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ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de mayoría (O.D. 366/26), expediente S-808/26: Marco regulatorio del mercado voluntario de carbono Qué es este dictamen y qué resuelve El dictamen de mayoría de la Comisión aconseja aprobar, pero no aprueba el texto que la senadora Royón presentó. Lo reemplaza por completo: el consejo es «aprobar» con el resultado «aprobar_otro_proyecto». En la práctica, el proyecto original —33 artículos, doce capítulos— queda sustituido por un articulado nuevo de 29 artículos y once capítulos. No se trata de enmiendas puntuales sobre el texto base, sino de una reescritura integral de todo el régimen. Por eso, este análisis compara materia por materia (qué norma, qué institución o qué mecanismo toca cada disposición), no artículo contra artículo del mismo número, porque la renumeración es total. El dictamen lleva veinticuatro firmas. Veintiuna son de apoyo pleno (bloques de La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, Frente PRO, Provincias Unidas, Primero los Salteños, Despierta Chubut). Hay cinco firmas con disidencia parcial (Kroneberger, Rojas Decut, Vischi, Schneider —UCR y Movimiento Por Misiones). La única disidencia con fundamento expreso es la de Sonia Rojas Decut, que objeta dos puntos concretos: la definición de titular del proyecto (art. 3, inc. l) y los requisitos de los programas jurisdiccionales (art. 6). Sostiene, según su firma, que la exigencia de consentimiento informado por escrito de cada propietario de bosque nativo como condición para implementar programas jurisdiccionales desvirtúa las autonomías provinciales, carece de sustento técnico y normativo, contradice los estándares internacionales (menciona Verra JNR y ART TREES) y torna inviable el desarrollo de programas jurisdiccionales de REDD+ por las provincias. Las demás disidencias (Kroneberger, Vischi, Schneider) figuran como parciales pero sin fundamento consignado en la fuente; su alcance concreto queda pendiente. Primera gran diferencia de fondo: a quién pertenece el crédito y cómo nace Esta es la divergencia estructural entre las dos versiones. En el texto base, el crédito de carbono se define como una unidad de medida. El art. 4 inc. iii dice: «Unidad de medida equivalente a una (1) tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (CO2e) que ha sido evitada, reducida o removida de la atmósfera». El proyecto original no le asigna naturaleza jurídica propia como bien; lo trata como una métrica. Y resuelve la titularidad por vía del dominio de los recursos naturales: el art. 17 base, invocando el art. 124 de la Constitución, dice que los créditos «pertenecen a los titulares de la tierra o a quienes estos cedan sus derechos, bajo la jurisdicción de las provincias». El dictamen de mayoría introduce una construcción jurídica distinta. Primero redefine qué es el crédito, atándolo a un estándar de certificación: es «instrumento emitido por un estándar de certificación de carbono que acredita una unidad de medida equivalente a una (1) tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (tCO2e)… respecto de una línea de base… conforme a metodologías, sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de un Estándar de Certificación reconocido» (art. 3 inc. c). Segundo, le da naturaleza jurídica expresa en un capítulo propio (Capítulo III, inexistente en el texto base): el crédito «es un bien inmaterial de carácter patrimonial, fruto del proyecto que lo genera, con individualidad jurídica y económica propia, diferenciada del inmueble, del recurso natural y de la actividad de los que deriva» (art. 4 del dictamen). Es decir, el crédito se separa jurídicamente del inmueble y del recurso natural. Tercero, desdobla la titularidad en dos planos. La titularidad registral (quien figura en el registro del estándar) y la propiedad económica (quien tiene el derecho real sobre la tierra o recibió cesión). El art. 5 del dictamen dice: «La titularidad registral no implica propiedad económica de los Créditos de Carbono, la cual se regirá en base a los acuerdos y contratos de cesión con los titulares del derecho real sobre los bienes muebles o inmuebles afectados al proyecto». Esta figura —bien inmaterial patrimonial, titularidad registral separada de la propiedad económica— es una creación del dictamen de mayoría; el texto base no la contiene. La atribución es al conjunto de los 21 firmantes plenos; no hay firma individual que se arrogue su autoría. El art. 124 de la Constitución, que el texto base invocaba expresamente para anclar la titularidad en las provincias, desaparece