoción nacional por cinco años. Quién aplica el régimen: una diferencia estructural Acá se ve con claridad uno de los reparos de la minoría. Ni el texto base ni el dictamen de mayoría designan una "Autoridad de Aplicación" con nombre propio: la mayoría usa la expresión "Autoridad de Aplicación" en el artículo del plan de inversión y en las exclusiones, pero nunca dice quién es, y en el artículo de reglamentación le asigna el trabajo operativo a ARCA. ARCA es el organismo recaudador, el mismo que gestiona el RIMI: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el procedimiento para que las pequeñas y medianas empresas puedan adherirse al RIMI. Esa indefinición —mencionar una autoridad que nunca se designa— es lo que la minoría describe como "omite la autoridad de aplicación". La minoría lo resuelve con un artículo expreso (su art. 6): el Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y ARCA queda a cargo de la fiscalización de los beneficios tributarios. Diferencia de contenido: la mayoría deja al intérprete adivinar quién decide; la minoría lo nombra. Lo que la minoría agrega y la mayoría no tiene Hay un bloque entero de instituciones que solo existe en la minoría, y que no tiene contraparte ni en el base ni en la mayoría. Se consignan para mostrar la distancia entre ambas versiones: Certificado de crédito fiscal por servicios a proveedores nacionales (su art. 11): un crédito de hasta el 30% del valor de servicios profesionales o técnicos contratados a proveedores nacionales, imputable contra Ganancias con topes anuales. No existe en la mayoría. Cupo fiscal anual (su art. 12): los beneficios se otorgan dentro de un tope que fija cada año la Ley de Presupuesto, previa estimación de costo del Ministerio de Economía, y agotado el cupo no se aprueban más planes. Es la herramienta con la que la minoría dice "limitar el costo fiscal del régimen". No existe en la mayoría, que no pone techo al gasto tributario. Transparencia y control parlamentario (su art. 18): publicación trimestral de beneficiarios, montos y costo fiscal, e informe anual al Congreso. No existe en la mayoría. Recursos coparticipables (su art. 19): el costo se afronta con la porción de la Nación sin tocar lo que corresponde a provincias y CABA según la Ley 23.548 (la ley de coparticipación federal de impuestos). No existe en la mayoría. Estos cuatro bloques son diferencia de contenido pura: aparecen porque la minoría propone un proyecto distinto, no porque modifiquen algo del de mayoría. Reglamentación y cierre En la mayoría, la reglamentación queda en manos de ARCA, igual que en el base. En la minoría, reglamenta el Poder Ejecutivo dentro de 90 días y ARCA dicta solo las normas tributarias. Ambas versiones cierran con la fórmula de comunicación al Poder Ejecutivo. Síntesis de los movimientos de la mayoría frente al base En cuatro puntos, lo que hace el dictamen de mayoría sobre el proyecto original: (1) acota el beneficio a inversiones "genuinamente nuevas" sin definir el término; (2) agrega un plan de inversión obligatorio con compromiso de 20% de compra a proveedores nacionales y evaluación en 90 días; (3) suprime la incompatibilidad con RIGI y otros regímenes que traía el base; (4) incorpora una estabilidad fiscal tributaria de 30 años que el base no tenía. A eso se suman correcciones de remisiones internas (el "artículo 186" roto pasa a "artículo 11") y reordenamientos de numeración al partir artículos. Frente a la minoría, la mayoría se diferencia sobre todo por no poner cupo al costo fiscal, no designar autoridad de aplicación, no reponer la incompatibilidad entre regímenes y optar por un blindaje tributario de tres décadas en lugar de una garantía limitada al agotamiento de cada plan. Pendientes de la fuente: no consta en el material el punto concreto de la disidencia parcial de la senadora Huala dentro del dictamen de mayoría; queda sin resolver.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría (Capitanich) sobre el RIIR (Expte. 