como cita directa en el dictamen de mayoría. En su lugar, el federalismo se canaliza por los programas jurisdiccionales (ver más abajo). Es un cambio de fondo: la mayoría no niega el dominio provincial, pero deja de resolver la titularidad por dominio del recurso y pasa a resolverla por contratos de cesión y registro ante estándares. Programas jurisdiccionales: la materia que concentra la disidencia El texto base no regula programas jurisdiccionales. El dictamen de mayoría crea la figura en su art. 6 (Capítulo III). Permite que las provincias y la Ciudad desarrollen programas de mitigación —menciona «REDD+, agricultura y uso de la tierra, gestión de residuos y energía»— de adhesión voluntaria. La titularidad de los resultados a escala jurisdiccional corresponde a la jurisdicción que lo implementa, «previa deducción de los correspondientes a proyectos anidados inscriptos en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe)». Para entender la cita: REDD+ es el mecanismo internacional, reconocido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Un «programa jurisdiccional» de REDD+ es el que corre una provincia a escala de todo su territorio, dentro del cual se «anidan» proyectos individuales de particulares. Verra JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) y ART TREES, que menciona la disidencia, son los dos estándares internacionales que certifican este tipo de programas a escala jurisdiccional. El art. 6 enumera garantías que el programa debe asegurar a los titulares de la propiedad: consentimiento informado como condición para incorporarse, derecho a excluirse «mediante un mecanismo directo, simple y gratuito, que no requiera autorización, conformidad, requisito ni condición previa por parte de la provincia», derecho a desarrollar proyectos individuales que se aniden y se deduzcan, derecho a percibir los beneficios según el esquema de distribución, y transparencia con acceso público a presentaciones, acuerdos y contratos. El artículo agrega que «Estas garantías no podrán ser suprimidas, condicionadas ni gravadas por el programa». Aquí se da a la vez una diferencia de contenido y una diferencia de posición dentro del mismo dictamen. El contenido —la exigencia de consentimiento informado de cada propietario y el derecho de exclusión— lo introduce la mayoría. La posición disidente es la de Rojas Decut, que firma el dictamen pero objeta precisamente este artículo y la definición de titular del art. 3 inc. l, por entender que esa exigencia de consentimiento por escrito de cada propietario de bosque nativo vuelve inviables los programas provinciales de REDD+ y contradice a Verra JNR y ART TREES. El resto de los firmantes plenos sostiene el texto tal como está redactado. El registro ReNaRe: de autorización obligatoria a inscripción declarativa Ambas versiones crean el ReNaRe (Registro Nacional de Reducción de Emisiones), pero con naturaleza opuesta. En el texto base, el ReNaRe es una «plataforma digital obligatoria donde deberán inscribirse todos los proyectos que pretendan emitir, transaccionar o retirar créditos» (art. 3 base). La inscripción es condición previa ineludible. El dictamen de mayoría lo convierte en registro declarativo y no habilitante. El art. 9 del dictamen lo crea como «plataforma digital, pública y gratuita» y aclara: «La inscripción tendrá carácter declarativo y de trazabilidad y no constituirá autorización administrativa previa para la comercialización de créditos en el mercado nacional e internacional, sin perjuicio de lo normado en el Capítulo IX». El cambio es de fondo: la inscripción deja de ser un permiso previo para comercializar y pasa a ser una anotación de trazabilidad. La reglamentación debe seguir «criterios de celeridad y simplificación administrativa». Otra diferencia en esta materia: el texto base exigía que los proyectos del ReNaRe estuvieran previamente registrados en el ReNaMi (art. 3 base, segundo párrafo). El ReNaMi es el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación, creado por la Resolución 363/2021 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de carácter voluntario, destinado a registrar y sistematizar proyectos que reduzcan emisiones o aumenten capturas de gases de efecto invernadero en el territorio nacional, y que sirve para reportar el uso de mercados de carbono ante la Convención. El dictamen de mayoría elimina esa exigencia de registro previo en el ReNaMi; no la menciona. La articulación con ese registro preexistente, que el texto base buscaba, desaparece. Interoperabilidad de registros provinciales: materia conservada, con matices El texto base (art. 18) y