702/26) Qué es este dictamen y cómo se posiciona El dictamen de minoría lleva una sola firma: Jorge Milton Capitanich [Justicialista], en adhesión plena. Su veredicto no es el de aceptar el texto base ni el de la mayoría: es un «aprobar otro proyecto». Es decir, propone sustituir íntegramente el articulado por uno nuevo de 21 artículos (el texto base tiene 13; el de mayoría, 16). Conviene separar desde el inicio las dos capas en las que este dictamen se opone a los demás. DIFERENCIA DE POSICIÓN (el veredicto). La mayoría aconseja aprobar con modificaciones el proyecto de Vischi; la minoría aconseja descartarlo y votar un texto distinto. Según el informe de la minoría, el motivo es un diagnóstico de defectos en el dictamen de mayoría: observan que el texto del dictamen de mayoría presenta errores de remisión, omite la autoridad de aplicación, suprime la incompatibilidad con otros regímenes y otorga una estabilidad fiscal de treinta años sin estimación de costo. Y describe su propia propuesta así: proponen un texto alternativo que conserva los beneficios del proyecto original, corrige esos defectos, suma incentivos al encadenamiento productivo nacional y limita el costo fiscal del régimen a un cupo fijado por ley. DIFERENCIA DE CONTENIDO (el texto). Es lo que se detalla cambio por cambio abajo. Buena parte del esqueleto del régimen (amortización acelerada, devolución de IVA, exclusiones, caducidad, sanciones) sobrevive casi igual en las tres versiones; donde la minoría se aparta es en cuatro frentes: autoridad de aplicación, novedad de la inversión, límite de costo fiscal, y encadenamiento productivo nacional. Un aviso de método: como el dictamen de minoría renumera todo, acá no se comparan artículos por número sino por la materia que cada uno toca. Nota previa sobre las normas que las tres versiones comparten Varias leyes se citan igual en el texto base, en la mayoría y en la minoría. Para que el lector entienda las cláusulas, se resuelven una sola vez: Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), art. 53: enumera a los sujetos "empresa" (sociedades, establecimientos, etc.) cuyas ganancias son de tercera categoría; es la puerta de entrada para definir quién puede ser beneficiario. Arts. 78, 87 y 88: reglas de amortización de bienes (agotamiento, bienes muebles, inmuebles). Art. 71: opción de venta y reemplazo de bienes. Art. 2, apartado 4: define los activos financieros y de portfolio. Ley 24.467 (PyME), art. 2: fija las categorías de micro, pequeña y mediana empresa; el "tramo 2" de mediana es el techo del universo PyME, de modo que "superar los límites de la mediana tramo 2" equivale a "ser gran empresa". Leyes penales y concursales citadas en las exclusiones: Ley 27.401 (responsabilidad penal de personas jurídicas por cohecho y delitos contra la administración); Leyes 19.551 y 24.522 (quiebras); Leyes 23.771 y 24.769 (regímenes penales tributarios anteriores) y Título IX de la Ley 27.430 (régimen penal tributario vigente); Ley 22.415 (Código Aduanero, su régimen penal); Ley 19.359 (régimen penal cambiario). Son las mismas inhabilitaciones en las tres versiones. Ley de IVA, artículo sin número a continuación del art. 24: es el mecanismo de devolución anticipada de créditos fiscales por inversión en bienes de capital, al que los tres textos se cuelgan para la devolución de IVA. Con eso resuelto, van los cambios. Cambio 1 — Objeto y encuadre del régimen (art. 1) En criollo: casi idéntico en las tres versiones; la minoría agrega una coletilla que subraya que el régimen tiene límites internos. La letra. Texto base y mayoría (art. 1, iguales): «Créase el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), aplicable en todo el territorio de la República Argentina.» Minoría (art. 1): «Créase el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), aplicable en todo el territorio de la República Argentina, con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.» El agregado «con los alcances y limitaciones» lo introduce la minoría (firma Capitanich) y anticipa el cupo fiscal y las condiciones que vienen después. Cambio 2 — Objetivos (art. 2) En criollo: la minoría reescribe los objetivos para orientarlos a ampliar capacidad productiva, al desarrollo regional y a la integración de proveedores nacionales, cosa que ni el base ni la mayoría mencionan. La letra. Texto base y mayoría listan cinco objetivos genéricos (incentivar inversiones nacionales/extranjeras "a fin de garantizar la prosperidad del país", promover cadenas de valor, competitividad, exportaciones y empleo). La minoría cambia dos incisos: «a) Incentivar inversiones productivas nacionales y extranjeras que amplíen la capacidad productiva instalada del país; b) Promover el desarrollo económico regional y la integración de proveedores nacionales en las cadenas de valor». El giro hacia "capacidad productiva instalada", "desarrollo regional" e "integración de proveedores nacionales" lo introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 3 — Sujetos alcanzados y qué inversión califica (art. 3 en las tres) Aquí hay tres posiciones distintas y es el nudo del cambio de fondo. En criollo: el texto base abre el beneficio a las grandes empresas por sus "inversiones productivas". La mayoría agrega que deben ser inversiones "en industrias o actividades productivas genuinamente nuevas". La minoría elimina el requisito de ser gran empresa (quita la remisión al tramo 2 de PyME en este artículo) y habla de "nuevas inversiones productivas", definiendo qué es "nuevo" recién en el artículo siguiente. La letra. Texto base (art. 3): beneficiarios son los del art. 53 de Ganancias «que superen los límites máximos establecidos para la mediana empresa tramo 2 (…) por las inversiones productivas que realicen en el país durante los dos (2) primeros años». Mayoría (art. 3): mismos sujetos que superen el tramo 2, pero «por las inversiones en industrias o actividades productivas genuinamente nuevas en la República Argentina durante los dos (2) primeros años» (la expresión "genuinamente nuevas" la introduce la mayoría). Minoría (art. 3): «Podrán ser beneficiarios del RIIR los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (…) por las nuevas inversiones productivas que realicen en el país durante los dos (2) primeros años contados a partir de la entrada en vigencia del régimen». La supresión de la referencia al tramo 2 en el artículo de sujetos la introduce la minoría (firma Capitanich); el concepto de "nuevas" lo traslada al art. 4. Cambio 4 — Qué cuenta como inversión productiva y qué es "nueva" (art. 4 en las tres) En criollo: el núcleo (bienes muebles nuevos salvo autos, obras, exclusión de activos financieros) es igual en todas. La minoría agrega una definición precisa de cuándo una inversión es "nueva" y precisa qué son "activos financieros", remitiendo a la ley. La letra. Las tres coinciden en el concepto base de inversión productiva y en que «Están expresamente excluidas del presente régimen las inversiones en activos financieros y/o de portfolio y en bienes de cambio.» Diferencias: – Texto base: incluye en este artículo la cláusula de bienes sin monto mínimo (riego, eficiencia energética, mallas antigranizo, semovientes), redactada como «Sin perjuicio de los compromisos relativos a los montos mínimos (…) serán susceptibles de promoción, independientemente del monto de la inversión involucrada». La mayoría conserva esa cláusula casi igual (quita "compromisos relativos a los"). La minoría elimina del art. 4 esa lista de bienes sin piso. – La minoría agrega la definición de novedad, que no existe en el base ni en la mayoría: «Se entenderá que la inversión es nueva cuando: (i) origine una actividad que el beneficiario no desarrollaba en el país con anterioridad a la adhesión al presente régimen; o (ii) incremente de manera verificable la capacidad productiva instalada del sujeto beneficiario», y excluye expresamente la mera reposición: «No se considerarán nuevas las inversiones de mera reposición o mantenimiento de bienes existentes, ni las inversiones comprometidas o iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.» Ambos agregados los introduce la minoría (firma Capitanich). – La minoría remite, para definir activos financieros, al «apartado 4 del artículo 2° de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones». Resolución de esa cita: ese apartado de la Ley de Ganancias enumera los resultados por enajenación de acciones, títulos, monedas digitales y demás valores que la ley trata como activos financieros; la minoría lo usa para cerrar la puerta a que se disfrace de "inversión productiva" la tenencia de esos instrumentos. Cambio 5 — Monto mínimo (art. 5 en las tres) En criollo: las tres fijan el mismo piso de doce millones de dólares. La diferencia es que base y mayoría lo atan a la condición de gran empresa; la minoría fija el piso a secas. La letra. Texto base y mayoría: el monto «deberá ser igual o superior a dólares estadounidenses doce millones (USD 12.000.000), para las empresas que superen los límites máximos establecidos para la mediana empresa tramo 2 (…) de la Ley N° 24.467». Minoría (art. 5): «Para acceder a los beneficios del RIIR, el monto de las inversiones productivas realizadas durante el período previsto en el artículo 3° deberá ser igual o superior a dólares estadounidenses doce millones (USD 12.000.000).» La eliminación de la referencia al tramo 2 también acá la introduce la minoría (firma Capitanich). En la práctica, al quitar de los arts. 3 y 5 la exigencia de "superar la mediana tramo 2", el filtro de la minoría pasa a ser el monto (12 millones) y la novedad de la inversión, no el tamaño de la empresa. Cambio 6 — Autoridad de aplicación (sólo en la minoría, art. 6) En criollo: la minoría crea un artículo que nombra expresamente quién manda. Ni el texto base ni la mayoría tienen un artículo así; en ambos, "la Autoridad de Aplicación" aparece nombrada pero nunca se dice quién es. Este es uno de los defectos que la minoría dice venir a corregir. La letra. Minoría (art. 6): «El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación del RIIR. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá a su cargo la fiscalización de los beneficios tributarios, sin perjuicio de las competencias de la autoridad de aplicación.» Artículo introducido íntegramente por la minoría (firma Capitanich). Se conecta con el informe, donde se señala que la mayoría «omite la autoridad de aplicación». Cambio 7 — Plan de inversión (art. 7 minoría; art. 6 mayoría; ausente en el texto base) En criollo: el texto base no exige presentar ningún plan previo. La mayoría crea esa exigencia. La minoría también la crea, pero suma dos compromisos que la mayoría no tiene: mantener el empleo y comprar bienes nacionales. La letra. Mayoría (art. 6) y minoría (art. 7) coinciden en pedir un plan con carácter de declaración jurada que incluya memoria descriptiva, financiamiento, cronograma, estudio de factibilidad y proyección de empleo, con evaluación en «un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles contados desde la presentación». El compromiso de proveedores nacionales está en ambos dictámenes pero con alcance distinto. Mayoría (art. 6, inc. f): «un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes y/u obras (…) equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores (…), siempre y cuando la oferta de proveedores nacionales, se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad». Minoría (art. 7, inc. g): «Compromiso de adquisición de bienes muebles amortizables de fabricación nacional (…) por un mínimo del veinte por ciento (20%) del monto total destinado a la adquisición de bienes muebles amortizables afectados al plan de inversión», excusable sólo si «el beneficiario acredite la inexistencia de oferta nacional disponible con las especificaciones técnicas que razonablemente requiera el proyecto, a criterio de la autoridad de aplicación». Además, la minoría agrega un inciso de empleo que la mayoría no tiene: «f) Compromiso de mantener, como mínimo, la dotación de personal registrado existente a la fecha de presentación, durante el plazo previsto en el artículo 16». Ambos incisos (empleo y compra nacional reforzada) los introduce la minoría. Otro matiz: la minoría condiciona la aprobación al cupo —«La aprobación será expresa y dentro del cupo previsto en el artículo 12.»—, lo que no aparece en la mayoría. Cambio 8 — Amortización acelerada en Ganancias (art. 8 minoría; arts. 7 y 8 mayoría; art. 6 base) En criollo: el beneficio central —amortizar más rápido para pagar menos Ganancias en los primeros años— existe en las tres. Lo que cambia es la lista de bienes con trato de "una sola cuota". La minoría reordena esa lista y la ata a que el bien sea de fabricación nacional. La letra. Texto base y mayoría dan una cuota a: equipos de riego y de alta eficiencia energética, bienes semovientes y mallas antigranizo. La minoría cambia el criterio: «b) Bienes muebles amortizables de fabricación nacional, conforme a los criterios de origen que establezca la reglamentación: en una (1) cuota; (…) d) Sistemas y/o equipos de riego agrícola y bienes de alta eficiencia energética: en una (1) cuota». Es decir, la minoría premia el origen nacional con amortización en una cuota (beneficio que la mayoría no da por origen), y deja fuera de la lista de "una cuota" a las mallas antigranizo y los bienes semovientes que base y mayoría sí incluían. La reorientación hacia "fabricación nacional" la introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 9 — Amortización especial con coeficiente 1,6 (art. 9 minoría; art. 8 mayoría; dentro del art. 6 base) En criollo: es un ajuste técnico que permite amortizar un 60% más rápido ciertos bienes. Es sustancialmente igual en las tres versiones; cambian sólo las remisiones internas (a qué artículo de permanencia se remite). La letra. Las tres aplican «un coeficiente de uno coma seis (1,6)» sobre el valor de agotamiento del art. 78 de Ganancias. La diferencia relevante es dónde remiten para la condición de permanencia del bien de reemplazo: el texto base remite a «el artículo 186 de la presente» (número que en un articulado de 13 artículos no existe: remisión heredada del RIMI, defecto del texto base); la mayoría remite a «el artículo 11 de la presente»; la minoría remite a «los términos del artículo 16 de la presente ley», que es su propio artículo de caducidad. La corrección de la remisión a un artículo existente y coherente es parte de lo que la minoría dice venir a resolver cuando habla de «errores de remisión» del otro texto. Cambio 10 — Devolución anticipada de IVA (art. 10 minoría; art. 9 mayoría; art. 7 base) En criollo: igual en las tres: se puede pedir la devolución del IVA de la inversión pasados tres meses. La minoría agrega la cita del texto ordenado de la ley de IVA. La letra. Las tres permiten computar los créditos «luego de transcurridos tres (3) períodos fiscales mensuales». La minoría precisa la referencia normativa: «el primer artículo sin número a continuación del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones». El agregado del "texto ordenado en 1997" es una precisión de cita que introduce la minoría; es un ajuste de forma. Cambio 11 — Certificado de crédito fiscal por servicios nacionales (sólo minoría, art. 11) En criollo: beneficio enteramente nuevo. La minoría crea un bono fiscal de hasta 30% del valor de ciertos servicios profesionales o técnicos contratados a proveedores argentinos (ingeniería, consultoría, seguridad e higiene, ambiente, puesta en marcha), que se usa para pagar Ganancias con topes anuales. No existe en el texto base ni en la mayoría. Es el corazón del "incentivo al encadenamiento productivo nacional" que anuncia el informe. La letra. Minoría (art. 11): «Los beneficiarios obtendrán un certificado de crédito fiscal (CCF), nominativo e intransferible, equivalente a un porcentaje de hasta el treinta por ciento (30%) del valor, neto del Impuesto al Valor Agregado, de los servicios profesionales y/o técnicos contratados a proveedores nacionales vinculados directamente al plan de inversión aprobado». Su uso tiene topes: «En ningún caso podrá imputarse en un ejercicio fiscal por un monto superior al diez por ciento (10%) del Impuesto a las Ganancias determinado por el beneficiario en dicho ejercicio.» Y caduca: «Vencido ese plazo, el saldo remanente caducará y no dará lugar a reintegro, devolución, transferencia a terceros ni saldo de libre disponibilidad.» Artículo introducido íntegramente por la minoría (firma Capitanich). Cambio 12 — Cupo fiscal (sólo minoría, art. 12) En criollo: la minoría le pone techo al costo del régimen. Todos los beneficios se otorgan hasta donde alcance un cupo anual fijado por el Presupuesto; agotado el cupo, no se aprueban más proyectos ese año. Ni el texto base ni la mayoría tienen límite de costo fiscal. Este es el contraste más marcado con la mayoría, que en cambio otorga estabilidad por 30 años sin estimación de costo. La letra. Minoría (art. 12): «Los beneficios del RIIR, incluidos los CCF del artículo 11, se otorgarán dentro de un cupo fiscal anual que fijará la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio, previa estimación del costo fiscal elaborada por el Ministerio de Economía. Agotado el cupo, la autoridad de aplicación no podrá aprobar nuevos planes de inversión en ese ejercicio.» Para el arranque: «Para el primer ejercicio de vigencia, el cupo será fijado por la Jefatura de Gabinete de Ministros con comunicación a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional.» Artículo introducido íntegramente por la minoría (firma Capitanich). Cambio 13 — Exclusiones (art. 13 minoría; art. 10 mayoría; art. 8 base) En criollo: la lista de quién no puede entrar (condenados, quebrados, deudores fiscales) es prácticamente igual en las tres. Hay dos diferencias de la minoría: reintroduce con detalle la incompatibilidad con otros regímenes (RIGI, RIMI) que, según la minoría, la mayoría había suprimido; y prohíbe que la autoridad "reduzca" las exclusiones. La letra. En el texto base, el inciso de incompatibilidad incluía al RIGI y a «cualquier otro régimen de incentivos» por las mismas inversiones. En el dictamen de mayoría ese inciso no aparece en la lista de exclusiones del art. 10 (lo que el informe de la minoría describe como que la mayoría «suprime la incompatibilidad con otros regímenes»). La minoría lo reincorpora y lo amplía: «f) Quienes accedan, por las mismas inversiones productivas, a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Título VII de la Ley N° 27.742, del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) del Título XXIII de la Ley N° 27.802, o de cualquier otro régimen de promoción nacional.» Resolución de esas citas: el RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del Título VII de la Ley 27.742 (Ley de Bases), un régimen de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos. El RIMI es el antecesor directo de este proyecto: el Título XXIII de la Ley N° 27.802 crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), cuyos objetivos son incentivar las medianas inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad, incrementar