el dictamen (art. 10) coinciden en permitir registros provinciales interoperables con el ReNaRe mediante protocolos que impidan el doble conteo. El dictamen agrega detalle: exige comunicar a la autoridad nacional el organismo competente de cada jurisdicción y suma un párrafo orientado a «evitar duplicaciones registrales, requerimientos reiterados de información y cargas administrativas innecesarias», habilitando convenios de cooperación e intercambio. El texto base también traía (art. 19) una cláusula de asistencia técnica nacional a las provincias para un estándar de medición uniforme; el dictamen de mayoría no reproduce esa cláusula de estándar uniforme. En su lugar, la uniformidad queda librada a los estándares de certificación adoptados. Autoridad de aplicación: de organismo nombrado a organismo a designar El texto base designa directamente a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes como autoridad rectora (art. 2 base), y menciona esa Secretaría también al crear el ReNaRe (art. 3 base). El dictamen de mayoría no nombra organismo: «Será autoridad de aplicación de la presente ley la que determine el Poder Ejecutivo Nacional» (art. 7). Es un cambio de fondo porque traslada al Ejecutivo la decisión institucional que el texto base ya había tomado. Además, el dictamen agrega un catálogo detallado de funciones (art. 8) que el texto base no tenía como artículo propio. Entre ellas, actuar como «autoridad nacional designada y punto focal de la República Argentina a los efectos del artículo 6° del Acuerdo de París», emitir y revocar autorizaciones, y llevar «la tabla de correspondencia entre las unidades autorizadas, transferidas, utilizadas y ajustadas» reflejándolas «en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y en el Informe Bienal de Transparencia (BTR)». El artículo 6 del Acuerdo de París es el que regula los mecanismos de cooperación entre países para transferir resultados de mitigación; es el eje de todo el régimen de ajustes correspondientes. El texto base ya operaba sobre ese art. 6, pero no designaba formalmente al punto focal nacional; el dictamen lo formaliza. Definiciones: ampliación y reanclaje técnico El texto base define ocho conceptos (art. 4): adicionalidad, ajuste correspondiente, crédito de carbono, CO2e, dispositivos IoT, LiDAR, MRV y permanencia. El dictamen de mayoría define doce (art. 3) y cambia el enfoque. Suma conceptos nuevos que el texto base no tenía: estándar de certificación de carbono, instrumento financiero ambiental, línea de base, reducción de emisiones, remoción, y titular del proyecto. En paralelo, elimina de las definiciones los dispositivos IoT y LiDAR, que el texto base definía con precisión técnica. Esto se conecta con otro cambio: el texto base promovía expresamente el uso de tecnologías de alta precisión y las convertía en objeto de incentivo fiscal; el dictamen abandona esa línea tecnológica como categoría normativa (ver incentivos). El reanclaje conceptual más significativo es que casi todas las definiciones del dictamen remiten al «Estándar de Certificación» y a la «línea de base». La adicionalidad, por ejemplo, ya no se mide solo contra la normativa vigente como en el texto base, sino contra una línea de base: «las reducciones o remociones de GEI no se hubieran generado en ausencia de dicha actividad o proyecto y son superiores a las que ocurrirían en la línea de base» (art. 3 inc. a del dictamen). El sistema de la mayoría descansa sobre estándares de certificación privados o públicos reconocidos, no sobre reglas técnicas que define la autoridad nacional. La definición de titular del proyecto (art. 3 inc. l) es la otra que objeta la disidencia de Rojas Decut. Dice que es la persona «que figure como responsable del proyecto de carbono ante el Estándar de Certificación de Carbono correspondiente y que cuente con legitimación jurídica suficiente para su desarrollo… ya sea en su carácter de titular del derecho real… o mediante el consentimiento previo, autorización, concesión o cesión de derechos otorgada por los respectivos titulares, instrumentada a través del correspondiente vínculo contractual». MRV, monitoreo, verificación y sanciones: simplificación y supresión del régimen punitivo El texto base dedica seis artículos al sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (arts. 6 a 11): obligatoriedad del ciclo, plan de monitoreo con tecnologías de alta precisión, informe de monitoreo anual cargado al ReNaRe, dictamen de verificación por entidad acreditada ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o estándares internacionales, auditoría, e infracciones. El