exportaciones y favorecer el empleo. El RIMI fija montos mínimos escalonados: USD 150 mil para microempresas, USD 600 mil para pequeñas, USD 3,5 millones para medianas tramo 1 y USD 9 millones para medianas tramo 2, y otorga amortización acelerada a dos años en Ganancias para los bienes incluidos. Es decir, la minoría prohíbe cobrar dos veces el mismo incentivo por la misma inversión, nombrando los regímenes concretos. La referencia específica a la Ley 27.802/RIMI la introduce la minoría (firma Capitanich); la mayoría no la nombra. La minoría además limita la discrecionalidad: «La autoridad de aplicación podrá ampliar, pero no reducir, los supuestos de exclusión.» En el texto base y en la mayoría, en cambio, la autoridad podía «ampliar o modificar» la exclusión (fórmula más amplia). El cerrojo "pero no reducir" lo introduce la minoría. Cambio 14 — Momento de la inversión (art. 14 minoría; art. 11 mayoría; art. 9 base) En criollo: idéntico en las tres. La inversión se tiene por hecha en el ejercicio en que arranca la producción gravada. Sin cambios de fondo. La letra (coincidente): «las inversiones productivas se consideran realizadas en el ejercicio fiscal en el que se verifique su puesta en marcha y su afectación a la producción de ganancias gravadas». Cambio 15 — Estabilidad del beneficio: el contraste más fuerte con la mayoría En criollo: acá las dos versiones chocan de frente. La mayoría regala estabilidad fiscal por 30 años. La minoría la reduce a una garantía acotada: los beneficios ya otorgados no se tocan hasta que el proyecto termine de usarlos, pero no hay blindaje por décadas ni se extiende a otros impuestos. El texto base no tenía artículo de estabilidad. La letra. Mayoría (art. 12): «Los beneficios previstos para las inversiones alcanzadas por este régimen, gozarán de estabilidad normativa en materia tributaria sin que puedan ser afectados ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria más gravosa o restrictiva (…). La estabilidad prevista en el presente artículo tendrá vigencia durante los treinta (30) años siguientes de la fecha de promulgación de esta ley.» Minoría (art. 15): «Los beneficios reconocidos por el presente régimen no podrán ser alterados en perjuicio del beneficiario hasta la total utilización de las amortizaciones, la devolución de los créditos fiscales y la imputación de los certificados de crédito fiscal correspondientes a los planes de inversión aprobados. Esta garantía no se extiende a otros tributos ni a otras inversiones del beneficiario.» Esto es a la vez diferencia de contenido (dos textos distintos) y la bisagra del veredicto de la minoría: el informe objeta precisamente que la mayoría «otorga una estabilidad fiscal de treinta años sin estimación de costo», y la versión acotada la introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 16 — Caducidad de los beneficios (art. 16 minoría; art. 13 mayoría; art. 10 base) En criollo: las tres prevén que, si el bien beneficiado sale del patrimonio dentro de dos años, se pierde el beneficio, salvo reemplazo, destrucción o paso de un tercio de la vida útil. La minoría agrega una causal nueva de caducidad: incumplir los compromisos de empleo y de compra nacional. La letra. El tronco común: caducan los beneficios si los bienes «dejaran de integrar el patrimonio del beneficiario dentro de los dos (2) años fiscales», con las excepciones de reemplazo por bien de igual o mayor valor, destrucción por caso fortuito y transcurso de un tercio de la vida útil. La minoría suma al frente: «El incumplimiento de los compromisos asumidos en los incisos f) y g) del artículo 7° producirá la caducidad de la totalidad de los beneficios previstos en los artículos 8°, 9°, 10 y 11 de la presente.» Esos incisos f) y g) son, justamente, el mantenimiento del empleo y la compra de bienes nacionales. La vinculación de la caducidad al cumplimiento de esos compromisos la introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 17 — Sanciones (art. 17 minoría; art. 14 mayoría; art. 11 base) En criollo: el régimen sancionatorio (restituir lo usufructuado más intereses y una multa de hasta dos veces la franquicia) es igual en las tres. La minoría agrega una inhabilitación por cinco años. La letra. Las tres prevén la restitución y «una multa de hasta dos (2) veces el monto de la franquicia usufructuada, graduada por ARCA». La minoría suma los montos imputados por CCF entre lo que hay que devolver y añade: «Los sujetos sancionados quedarán inhabilitados para acceder a cualquier régimen de promoción nacional por el plazo de cinco (5) años.» La inhabilitación la introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 18 — Transparencia y control parlamentario (sólo minoría, art. 18) En criollo: artículo nuevo. La minoría obliga a publicar trimestralmente quiénes son los beneficiarios, cuánto se aprobó, dónde, qué bonos se emitieron y cuánto costó, y a informar al Congreso cada año. No hay nada equivalente en el texto base ni en la mayoría. La letra. Minoría (art. 18): «La autoridad de aplicación publicará en su sitio web oficial, con actualización trimestral, la nómina de beneficiarios del presente régimen, el monto de cada plan aprobado, su localización, los certificados de crédito fiscal emitidos y el costo fiscal estimado y efectivo.» Artículo introducido íntegramente por la minoría (firma Capitanich). Cambio 19 — Recursos coparticipables (sólo minoría, art. 19) En criollo: artículo nuevo. La minoría dispone que el costo del régimen lo absorba la Nación con su parte, sin descontar lo que les toca a las provincias y a la Ciudad. No hay cláusula similar en el texto base ni en la mayoría. La letra. Minoría (art. 19): «El costo fiscal derivado del presente régimen será atendido con cargo a la porción de recursos que corresponde a la Nación, sin afectar los montos que correspondan a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la Ley N° 23.548 y sus modificatorias.» Resolución de la cita: la Ley 23.548 es el régimen de coparticipación federal de impuestos. Establece a partir del 1 de enero de 1988 el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias, cuya masa a distribuir se integra con el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con ciertas excepciones, y se reparte en forma automática: 42,34% a la Nación, 54,66% al conjunto de provincias, 2% para recupero de nivel relativo de algunas provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Como Ganancias e IVA son impuestos coparticipables, cualquier beneficio que los reduzca merma también la masa que va a las provincias; por eso la minoría aclara que la rebaja la soporta sólo la Nación. Esta protección de la coparticipación la introduce la minoría (firma Capitanich). Cambio 20 — Reglamentación (art. 20 minoría; art. 15 mayoría; art. 12 base) En criollo: las tres encargan a ARCA las normas operativas. La minoría agrega que el Poder Ejecutivo debe reglamentar en 90 días y mantiene a ARCA para lo tributario. La letra. Texto base y mayoría: ARCA «dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias». Minoría (art. 20): «El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación. ARCA dictará las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para su aplicación en materia tributaria.» El plazo de 90 días y el reparto PEN/ARCA lo introduce la minoría (firma Capitanich). Nota sobre ARCA: las tres versiones mencionan a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como el organismo recaudador descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía; es la entidad que sustituyó a la AFIP y la que, en la minoría, queda a cargo de la fiscalización tributaria mientras Economía queda como autoridad de aplicación general. Cambio 21 — Comunicación al Poder Ejecutivo (art. 21 minoría; art. 16 mayoría; art. 13 base) En criollo: fórmula de cierre idéntica en las tres. Sin cambios. Síntesis de la pulseada minoría vs. mayoría Agrupando, lo que la minoría de Capitanich hace distinto respecto de la mayoría (y del texto base de Vischi) se concentra en cinco movimientos de fondo: define y nombra la autoridad de aplicación (Economía + ARCA); define qué es una inversión "nueva" y excluye la mera reposición; agrega un bono fiscal del 30% por servicios nacionales y un piso reforzado de compra nacional atados a la caducidad; sujeta todo el régimen a un cupo fiscal anual fijado por ley con estimación previa de costo; y cambia la estabilidad de 30 años de la mayoría por una garantía acotada a los proyectos ya aprobados, sumando además transparencia trimestral, protección de la coparticipación e inhabilitación de cinco años a los sancionados. El resto del articulado —amortización acelerada, coeficiente 1,6, devolución de IVA, exclusiones penales, momento de la inversión, sanciones básicas— es sustancialmente común a las tres versiones, con diferencias de remisión y de cita que la minoría ordena. Cuestión pendiente: el expediente no aporta las firmas más allá de la única de Capitanich en este dictamen, ni una estimación numérica del costo fiscal del régimen; la propia minoría reprocha esa falta de estimación a la mayoría, pero su texto remite el cálculo a una elaboración futura del Ministerio de Economía y al cupo del Presupuesto, sin fijar una cifra en la ley.