dictamen de mayoría concentra toda la materia de salvaguardas y MRV en un único artículo (art. 11). Mantiene los pilares de integridad —reducción real, medible y verificable; adicionalidad; permanencia; cumplimiento de salvaguardas; no doble contabilización; proceso cíclico y auditable de MRV; plan de monitoreo— pero ata todo al estándar de certificación: «El proceso será el establecido por el Estándar de Certificación de carbono adoptado». Desaparecen como artículos autónomos la referencia a tecnologías de alta precisión (satélites, LiDAR, IoT, drones) y la mención expresa al OAA. El cambio más relevante en esta materia es por supresión: el dictamen de mayoría elimina el régimen sancionatorio del texto base. El art. 11 base establecía que «El incumplimiento en el reporte o la falsificación de datos en el ReNaRe será sancionado con multas equivalentes al triple del valor de mercado de los créditos transaccionados y la inhabilitación permanente del proponente». El dictamen no contiene ninguna disposición equivalente de multas ni inhabilitación. Queda pendiente en el dictamen qué régimen de infracciones y sanciones aplicaría; no hay texto que lo reemplace. Incentivos fiscales: cambio total de arquitectura Esta es la materia donde las dos versiones difieren más en el detalle. El texto base tenía cinco artículos de incentivos (arts. 12 a 16); el dictamen tiene tres de tratamiento fiscal (arts. 12 a 14) con contenido distinto. El texto base ofrecía: Exención del Impuesto a las Ganancias por cinco años sobre la primera venta de créditos, salvo que el proyecto estuviera bajo el RIGI (art. 12 base). El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por el Título VII de la Ley 27.742 (Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), que otorga incentivos tributarios, cambiarios y estabilidad a grandes inversiones en sectores como energía, minería y forestoindustria, con un piso de inversión elevado. El dictamen de mayoría elimina esta exención de Ganancias por primera venta. Encuadre de los proyectos como inversiones productivas en el marco del art. 180 de la Ley 27.802 y del Régimen de Incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (RIMI) (art. 13 base). El dictamen elimina esta remisión. Amortización acelerada en tres años para inversiones en tecnología de monitoreo —sensores IoT, LiDAR, drones— e infraestructura inicial (art. 14 base). El dictamen elimina la amortización acelerada. Estabilidad fiscal por quince años desde la aprobación, impidiendo el aumento de la carga tributaria nacional total (art. 15 base). Tratamiento en IVA: exportación de servicios al 0% cuando el comprador es del exterior, y bien exento en transacciones internas (art. 16 base). El dictamen de mayoría reemplaza todo este bloque por un esquema más acotado: Exención de derechos de exportación para las transferencias internacionales de créditos, con alícuota fijada «en cero por ciento (0%)» (art. 12). Es un beneficio que el texto base no contemplaba de forma expresa como derecho de exportación. Tratamiento de exportación para las transferencias internacionales por residentes a adquirentes del exterior, remitiendo «al tratamiento previsto para las exportaciones en el artículo 8°, inciso d) de la Ley N° 23.349 (t.o. 1997)» (art. 13). La Ley 23.349 es la Ley de Impuesto al Valor Agregado; su art. 8 inc. d exime del IVA a las exportaciones y habilita el reintegro del crédito fiscal asociado. El efecto es asimilar la venta de créditos al exterior al régimen de exportaciones del IVA. El texto base buscaba un efecto parecido (0% al comprador del exterior), pero lo redactaba como «exportación de servicios» sin citar la norma; el dictamen lo ancla en el artículo concreto de la ley del IVA. Estabilidad fiscal, pero por diez años desde la registración, no quince desde la aprobación (art. 14). Además, precisa el alcance: «alcanzará a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios registrados». Hay aquí diferencia de contenido: se reduce el plazo de quince a diez años y se cambia el hecho que lo dispara (de aprobación a registración). Toda esta reescritura de los incentivos es obra del conjunto de firmantes plenos; no hay autoría individual atribuida en la fuente. Clasificación de unidades: de CM/URMT a AM/URMT El texto base clasifica los créditos en Contribución de Mitigación (CM) y Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles (URMT) (art. 20 base). El dictamen de mayoría mantiene dos categorías pero renombra la primera: Aporte de Mitigación (AM) y URMT (art. 15). No es solo cambio de nombre. El dictamen amplía el alcance de las URMT para incluir, además del art. 6 del Acuerdo de París, «el esquema CORSIA de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) u otros mecanismos internacionales que requieran autorización y ajuste correspondiente». CORSIA es el esquema de compensación de emisiones de la aviación civil internacional; el texto base no lo mencionaba. La definición de AM también incorpora expresamente la referencia a «reducciones de emisiones no ajustadas del Artículo 6.4 del Acuerdo de París», que es el mecanismo centralizado de mercado bajo ese artículo. El procedimiento de conversión de AM/CM a URMT cambia sustancialmente. El texto base (art. 21) exigía tres condiciones: cupo disponible en la Reserva Estratégica Nacional, estándares de alta integridad y salvaguardas sociales, y cumplimiento del Aporte para la Adaptación Climática del art. 31 base. El dictamen de mayoría reduce la conversión a una sola condición: obtener la autorización del Capítulo IX (art. 16). Elimina el requisito de cupo de reserva y el aporte de adaptación como condiciones de conversión (ver más abajo sobre la supresión de todo el Capítulo X base). La regla de etiquetado y trazabilidad se conserva en lo esencial: una vez que una unidad es etiquetada como URMT y transferida, queda inhabilitada para contarse como esfuerzo de reducción argentino (art. 22 base y art. 17 del dictamen, con redacción casi idéntica). El dictamen agrega un artículo sin equivalente en el texto base: la libre comercialización (art. 18), que permite comercializar créditos «en mercados nacionales o internacionales sin autorización previa de la Autoridad de Aplicación», siempre que no se usen para la NDC de otro Estado ni caigan en un mecanismo que requiera ajuste correspondiente. Es coherente con la lógica declarativa del ReNaRe de la mayoría. Ajustes correspondientes y transferencia internacional: materia conservada con un agregado clave Ambas versiones regulan la autorización de transferencias internacionales y el mecanismo de ajuste correspondiente (arts. 23 a 25 base; arts. 19 a 22 del dictamen). El núcleo se conserva: se necesita autorización para transferir al exterior, y al hacerlo el Estado ajusta su inventario para que la reducción se cuente en el país comprador y no en Argentina. El dictamen agrega un párrafo relevante en el art. 20: «La falta de incorporación de una actividad, categoría o fuente en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero no constituirá por sí sola, impedimento para el otorgamiento de la autorización de transferencia internacional, siempre que el resultado de mitigación pueda ser cuantificable, monitoreable, reportable y verificable». Esto no está en el texto base: facilita autorizar transferencias aun cuando la actividad no figure todavía en el inventario nacional. El dictamen también incorpora una cláusula de compatibilidad con la NDC (art. 22): la autorización que implique ajuste «deberá ser compatible con el cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional». Es una salvaguarda de contabilidad climática que reemplaza, de forma mucho más breve, al andamiaje de reserva y cupos del texto base. Lo que el dictamen de mayoría suprime por completo Hay tres bloques enteros del texto base que el dictamen de mayoría elimina sin reemplazo equivalente. Se agrupan aquí porque comparten el mismo movimiento: desaparición total. Toda la Reserva Estratégica Nacional de Carbono y su maquinaria (Capítulo X base, arts. 26 a 30). Esto incluye: la creación de la reserva como volumen que el país retiene para cumplir sus NDC (art. 26 base), encomendada al Gabinete Nacional de Cambio Climático presidido por el Jefe de Gabinete, en el marco de la Ley 27.520. La Ley 27.520 es la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que establece los presupuestos mínimos ambientales en los términos del art. 41 de la Constitución y crea precisamente ese Gabinete Nacional de Cambio Climático. También desaparecen los cupos de exportación anuales fijados antes del 31 de marzo según la brecha entre emisiones proyectadas y metas, con posible suspensión de nuevos ajustes si el país va camino a incumplir (art. 27 base); los criterios de prioridad de asignación de cupos —remoción con biodiversidad nativa, impacto social, antigüedad— (art. 28 base); la excepción por inversión estratégica para proyectos de captura, uso y almacenamiento de carbono CCS/CCUS de interés nacional (art. 29 base); y el Aporte para la Adaptación Climática del 2% del valor de cada transferencia internacional, destinado a obras contra inundaciones, incendios y sequías en las provincias más vulnerables (art. 30 base). El dictamen de mayoría no contiene ninguna de estas figuras. El cupo, la reserva, el aporte del 2% y los criterios de prioridad quedan eliminados; en el dictamen, la compatibilidad con la NDC se asegura solo por la cláusula genérica del art. 22. El mercado regulado de carbono tipo cap & trade (Capítulo XII base, art. 32). El texto base encomendaba al Poder Ejecutivo instrumentar de forma progresiva la asignación de derechos de emisión por sector, empezando por los más difíciles de abatir, con facultad para definir características, vigencia y condiciones de transacción. El dictamen de mayoría suprime este capítulo. No hay en el dictamen mandato de crear un mercado regulado de derechos de emisión; todo el régimen queda circunscripto al mercado de créditos de proyectos. El régimen de infracciones y sanciones (art. 11 base), ya comentado, que también desaparece sin reemplazo. Lo que el dictamen de mayoría agrega y el texto base no tenía Simétricamente, el dictamen incorpora un capítulo entero ausente en el texto base: el Régimen de Oferta Pública y Mercado de Capitales (Capítulo X del dictamen, arts. 23 a 26). Permite usar créditos de carbono como «activos subyacentes, fuente de repago o garantía de instrumentos financieros» (art. 23); atribuye competencia a la Comisión Nacional de Valores cuando esos instrumentos estén en oferta pública, «conforme a la Ley N° 26.831» (art. 24); habilita emitir obligaciones negociables, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión y derivados vinculados a créditos (art. 25); y prevé custodia, depósito colectivo y representación digital, con interoperabilidad entre el ReNaRe y los sistemas de la Ley 26.831 (art. 26). La Ley 26.831 es la Ley de Mercado de Capitales, que tiene por objeto el desarrollo del mercado de capitales y pone a la Comisión Nacional de Valores como autoridad de aplicación y contralor de la oferta pública de valores negociables. Todo este capítulo financiero es una creación de la mayoría; conecta con la definición nueva de «instrumento financiero ambiental» del art. 3 inc. f. Disposiciones de cierre: diferencias menores de forma y plazos El texto base cierra con el financiamiento presupuestario (art. 31 base: la Administración Pública incorpora el crédito necesario cada año) y la fórmula de comunicación al Ejecutivo (art. 33 base). El dictamen de mayoría no reproduce el artículo de presupuesto; en su lugar cierra con disposiciones complementarias: reglamentación en noventa días (art. 27), entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial (art. 28) y comunicación al Ejecutivo (art. 29). El texto base no fijaba plazo de reglamentación ni cláusula de vigencia; el dictamen los agrega. Estos son cambios de forma y de técnica legislativa, salvo el plazo de reglamentación de noventa días, que es una obligación nueva de fondo para el Ejecutivo. Síntesis de las diferencias, separando posición y contenido Diferencia de posición (veredicto): el dictamen aconseja aprobar, pero mediante un texto sustituto completo —resultado «aprobar_otro_proyecto»—, no el texto de Royón. Dentro del propio dictamen, 21 firmas plenas sostienen todo el articulado; 5 firman con disidencia parcial, y la única fundada (Rojas Decut) rechaza los arts. 3 inc. l y 6. El alcance de las disidencias de Kroneberger, Vischi y Schneider queda pendiente por falta de fundamento en la fuente. Diferencia de contenido (texto): la mayoría redefine el crédito como bien inmaterial patrimonial separado del recurso natural; desdobla titularidad registral y propiedad económica; crea los programas jurisdiccionales con garantías de consentimiento y exclusión; convierte el ReNaRe de registro habilitante obligatorio en registro declarativo de trazabilidad; elimina la exigencia de registro previo en el ReNaMi; deja la autoridad de aplicación a designar por el Ejecutivo; reancla las definiciones en estándares de certificación y líneas de base; concentra el MRV en un artículo; suprime el régimen sancionatorio; reemplaza los incentivos de Ganancias, amortización acelerada y RIMI por exención de derechos de exportación y tratamiento de exportación en IVA, y reduce la estabilidad fiscal de quince a diez años; renombra CM como AM e incorpora CORSIA y el art. 6.4 del Acuerdo de París; elimina toda la Reserva Estratégica, los cupos, el aporte de adaptación del 2% y el cap & trade; y agrega un capítulo nuevo de mercado de capitales bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores. En varios puntos —régimen de infracciones, estándar de medición uniforme, financiamiento presupuestario— lo que el texto base tenía queda pendiente de reemplazo en el dictamen.